Las redes sociales no pueden ser refugio para la impunidad

El secretario general de Naciones Unidas ha afirmado en repetidas ocasiones que España es un referente internacional en el tratamiento a las víctimas del terrorismo. Esto no significa conformidad o autocomplacencia para el Ministerio del Interior, porque los españoles siempre estaremos en deuda con las víctimas del terrorismo, ya que todo lo que hagamos nunca podrá estar a la altura del ser querido asesinado por una bomba o un disparo. Por ello, en esta legislatura estamos trabajando con ahínco para que las víctimas del terrorismo tengan todo lo que merecen.

España tiene la dolorosa cifra de más de 6.000 víctimas directas del terrorismo, lo que incluye fallecidos, heridos y secuestrados; sin incluir a los familiares de las víctimas y a los centenares de personas que han vivido durante décadas las amenazas y coacciones terroristas.

Las secuelas que el terrorismo deja en sus víctimas y en la sociedad española hacen que toda medida legislativa, toda política de apoyo pueda mejorarse. Igualmente, en una sociedad que está sufriendo una transformación vertiginosa en lo que respecta a las nuevas formas de terrorismo, las legislaciones deben adaptarse para cubrir esas nuevas realidades, así como las necesidades de las víctimas que deja tras de sí esta barbarie.

Con todo, debe destacarse que la concienciación y sensibilidad que tenemos hacia este colectivo en nuestro país se refleja en la aprobación, con el consenso de todas las fuerzas políticas, de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que se basa en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad, y cuyo objetivo es la consolidación de un sistema pionero de reconocimiento y protección integral para este colectivo, como está siendo reconocido en los distintos foros internaciones.

Las medidas que hemos aprobado desde 2012 para mejorar las condiciones de vida de las víctimas y sus familias son de diversa índole: laboral, de acceso a la vivienda, asistencia psicológica o asistencia jurídica especializada y gratuita, evidencian nuestro compromiso con las víctimas, al igual que lo refleja el hecho de que, en una legislatura marcada por una severa austeridad presupuestaria, las víctimas del terrorismo hayan sido uno de los colectivos prioritarios a los que dirigir las políticas de apoyo, por ser merecedores de la mayor protección, superando los 110 millones de euros hasta la fecha el importe de las ayudas e indemnizaciones aprobadas.

La Justicia ya está actuando en el caso de Guillemo Zapata. En primer lugar, la Fiscalía pidió que se citara a declarar como imputado al concejal de Ahora Madrid, y seguidamente el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le ha citado para que declare el 7 de julio por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo en relación a los tuits que escribió en 2011 desde su cuenta personal. Si el Ministerio Público y el juez han tomado esta decisión es porque habrán entendido que hay base jurídica suficiente para imputar a este edil, que, evidentemente, debería renunciar al acta de concejal. Porque no basta con pedir perdón o arrepentirse sobre los tuits, ya que esto tampoco es suficiente en otras conductas tipificadas en el Código Penal. Además, no tenemos que olvidar que ha pedido perdón ahora, cuando ha surgido la polémica. Desde 2011 hasta el pasado 15 de junio Zapata no se había arrepentido de ninguna de sus palabras. Debemos de tener presente que el delito de humillación a las víctimas está recogido en la legislación española con claridad.

Y digo renunciar al acta de concejal porque no puede representar a la ciudadanía de una villa como Madrid, que tanto ha sufrido a causa del terrorismo, alguien que no tiene el más mínimo respeto a las víctimas del terror.

Ahora tendrá que decir la Justicia si escribir «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcásser para que no vaya Irene Villa a por repuestos» o «¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600?» es constitutivo de un delito. Éticamente son palabras repugnantes, incitan al odio, a la xenofobia, al antisemitismo, al racismo por una parte y hacen apología del terrorismo y ofenden profundamente y de forma indigna a la memoria de las víctimas del terrorismo.

Como se viene demostrando, el Ministerio del Interior tiene la voluntad inequívoca de luchar contra el terrorismo en todas sus manifestaciones. Por ello, en el plano normativo hemos adaptado nuestro Código Penal a las nuevas conductas y características del terrorismo del siglo XXI. Y entre las nuevas medidas, hemos endurecido las penas para las conductas de enaltecimiento del terrorismo, incluida la humillación de las víctimas del terrorismo. Así, en los casos más graves, los jueces y los tribunales podrán imponer una condena de tres años de prisión, lo que no sólo aumenta la pena, sino que significa que el condenado entrará en prisión aunque no tenga antecedentes.

Paralelamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan, y así lo demuestran los datos, en la lucha contra este tipo de delitos. En concreto, un total de sesenta personas han sido detenidas por la Guardia Civil en diferentes fases de la «Operación Araña» dirigidas contra el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas. Las redes sociales no pueden ser refugio para la impunidad, de ahí el trabajo sin descanso que se viene realizando contra las diferentes manifestaciones del terrorismo.

A quienes son todo un ejemplo, les diré como miembro del Gobierno que nunca dejaremos de trabajar para amortiguar su dolor, para ponerles en la mano todo lo que necesiten, todo lo que merecen. Los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad que inspira nuestra legislación, guían nuestra actuación.

El valor de la memoria ha de garantizar que nunca se olvidará lo sucedido, que la historia se narre desde el punto de vista de sus víctimas y sus familias, que se ponga rostro humano a tanto dolor y que se evite que los terroristas impongan su versión de lo sucedido. Verdad y memoria están, pues, intrínsecamente unidas.

El Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria y con una subsede en Madrid más especializada en terrorismo yihadista, llevará a cabo programas pedagógicos con el objetivo de prevenir el acercamiento de jóvenes a ambientes proclives al uso de la violencia. Precisamente, esta semana la familia de Ana María Vidal-Abarca, una mujer ejemplar y pionera en defensa de la dignidad y justicia para las víctimas, ha aceptado que la Sala de Exposición Permanente del Centro Memorial lleve el nombre de quien fue cofundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo y primera presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

Es indispensable educar en valores frente al terrorismo y lo estamos haciendo a través de los planes de educación. Así, por primera vez, una ley educativa, la LOMCE y sus desarrollos curriculares, han recogido el rechazo a la violencia terrorista; y la necesidad de educar en los valores de respeto y tolerancia, así como el papel de las víctimas como ejemplo con su testimonio para prevenir la radicalización violenta.

El camino de la justicia, pilar de nuestro Estado de Derecho, evitando la impunidad de los atentados terroristas con la actuación implacable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la actuación de jueces y fiscales y la colaboración internacional, es esencial para la reparación moral y social de las víctimas.

Tenemos la deuda moral de situar a las víctimas en el lugar de la historia que merecen. Como acertadamente señala el preámbulo de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, «la dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones de terrorismo».