Las empresas privadas con ingresos públicos, bajo la Ley de Transparencia

La Ley de Transparencia llega hoy al Pleno del Congreso de los Diputados, donde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defenderá esta mañana la posición del Gobierno en el debate de las enmiendas a la totalidad. Se han presentado ocho, pero en su conjunto representan a 50 diputados. Las minorías no han presentado texto alternativo al del Gobierno.

Aunque en el debate público el PSOE intenta seguir tensando la cuerda en algunas cuestiones, precisamente en aquellas que tienen un carácter ideológico más marcado, como es el caso de la discusión sobre su aplicación a la Iglesia, Ejecutivo y socialistas están bastante de acuerdo en las líneas generales de una norma que llega a España con un gran retraso respecto a los países de nuestro entorno. Salvo Chipre y alguna otra excepción, todos los demás ya han incorporado a sus ordenamientos jurídicos una ley como la que está impulsando el Gobierno de Rajoy para acercar al ciudadano la fiscalización de todas las instituciones y decisiones en las que por medio hay dinero público. Los contactos entre el Ejecutivo y el PSOE han sido frecuentes y en Moncloa esperan que el acercamiento que los socialistas les han trasladado en privado se confirme con un apoyo final en público al proyecto. Aún queda margen para la negociación y para hacer incorporaciones. Populares y socialistas seguirán limando sus diferencias en el trámite de las enmiendas parciales. Pero los contactos con los grupos y las comparecencias que se han ido celebrando en estas semanas en el Congreso ya han servido para ir avanzando en la concreción de algunos apartados de la nueva norma, entre ellos algunos de los más controvertidos, como su aplicación a la Casa Real o a la Conferencia Episcopal. Estas dos instituciones estarán, aunque sin ser equiparadas en las exigencias con las demás Administraciones Públicas, como demandan desde la bancada de la izquierda. La justificación del Gobierno es que no tienen ese rango de Administración Pública y que esta circunstancia hace que requieran un tratamiento específico que se ajuste a la Constitución.

Finalmente, en líneas generales la discusión sobre el ámbito de aplicación de la nueva ley se ha resuelto estableciendo que además de que implique a todas las Administraciones Públicas también afecte a tres organizaciones privadas nominativas, que serán los partidos, los sindicatos y la CEOE. Y a todas las organizaciones privadas que reciban dinero público y éste supere un límite porcentual dentro del conjunto de sus ingresos. Ese porcentaje es lo que en estos momentos están negociando. Dentro de esta denominación genérica de «organizaciones privadas no nominativas» cabe incluir a empresas privadas, medios de comunicación o fundaciones, por ejemplo.

Para todas ellas las exigencias de transparencia serán muy parecidas. Deberán publicitar su equipo directivo, sus sueldos o su sistema de contratación, entre otras obligaciones. Y todavía Moncloa está estudiando con Hacienda incorporar otras obligaciones añadidas a las ya conocidas en el trámite en ponencia y comisión, dentro de un calendario en el que su objetivo es que la ley esté aprobada en octubre. Para ello ya se ha dirigido al Congreso a fin de comunicar a los grupos que pedirá la habilitación del mes de julio para avanzar en su discusión en la Cámara Baja, de tal manera que en septiembre llegue al Senado y aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el mes siguiente. La vicepresidenta tenderá la mano para fortalecer el consenso en el Parlamento.

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Edificios, seguridad y personal de la casa real, bajo control...

La Corona fue la pionera en estudiar conjuntamente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy su inclusión en la futura Ley de Transparencia. Más de dos meses llevaban ya negociando cuando la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo confirmó a principios de abril. La decisión es que todas las partidas administrativas de la Casa del Rey estén sometidas a la nueva normativa. Desde los edificios, hasta la seguridad, pasando por el personal de Zarzuela. Eso sí, con un límite: el marcado por la propia Constitución, que establece en su artículo 65 que la dotación del Rey se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, no está «sujeta a justificación» y el jefe del Estado puede administrarla y distribuirla libremente.

...Y una auditoría para ratificar el presupuesto de la Iglesia

Primero fue la Corona. Y después, la Iglesia. El Gobierno decidió, después de estudiar un informe jurídico sobre todas las instituciones que se financian con dinero público, que también se incluyera en la Ley de Transparencia, algo que adelantó LA RAZÓN el 19 de abril. La Iglesia, como receptora de fondos públicos quedará afectada por los nuevos controles, pero exclusivamente en lo que afecte a los fondos públicos que recibe de los Presupuestos. «Bienvenida la transparencia, porque ya estamos en ella. Bienvenido todo lo que sea transparencia», respondía la Conferencia Episcopal Española unas horas después de conocer la noticia. Y es que desde el episcopado no hay preocupación por la nueva normativa. Prueba de ello es que en 2013 una auditoría externa ratificará los datos de la memoria de actividades.