Los letrados del Congreso piden ahora «depurar» la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (bautizada como Ley «mordaza» por sus detractores) pende de un hilo porque el bloque de la izquierda sigue sin ponerse de acuerdo en cuatro preceptos. La norma ha quedado abocada prácticamente a un «todo o nada» porque el PSOE se ha plantado ante las demandas de Esquerra y Bildu y hay algunas voces que aseguran que podría votarse la semana que viene, en Comisión (previo paso al Pleno), aunque hay otras que evitan asegurar nada. En cualquier caso, mientras los grupos exploran cuál será su posición final, los Letrados del Congreso han elaborado una nota con observaciones técnicas para que los diputados «depuren» y «perfeccionen» algunos puntos de la Ley, un aviso que conviene tener en cuenta después de los errores jurídicos que está acumulando el Gobierno con sus leyes.

En este sentido, en la nota, de 81 páginas, se advierte que en el articulado se utilizan indistintamente los términos «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» y «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» cuando «en ningún caso son equivalentes», lo que podría tener consecuencias indeseadas: «La utilización de una expresión u otra determina su ámbito de aplicación subjetivo». La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad engloba como tales a las «del Estado», que dependen del Gobierno, pero también a los cuerpos de Policía que dependen de las autonomías y ayuntamientos.

Los letrados también reclaman precisar qué preceptos tienen carácter orgánica y cuáles solo ordinario y, por ello, sugieren «incorporar una disposición final segunda bis (nueva) indicando qué preceptos son orgánicos y cuáles ordinarios».

En otro punto, también recomiendan hacer aclaraciones en distintos artículos de la Ley: en este sentido, hacen referencia a nueve preceptos distintos (artículos 4.3; 16.1; 17; 23; 32.3; 42.1; 46.1; 54; y, disposición final de entrada en vigor). Piden, por ejemplo, a los ponentes que se planteen «si la redacción es todo lo clara que se pretende» en el artículo 4.3, que hace referencia a las causas que justifican la intervención de la policía; o, matizan el artículo 16.1, relacionado con la identificación de personas, y se pide «especificar el tipo de infracción disciplinaria» al que podrían enfrentarse los agentes que actúen incorrectamente y se deje claro en el mismo artículo si sería una infracción «muy grave, grave o leve».

Los letrados también apuntan la necesidad de «concretar o completar» el artículo relativo a la disolución de manifestaciones para, entre otras cosas, «acomodarlo» a la terminología empleada en la Constitución en cuanto a los derechos de reunión y manifestación.

Los cuatro preceptos que generan discrepancias entre el Gobierno y Esquerra y Bildu son la desobediencia y resistencia a la autoridad (artículo 36.6); las faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); las devoluciones en caliente en la frontera (disposición adicional primera); y, la prohibición del uso de pelotas de goma (artículo 23). El Gobierno ha hecho ya una propuesta en ponencia, pero los socios la han rechazado.