Lanzas y los sindicatos cobraban comisiones por los mismos trabajos

La mediadora Vitalia pagaba comisiones a los sindicatos y a las empresas pantalla de Juan Lanzas por los mismos conceptos: recopilación de datos de los trabajadores afectados por los ERE que financiaba la Junta de Andalucía. El importe de estos pagos que salían del presupuesto autonómico estaba inflado para que todos los participantes en el negocio, entre los que se encontraban, según la investigación de la Guardia Civil, las centrales sindicales CC OO y UGT, tuvieran su parte.

La instrucción señala que la consultora catalana percibió 21,35 millones de euros de las arcas públicas por «sobrecomisiones».

En el sumario se encuentran facturas emitidas por los sindicatos a la empresa Vitalia para cobrar esas labores de «asesoramiento», trabajos que la jueza Mercedes Alaya puso en duda en uno de sus autos al señalar que en muchos casos eran «inexistentes» o simplemente «peregrinos».

Es el caso de una factura presentada por la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC OO en la que reclama el «primer plazo de los trabajos de recopilación de datos (vidas laborales, cotizaciones, etc) de la empresa Mercasevilla». Está fechada el 27 de abril de 2009, cuando Francisco Javier Guerrero llevaba ya un año fuera de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, lo que muestra de nuevo que la trama pervivió al señalado por la Junta como principal responsable.

El informe que ha trasladado la UCO al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla cuantifica las comisiones percibidas por CC OO y UGT en el periodo investigado en 7,6 millones de euros. Pese a las evidencias, las centrales sindicales negaron ayer de nuevo haberse financiado «fraudulentamente» con comisiones ilegales y justificaron las percepciones por asesorar a los trabajadores no afiliados inmersos en un ERE.

Por su parte, Juan Lanzas también cobraba por los mismos conceptos aunque, en su caso, lo hacía a través de empresas pantalla. La UCO ha detallado que el ex sindicalista de UGT contaba con «un amplio entramado de sociedades», como Servicios Inmediatos de Andalucía, Atrado Mensajería, Estudios Agenciales, Maginae Solutions, Consulting Social Siemur o Al Andalus Masss Media Channel. Al frente de ellas se situaban «testaferros» que facturaban servicios ficticios para que el «conseguidor» de los ERE introdujera en el circuito financiero el dinero obtenido por sus gestiones en los expedientes que financiaba el Ejecutivo andaluz. Por este y otros conceptos, la juez le atribuye un «exagerado enriquecimiento» de más de 13 millones de euros.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente a la jueza que indague y practique una serie de diligencias en torno a los pagos realizados a las empresas «vinculadas» a los sindicatos UGT y CC OO por parte de las mediadoras y despachos «de asesores». Este periódico ya informó de que la Guardia Civil quería que la agencia Tributaria comprobara las cantidades percibidas.