Las empresas con un 50% de ingresos públicos irán en la Ley de Transparencia

Las entidades privadas que tengan al menos el 50% de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones públicas estarán sujetas a la ley de transparencia -siempre que alcancen como mínimo los 3.000 euros-, al igual que aquellas que reciban en un año ayudas públicas de más de 100.000 euros, como ya informó LA RAZÓN el pasado 30 de mayo.

Esta es una de las más de treinta enmiendas que ha presentado hoy el PP al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

También propone incorporar al ámbito de aplicación de esta ley a la Casa del Rey, el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.

Las enmiendas populares, que recogen todos los compromisos asumidos por el Gobierno hasta ahora, incluyen asimismo a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales.

Respecto a las peticiones de información de los ciudadanos a la Casa del Rey, establece que será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el órgano competente para "tramitar el procedimiento mediante el que se solicite", así como para "conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir"derivada de la aplicación de la ley.

En la parte de la ley que regula el llamado "buen gobierno", el PP añade como nueva sanción la pérdida del derecho a pensiones indemnizatorias de los altos cargos infractores.

También corrige la posible invasión competencial del actual texto y pide que el órgano competente para incoar procedimiento sancionador a los altos cargos autonómicos o locales sea el que tenga atribuidas esas funciones en las propias comunidades o ayuntamientos.

Consejo de Transparencia

Respecto a la creación del llamado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -órgano que velará por el cumplimiento de la ley-, el PP ha presentado un bloque de enmiendas que lo configuran como un órgano compuesto por un presidente y una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno formada por ese presidente y otros siete miembros.

Estos son un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

El PP establece que la condición de miembro de esta Comisión no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración y que, al menos una vez al año, la Comisión tendrá que convocar a los representantes de los "organismos similares que hayan sido creados por las comunidades autónomas".

A esa reunión podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El presidente del Consejo, que lo será también de la Comisión, será nombrado entre personas de "reconocido prestigio y competencia profesional"por un periodo no renovable de cinco años a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y refrendado por la mayoría absoluta del Congreso.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y el grado de cumplimiento de la ley.

A modo de disposición adicional, el PP emplaza a la Administración General del Estado a acometer una revisión y simplificación normativa de su ordenamiento jurídico, para lo cual la Secretaría del Estado de Relaciones con las Cortes elaborará un Plan de Calidad y Simplificación Normativa.

Otras de sus enmiendas van dirigidas a que los solicitantes de información pública no estén obligados a motivar su solicitud y a que las administraciones públicas publiquen la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad "o sobre los que ostenten algún derecho legal".E