La trampa de la oposición: controlar al Gobierno por actuaciones pasadas

Los grupos registran en el Congreso iniciativas de comparecencia de ministros ajenas a la labor del Ejecutivo en funciones

El presidente del Congreso, Patxi López hace una semana tomó posición al lado del PSOE y de todos los grupos políticos, a excepción del PP, para que el Gobierno en funciones se someta al control parlamentario. Lanzó un órdago al Ejecutivo e incluso amenazó con llevarle al Tribunal Constitucional si no lo hace y se reunió con el secretario de Estado con las Cortes, José Luis Ayllón, sin lograr convencerlo e insistió en que al Gobierno le avalan razones de estricta legalidad.

López tensó el conflicto institucional y, remitió por carta a los grupos la negativa del Gobierno y convocó rueda de prensa garantizando que las solicitudes de comparecencia que se habían hecho al Gobierno en funciones no estaban dentro de un «control normal y ordinario como el que puede ejercerse sobre un Gobierno que tenga la confianza de esta Cámara, pero sí el que debe hacerse sobre las funciones y las decisiones que adopta, dentro de sus limitaciones». Sin embargo, a diferencia de lo que dijo el presidente de la Cámara Baja, algunas de esas peticiones que solicitan la comparecencia de los ministros y que fueron aprobadas en la Mesa no están motivadas por decisiones o medidas adoptadas por el Ejecutivo en funciones acometidas en este periodo de interinidad sino que hacen referencia a las efectuadas en el ejercicio del Gobierno en la pasada legislatura.

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, en una entrevista con RNE, indicó que el criterio que había fijado Patxi López para someter al Gobierno a una sesión de control era «muy discutible».

Entre las peticiones registradas está la del Grupo Socialista que solicita la comparecencia de la ministra de Agricultura para informar de las contrataciones de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio «y presuntamente relacionadas con una trama de fraude que está siendo investigada por la Guardia Civil», indica. Este hecho correspondería al ejercicio del Gobierno en la pasada legislatura y no a su labor actual tras el cese de sus funciones. Coalición Canaria registró el 5 y 8 de febrero dos solicitudes también para la ministra de Agricultura en funciones. La primera para que dé cuenta de cuáles son «las líneas que seguirá en la asignación del aumento de la cuota de pesca de atún rojo para los pescadores artesanales canarios», y la otra para que explique el criterio seguido para asignar a la flota artesanal canaria un aumento «de sólo 40 toneladas en la cuota de atún rojo».

El Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad (DiL) solicita la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social para que informe sobre la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El PSOE también se une a esta petición para conocer las disposiciones del Fondo de Reserva «efectuadas en el cuatro trismestre de 2015», dice exactamente en su escrito, lo que no correspondería tampoco con la acción de 2016.

Otras de las peticiones que no corresponden a la labor en funciones del Ejecutivo es la que registró el Grupo Socialista el pasado 7 de marzo para que el ministro de Educación «explique la política de becas que está llevando el Gobierno», cuando el último decreto en el que se reguló el aumento de la nota media para acceder a becas generales entró en vigor en junio de 2014.

Otra de las comparecencias registradas que no atiende a la labor de un Gobierno en funciones es la de Podemos-En comú Podem y En Marea que piden explicaciones a la ministra de Fomento Ana Pastor para que «informe de la dimisión del director general de la vivienda, así como de las contrataciones del Ministerio con empresas vinculadas a las tramas Gürtel y Púnica». Mientras, los socialistas quieren que el titular de Justicia acuda para informar de las medidas adoptadas por el ministro en relación a la implementación de mejoras en la administración de justicia para evitar que la ley de Enjuiciamiento dé lugar a situaciones de impunidad. O la del PSOE, que solicita al titular de Industria explicaciones de «su decisión de establecer una retribución adicional de 253,3 millones de euros, y el reembolso de los gastos de operación a los promotores del «proyecto Castor».

Todas estas solicitudes formarían parte de la tramitación ordinaria de un Gobierno, de no ser porque el actual se encuentra en funciones y «carece de todo sentido» que el Ejecutivo de la décima legislatura sea controlado por el Parlamento de la decimoprimera, algo que no ocurrió en ninguna otra legislatura. Moncloa advierte de que las discrepancias que no son de despacho ordinario, que son las propios de un Gobierno en funciones, serán resueltas por el Poder Judicial. De manera que los grupos parlamentarios parece que tratan de emplear el Congreso para desgastar al Gobierno de Rajoy con la baza de una sesión de control y emplear las comisiones a modo de campaña electoral.