Las macrocausas se alargan cinco años en los tribunales

Casos como «Gürtel» o «Pretoria» se iniciaron en 2009 y todavía están en instrucción. La sentencia definitiva sobre Núñez se dictó a los 15 años de iniciarse la investigación

La Justicia, si es lenta, no es Justicia», «una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla espera es injusticia». Son proverbios del escritor, periodista y novelista español Javier Moro y del poeta latino Horacio –éste años antes del nacimiento de Cristo–, respectivamente, en las que ya se define lo que debe ser una cualidad de la Justicia: que se tarde tanto en poner fin a los procedimientos que cuando se sentencien pierdan ya algunos de sus fines. Baste recordar, como ejemplo, el de un ex toxicómano de Lepe (Huelva) que ingresó en prisión en diciembre de 2012, ya completamente rehabilitado -casado y con dos hijos- para cumplir una condena por robar un coche seis años antes. Todos los gobiernos han tenido entre sus fines introducir las reformas tendentes a lograr unos procedimientos más ágiles y eficaces, que no «duerman» años y años en el periodo de instrucción. Sin embargo, si se puede concluir que la instauración en el año 2003 de los juicios rápidos, para aquellos delitos sin complejidad y donde el autor hubiese sido detenido in fraganti, se ha constatado como todo un éxito, no puede decirse lo mismo de aquellas causas más enrevesadas. La legislaciones han avanzado mucho más despacio de lo que lo han hecho las nuevas formas de criminalidad. Y, de esta forma, nos encontramos que las grandes operaciones contra la corrupción, en las que prácticamente siempre aparecen vinculaciones políticas, tardan años y años en enjuiciarse. El efecto que se produce cuando se llevan a cabo se va diluyendo paulatinamente con el paso del tiempo, hasta que llega el juicio, y entonces, cogen de nuevo una nueva ola de popularidad.

Así ocurrió por ejemplo con la conocida como «operación Malaya», que supuso la condena, entre otros, de Isabel Pantoja -pendiente de que la Audiencia de Málaga determine si ingresa en prisión para cumplir la condena de dos años de cárcel o la suspende provisionalmente–. Este procedimiento se inició a principios de 2006, pero el juicio no se celebró hasta septiembre de 2010 y la sentencia de la Audiencia de Málaga no se dictó hasta abril de 2014, es decir, ocho años después del inicio de la causa. Pero le supera con creces el «caso Hacienda», por el que ha sido condenado el ex presidente del FC Barcelona Josep Lluis Núñez, que comenzó en 1999, la sentencia de la Audiencia de Barcelona no se produjo hasta 2011 y la definitiva del Supremo, hasta el pasado mes de enero; 15 años para sentenciar definitivamente un caso.

No son casos aislados. Los procesos, o macroprocesos, que actualmente se instruyen parecen llevar la mayoría de ellos un camino muy parecido. Algunos de esos casos, con evidentes implicaciones políticas, que se instruyen en la Audiencia Nacional, Andalucía, Cataluña, Palma de Mallorca o Galicia, por ejemplo, superan o están a punto de llegar al primer lustro en la fase de instrucción, cuando no han superado ya ese tiempo en determinados procedimientos.

«CASO GÜRTEL»

La Audiencia Nacional comienza la investigación de este procedimiento, presuntamente vinculado a una trama de corrupción empresarial liderada por Francisco Correa, en febrero de 2009, puesta en marcha por el entonces juez Baltasar Garzón. La causa pasó de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia y de éste al Supremo, al aparecer implicados los entonces diputado y senador del PP Jesús Merino y Luis Bárcenas. Al renunciar a su escaño, el procedimiento regresa de nuevo a la Audiencia Nacional, al Juzgado de Instrucción número 5. Los tres principales implicados, Francisco Correa, Antonie Sánchez y Álvaro Pérez, «El bigotes», ingresaron en prisión provisional, aunque los dos últimos la abandonaron tras unos meses. La instrucción se fue enquistando, por la complejidad del procedimiento y por todos los nuevos datos que aparecían, hasta el punto de que Correa abandonó la prisión cuando llevaba tres años y cuatro meses de cumplimiento provisional, es decir, ocho meses antes del plazo máximo estipulado en la ley. El procedimiento principal sigue ahí, cinco años y ocho meses después, sin que tenga visos de una inminente conclusión.Una vez concluya la instrucción, habrá que dar traslado al fiscal y acusaciones para que presenten sus escritos, y, posteriormente, a las defensas, para que hagan lo propio. Después, quedará el señalamiento del juicio. No es previsible que pueda celebrarse la vista oral, según fuentes consultadas por este periódico, antes de un año y medio en el mejor de los casos. Nos situaríamos entonces en casi ocho años desde que se inició hasta el juicio.

«OPERACIÓN PRETORIA»

Iniciada también en 2009 por Garzón, esta vez en octubre, está relacionada con una presunta trama de corrupción urbanística, soborno y blanqueo de capitales, que salpicó a distintos ayuntamientos de la provincial de Barcelona, a un ex alcalde del PSC y un ex diputado de ese mismo partido, así como a Lluis Prenafeta, mano derecha de Jordi Pujol en sus primeros años al frente de la Generalitat, y al ex conseller de Pujol durante 15 años Maciá Alavedra. En este procedimiento están imputados 20 personas. Para tres de ellos se decretó prisión provisional eludible bajo fianza. La situación procesal es muy parecida a la del «caso Gürtel»: se está a la espera de la finalización de la instrucción para dar paso a la fase de calificación de escritos de acusaciones y defensas, para entrar a continuación en la del juicio oral. En el mejor de los casos, habrá que esperar un año.

«PALMA ARENA» Y «NÓOS»

El conocido como «caso Palma Arena» comenzó en el año 2008 con la investigación sobre el presunto sobrecoste pagado por el Gobierno balear, que presidía Jaume Matas, para la construcción del velódromo. A partir de ahí, aparecen nuevos datos que dan origen a la apertura de nuevas piezas separadas. En estos momentos, hay 27. Una de ellas es la que deriva, en el año 2010, en el «caso Nóos», hace ya más de cuatro años, en la que está imputado, entre otros, Iñaki Urdangarín, y la Audiencia de Palma de Mallorca debe pronunciarse sobre si se imputa –como sostiene el juez Castro– o no –como defiende Anticorrupción y la Abogacía del Estado– a la Infanta Doña Cristina. Posteriormente, se entrará en la fase de calificación para encarar el juicio oral, que , en todo caso, no será en breve plazo. Transcurrirán más de cinco años; y, mientras tanto, la pieza principal, en la que hay imputadas una treintena de personas –entre ellas, el propio Jaume Matas– sigue en la fase de instrucción.

«ERES» Y «POKEMON»

El «caso de los Ere», relacionado con un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía que debían ir destinadas a trabajadores afectados por planes de regulación de empleo, comenzó en 2009 con la denuncia que presentó el PP por el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos ex directivos de Mercasevilla. A partir de ahí, y más en concreto, en 2011, la jueza Mercedes Alaya impulsa el procedimiento, en el que el número de imputados supera ya el centenar en sus distintas piezas separadas. Una de ellas está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si admite la competencia para investigar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Tampoco se prevé que este procedimiento pueda acabar en un plazo medio.

En relación con el «caso Pokemon», relacionado también con una trama de corrupción que afecta a no pocos municipios gallegos, la instrucción comenzó en 2011, y, actualmente, hay ya más de cien imputados, entre los que figuran políticos y empresarios. Sin citarlo expresamente, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, afirmó sin rodeos el pasado 3 de octubre, durante el acto de apertura del año judicial en esa comunidad autónoma, que había que evitar los «macroprocesos ingobernables».

Todos los casos anteriores son sólo algunos ejemplos de cómo la depuración de responsabilidades en procesos relevantes tarda mucho más de lo deseable.