La Policía denuncia que el PNV pretende poner graves limitaciones a su actuación

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha vuelto a poner en marcha la campaña para desactivar la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, a través de una proposición de ley que ha presentado en el Congreso de los Diputados.

“Apostar por una norma garantista no exige, como el PNV y los partidos que le apoyarán, amputarla hasta dejarla en papel mojado sino reforzar, en su caso, los mecanismos de control. Con esta iniciativa se dificulta el trabajo policial, se perjudica al ciudadano y se abre la puerta a que la política se inmiscuya en una parcela que nada tiene que ver con ella sino con la convivencia y el respeto a los derechos de todos”.

Según la Confederación Española de Policía (CEP), “los nacionalistas vascos han incluido tal cantidad de recortes y modificaciones que su objetivo no puede ser otro que desnaturalizar y dejar sin efecto esa norma, además de complicar y perjudicar el trabajo de los policías nacionales”.

Entre otras cosas, afecta al uso de datos personales o profesionales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les puedan poner en riesgo”.

La CEP destaca, asimismo, que la propuesta nacionalista “supone abrir la puerta de la impunidad con la eliminación de sanciones para:

- La perturbación grave de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, Senado o Asambleas de las CCAA.

- Causar desórdenes en vías, espacios o establecimientos públicos u obstaculizar la vía

pública con mobiliario, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos.

- El uso público indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales o elementos de

equipación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que induzcan al engaño.

- El traslado de personas en vehículos para el acceso a drogas (las famosas ‘cundas’).

- Actos de plantación y cultivo de drogas en lugares visibles al público.

- Daños o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público y de bien

de los privados en la vía pública.

Asimismo, pretenden extender la posibilidad de eliminar la multa por tenencia o consumo de droga si el afectado se somete a tratamiento (esta opción sólo era viable hasta ahora para menores de edad), el aumento de la burocracia al tener en cuenta la situación económica de los sancionados y permitir fraccionamientos e incluso congelación de los pagos de multas, el abrir la puerta a la Administraciones autonómicas y locales para el acceso a bases de datos del Padrón Municipal, Tesorería de la Seguridad Social y Agencia Tributaria; eliminar la responsabilidad civil compartida entre los convocantes de un acto por los daños producidos o la de los padres cuando son sus hijos menores de edad quienes los cometen o retirar como hecho sancionable la incitación a la comisión de actos de exhibicionismo”.

También limita la sanción por ocupación de la vía pública sólo a cuando se infrinja lo dispuesto en una Ley, se redefine el concepto de obstrucción como un “acto para impedir” (hasta ahora era un acto “que pretende impedir”); se limita el concepto de perturbación de la seguridad ciudadana al eliminar de esa lista los espectáculos deportivos o culturales y los oficios religiosos; se elimina de las faltas muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras de prestación de servicios básicos; se exige que el traslado de una persona a dependencias policiales para identificación termine con su transporte posterior al punto desde donde fue recogida y se restringe la entrada en edificios oficiales si no es con el permiso de la autoridad de la que dependan.

Además, la proposición de ley del PNV reclama comunicación inmediata a la autoridad judicial o fiscal de los controles de seguridad ciudadana y de las medidas extraordinarias de seguridad (cierre, desalojo de locales, evacuaciones en situaciones de emergencia) y limitar los registros corporales, según la CEP.