Los letrados del Congreso apuntan al Derecho Europeo como freno a la amnistía

La tramitación de la proposición de ley de amnistía sufrió ayer su primer revés en el Congreso. El informe de los letrados de la Cámara Baja –previo a la discusión del texto en la Comisión de Justicia– no es vinculante para el Gobierno de Pedro Sánchez, pero sus «dudas de que pueda tener cabida en la Constitución» suponen una enmienda a esa proposición y una advertencia de un posible encontronazo con el Derecho de la Unión Europea. El documento no solo cuestiona la imprecisión a la hora de detallar los beneficiarios y los delitos amnistiados –una delimitación que, según aseguran los juristas de las Cortes, podría considerarse «arbitraria»–, sino que advierte de los riesgos de que la medida de gracia que ampara los delitos vinculados al «procés» durante más de una década también borre de un plumazo delitos de terrorismo y malversación, comprometiendo la «efectividad» de la normativa europea que persigue estos delitos y abonando presumibles «ámbitos de impunidad».

El informe jurídico alberga dudas sobre una de las premisas que sostiene el encaje constitucional de la medida que defiende la proposición de ley: la afirmación de que la amnistía del 77 formara parte del pacto constitucional, dado que la Carta Magna –recuerda– prohíbe los indultos generales de forma expresa y que en ese debate constituyente se rechazaron dos enmiendas que pretendían introducirla en el texto. Con esas premisas, los letrados cuestionan esa adecuación constitucional de la futura norma.

El análisis de los letrados tampoco pasa de puntillas sobre una de las cuestiones que más controversia genera –y generará cuando los jueces y tribunales tengan que aplicarla–, los efectos suspensivos de la aplicación de la medida de gracia ante los previsibles recursos ante el Tribunal Constitucional. Hasta el punto de expresar sus dudas sobre el hecho de que la proposición disponga que aunque un juez acuda al TC no estará exento de aplicarla de forma inmediata y de dejar sin efecto de forma inmediata las medidas cautelares acordadas (entre ellas, por ejemplo, la orden de busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont). Los letrados cuestionan que eso sea posible sin modificar la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC, que sí establece un efecto suspensivo.

Que la amnistía también cobije a los delitos de terrorismo, siempre y cuando no haya sentencia firme, también despierta los recelos de los juristas del Congreso, que advierten que esa previsión «puede ser contraria al Derecho europeo» teniendo en cuenta la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 2017, que establece la necesidad de castigar estos delitos con penas «eficaces, proporcionadas y disuasorias».

Especialmente contundente se muestran los juristas de la Cámara Alta sobre la obligación que impone a los jueces y tribunales la futura ley de amnistía de dejar en suspenso las órdenes europeas de detención cursadas en el marco de los procedimientos afectados por la medida de gracia. En este sentido, hacen hincapié en que se trata de una «piedra angular» de la cooperación judicial y recalcan que al aplicarlas, los jueces españoles actúan como jueces europeos. Y, como ya informó LA RAZÓN, recuerda la jurisprudencia del TJUE que establece «la autonomía del procedimiento de emisión de esta orden europea respecto del proceso penal interno». De ahí que alerte de que, sobre todo cuando la OEDE se haya cursado por delitos de malversación (como sucede en el caso de Puigdemont, aunque en su caso ahora mismo está paralizada) o terrorismo (ante una posible euroorden cursada por el instructor del «caso Tsunami», el juez Manuel García Castellón, contra el expresident), esa regulación «podría incidir en el ámbito propio del Derecho de la Unión Europea». O lo que es lo mismo: abre la puerta a que los jueces no suspendan las OEDE en vigor e aplicación del derecho comunitario.

Al mismo tiempo, critica que la proposición, tras enunciar los delitos que ampara la amnistía, incluya una «cláusula abierta», una indefinición que –recalcan– puede comprometer el principio de seguridad jurídica. La determinación de los supuestos y delitos amparados, debe ser «especialmente precisa». Del mismo modo, sostiene que el ámbito de aplicación de la ley (que Junts quiere ampliar) «puede hacer compleja» su aplicación.

Lo cierto es que este es el segundo informe de los letrados del Congreso ya que el primero estuvo liderado en su elaboración por el secretario general del Congreso Fernando Galindo, exalto cargo del Gobierno del PSOE, que se pronunció a favor de permitir que la norma siga su recorrido parlamentario y sea el Tribunal Constitucional, más adelante, quien se pronuncie «a posteriori» sobre el fondo. Cabe recordar que los letrados son funcionarios y su función es asesorar jurídicamente en la actividad legislativa, por lo que sus informes no son vinculantes, pero sí tienen mucha influencia. De esta manera, este segundo informe es una enmienda tanto a la propia ley como al informe previo que había liderado el letrado mayor y, sobre todo, alimenta las dudas sobre el futuro de la amnistía en un momento en el que se están empezando a torcer las cosas.

La presentación de las enmiendas de Junts y ERC, por separado, para amnistiar los delitos de terrorismo pueden acabar haciendo descarrilar la propia ley porque el PSOE las rechaza. Este jueves da inicio el trámite de ponencia y los socialistas aspiraban a despacharlo con una sola sesión para que el martes ya se pudieran votar las enmiendas en la Comisión de Justicia, pero todo apunta a que esa previsión temporal va a quedar en agua de borrajas por las divergencias jurídicas que hay entre los partidos.