La revisión de las ayudas costará a los andaluces más de 2,5 millones

A posteriori, y forzada por las evidentes y públicas pruebas del fraude, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, solicitó que se revisaran los 8.505 expedientes de las ayudas concedidas a la formación desde 2007, fecha desde la que las supuestas irregularidades detectadas no habrían prescrito. Para efectuar esta tarea y dado su volumen, la Consejería de Educación, dirigida por Luciano Alonso, solicitó autorización para contratar a personal funcionario interino. La cuestionada gestión y el intento de lavar la imagen del Gobierno regional ya ha costado a los andaluces más de 650.000 euros y la cifra superará los 2,5 millones si se confirma la previsión del consejero, que calcula que los resultados de la verificación de las ayudas estará disponible en diciembre de 2015.

En un principio se nombró a 74 interinos para un periodo de dos meses, plazo que se amplió hasta seis a 66 de ellos, aunque el procedimiento se efectuó en distintas fases. «Ante el volumen de expedientes vinculados a la Formación Profesional para el Empleo y el número insuficiente de efectivos en la dirección general responsable de gestionar su tramitación», Educación solicitó autorización para el nombramiento de personal funcionario interino con el fin de «suplir tal carencia». La Dirección General de Presupuestos y la de Recursos Humanos autorizaron las contrataciones el 12 de noviembre de 2013. Alonso explica en una respuesta parlamentaria a la diputada popular María Teresa Ruiz-Sillero que «primero se nombraron los interinos de la bolsa y, agotada la misma, se autorizó una oferta genérica al SAE. Se solicitaron dos candidatos por puesto y, tras una baremación en la que se valoró la experiencia profesional en las administraciones públicas, se seleccionó al personal restante». Este procedimiento no se publicó siquiera al tratarse de nombramiento de interinos. Los contratados reciben las retribuciones propias de los grupos funcionariales en los que han sido nombrados. Esto es, básicamente Grupo A1, Grupo A2 y Grupo C1, minoradas en un 10%, conforme a la normativa vigente. La mayoría se corresponde con administradores, gestores financieros, administrativos y auxiliares administrativos.

La primera incorporación se produjo el 2 de diciembre de 2013, aunque Díaz dijo en abril que la supervisión se había iniciado siete meses antes, allá por septiembre. Se trataba de 54 contratos que finalizaban el 1 de junio de 2014 (19 administradores, un gestor financiero, 10 administrativos y 24 auxiliares). La segunda tuvo lugar el 16 del mismo mes: 19 administrativos para dos meses, aunque 11 se prorrogaron. Y la tercera, el 2 de enero de 2014, cuando se contrató a otro gestor financiero, por un periodo inicial de seis meses. Las fuentes consultadas por este diario para conocer los emolumentos que perciben los 66 trabajadores prorrogados explicaron que resulta «muy complicado» fijar con exactitud el importe de las nóminas, pues al sueldo base de cada categoría (1.109,05 para los A1; 958,98 para los A2; y 599,25 para los C2) se unen complementos de destino, específico y de productividad que varían de un caso a otro, al margen de pagas extraordinarias o derecho a trienios.

Aun así, se pueden fijar unos sueldos brutos mensuales que rondan los 1.900 euros de media para los A1, 1.550 para los A2 y 1.300 euros para los C2 con la idea de obtener una cifra aproximada. Siguiendo estos parámetros, a la baja, la inversión efectuada hasta julio superaría los 650.000 euros, sin incluir las idas y venidas del resto de los interinos implicados. Si se prorrogasen los contratos de los 66 hasta diciembre de 2015, la cantidad rebasaría los 2,5 millones.

El tribunal de cuentas detecta 54 millones sin justificar

El Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples lagunas en el seguimiento y control de las subvenciones para formación concedidas en 2010, entre ellas la falta de justificación por parte de las entidades beneficiadas de las horas dedicadas a impartir los cursos por un coste de más de 54 millones. En el anteproyecto de un informe que todavía está en fase de alegaciones, el tribunal critica las «distorsiones» del modelo de formación subvencionada para ocupados vigente en aquel momento, en el que las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal se repartían el 50% de los fondos.