La UDEF cifra en 3 millones los gastos de «dudosa legalidad» de Besteiro

Se incluyeron 170.000 euros en comidas o en acupuntura como «gastos sociales»

José Ramón Gómez Besteiro llegó a la presidencia de la Diputación de Lugo en julio de 2007, convirtiéndose en el primer militante socialista en alcanzar dicho cargo desde la reinstauración del sistema democrático. En junio de 2015, tras las últimas elecciones municipales, dejó el bastón de mando a la popular Elena Candía. El haber sido imputado de diez delitos provocó que el «buen amigo» de Pedro Sánchez tuviese que renunciar a la candidatura a la presidencia de la Xunta por el Partido Socialista de Galicia y, mas recientemente, a la propia secretaría general del partido.

Y es que, a medida que se conocen datos de su etapa al frente de la Diputación de Lugo, dentro de la investigación de la «Operación Pulpo», su situación no se avecina nada favorable, al menos a tenor de los datos que figuran en el sumario, al que ha tenido acceso íntegro LA RAZÓN.

Uno de los puntos esenciales que investiga la jueza María del Pilar Lara en este procedimiento es el relativo a la utilización de dinero público en las partidas destinadas a «Prestaciones sociales», «Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral» y «Gastos sociales del personal laboral». Y es que, según la magistrada, «bajo el concepto de gastos sociales, algunos de ellos de elevadísima cuantía, la Diputación de Lugo habría venido realizando pagos y disponiendo del erario público para gastos que difícilmente pueden tener cobertura en esos conceptos».

En uno de los informes de la UDEF, del pasado mes de diciembre, se analizan esos gastos desde el año 2003, en que al frente de la Diputación estaba el PP, hasta el pasado año. En lo que se refiere a la etapa en que Gómez Besteiro fue la cabeza de esa institución, las cifras son, cuanto menos, llamativas. Así, el total del dinero público destinado a esas partidas, en las que se incluía desde gastos odontológicos hasta implantación de DIU o campamentos de verano para los hijos de trabajadores, ascendió a 2.841.303, euros aunque bien es cierto que de esa cantidad habría que descontar tanto los meses de 2007 en que no estaba al frente de la Diputación, como los gastos producidos desde que dejó el cargo, en julio de 2015. Sobre esos gastos, se incluye el apartado «ayuda médica», señala la UDEF, se incluyen los destinados tanto «para trabajadores de la Diputación de Lugo como para sus familiares, destinados a la adquisición de gafas graduadas, lentillas, cristales graduados, medicamentos, audífonos, realización de trabajos odontológicos, oftalmológicos, endodoncia, ortodoncia, empastes, obturaciones, tratamiento homeopático, acupuntura, etc».

Destacada es igualmente que bajo la partida «Prestaciones sociales», el tesorero recibiese, en algunos casos «para el concepto “ayuda familiar jubilados” o “Importe ayuda familiar a jubilados”» recibiese importantes cantidades, que, en 2014 superó los 14.000 euros. Sin embargo, añade el informe policial, se especifica que se desconoce si es el propio tesorero el recepto final de esas cantidades, «o son otros funcionarios de la Diputación».

Otro apartado importante de esos «gastos sociales» lo constituían las celebraciones gastronómicas a cargo del dinero público de la Diputación. Se da, además, la circunstancia, de que en la práctica totalidad de los casos, siempre se celebraban en el mismo restaurante, el cual llegó a facturar a la Diputación lucense más de 170.000 euros, cantidad a la que habría que sumar, en su caso, los festines celebrados entre enero y julio de 2015, ya que los mismos no constan en el informe policial entregado a la jueza.

La UDEF realiza un minucioso informe sobre los gastos superiores a los tres mil euros en cada una de las partidas, los trabajadores que se beneficiaron y el concepto a que se destinó el dinero. Así, llama especialmente la atención que en mayo de 2009, cuando la Diputación la presidía Besteiro, destinó 67.045 euros a pagar los honorarios de un prestigioso bufete madrileño de abogados, y del procurador correspondiente, para representar a una trabajadores en un procedimiento judicial. Ese gasto figura dentro de la partida «Gastos sociales del personal laboral».