Las CC AA cerraron 2012 con el 56% de los funcionarios frente al 28% de la Administración

MADRID- La comisión de reforma de las Administraciones Públicas sigue reuniéndose y trabajando con discreción. Ésta es una de las tareas pendientes del Gobierno de Rajoy, dentro de la políticas de ajustes y reformas estructurales que ha puesto en marcha para sanear la economía, disminuir el déficit y aumentar la competitividad. Entre «las herencias recibidas del Gobierno socialista» que necesitan una profunda revisión está una Administración Pública no sostenible en un escenario como el actual y que, además, según coinciden en diagnosticar la mayoría de los expertos en la materia, puede mejorar notablemente en eficiencia.

Antes de tomar las decisiones, el Ejecutivo está elaborando radiografías muy precisas de la situación del sector público y el análisis alcanza también a la situación de las comunidades autónomas, fiscalizadas ya al detalle gracias a la Ley de Estabilidad Pública. Esto afecta a los funcionarios, a empresas y fundaciones públicas, al coste del reparto competencial...

Con los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de empleados públicos en el cuarto trimestre de 2012 ascendía a 2.917.200, habiéndose reducido su número a lo largo de 2012 en 218.900. Los asalariados del sector público por tipo de Administración en el cuarto trimestre se repartían de la siguiente forma: en la Administración Central eran 517.200 (un 18 por ciento); en las comunidades autónomas, 1.621.500, un 56 por ciento; en la local, 576.300, un 20 por ciento; en las empresas e instituciones públicas, 155.200, un 5 por ciento; y en la Seguridad Social, 38.000, un 1 por ciento.

En concreto, el análisis de la evolución del empleo público desde 1996 ha puesto en evidencia un proceso de crecimiento continuo. De hecho, entre esa fecha y 2004 el traspaso de competencias a las comunidades y el proceso de desconcentración política y administrativa dieron lugar a un sonoro incremento de las plantillas. Si se quita el impacto sobre el empleo de las incorporaciones militares, como consecuencia de la profesionalización, y la exclusión de los registros del personal de Correos, el aumento debido al proceso de descentralización se cuantifica oficialmente en 312.623 trabajadores.

A fecha de 1 de enero de 2012, dentro de la Administración Pública Estatal el personal al servicio de la Administración General del Estado ascendía a 234.685, un 8,8 por ciento del empleo público. El resto se distribuía, entre otros capítulos, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (148.147, un 5,5 por ciento); las Fuerzas Armadas (126.924, un 4,7 por ciento); la Administración de Justicia (24.667, un 0,9 por ciento) y las Entidades Públicas Empresariales y Organismos Públicos con régimen específico (47.398, un 1,8 por ciento).

En las comunidades autónomas, el personal adscrito a las consejerías y los organismos autonómicos era de 230.447, es decir, un 8,5 por ciento del empleo público total. Y el resto de trabajadores son profesionales sanitarios, profesionales de Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad autonómicos y trabajadores del sector de la Justicia.

En lo que afecta a la distribución territorial del empleo público, el 50,3 por ciento del personal trabajaba para las comunidades; el 22,2 por ciento, para las corporaciones locales, y el 21,7 por ciento, para la Administración Pública Estatal, que se ha convertido en la Administración residual en términos de empleo público.

«No se ha ralentizado la contabilidad» contabilidad para cumplir el déficit

El Gobierno niega que las comunidades autónomas hayan ralentizado la contabilidad de sus gastos corrientes y sus transferencias para poder alcanzar el objetivo de déficit fijado el año pasado y, además, descarta también impulsar enajenaciones de inversiones reales para que los gobiernos regionales incrementen sus ingresos. Así lo asegura en respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD, que el pasado noviembre alertó de que, según el cuarto informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los gobiernos regionales estaban aplicando la técnica contable de la ralentización para «no disparar» su déficit. Sin embargo, el Gobierno afirma que «no se ha detectado ninguna ralentización de contabilidad a efectos de distorsionar previsiones de déficit por parte de las regiones», informa Ep.