La ley de amnistía amenaza el juicio contable a Puigdemont y Junqueras por el desvío de fondos públicos del "procés"

Diez días antes de la fecha límite para la investidura de Pedro Sánchez que evite unas nuevas elecciones, los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras, junto a casi una treintena de altos cargos de la Generalitat, serán juzgados a partir del próximo 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas -si la ley de amnistía no lo impide- por el presunto desvío de al menos tres millones de euros de dinero público para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y promocionar el "procés" en el extranjero a través de Diplocat entre 2011 y 2017.

Ninguno de los encausados está obligado a asistir al juicio, pues en la jurisdicción contable están representados por sus abogados, pero Puigdemont tendrá que declarar como demandado a petición de la defensa de Artur Mas. Con una orden nacional de detención vigente -salvo que una amnistía exprés lo remedie, algo que se antoja muy improbable si, como parece, el Tribunal Supremo recurre al Tribunal Constitucional esa normativa, lo que paralizaría provisionalmente el archivo de la causa del "procés" y las medidas personales aparejadas al expresident-, Puigdemont deberá testificar por videoconferencia ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Fuentes del tribunal dejan claro que una posible ley de amnistía "no tendría efectos hasta que se publique" y hacen hincapié en que "no se puede suspender el juicio por una ley que no existe". Será una vez se conozca "el ámbito de aplicación" de la normativa -es decir, constatar a qué responsabilidades afecta y a qué personas- cuando el organismo contable tenga que aplicarla.

Petición de suspensión incluso en la vista

Pero según esas mismas fuentes, las defensas de los demandados pueden solicitar la suspensión cautelar del juicio "hasta el mismo momento en que se celebre" e incluso al comienzo de la vista. Fuentes de las defensas de la treintena de encausados aseguran a LA RAZÓN que aún no han decidido si dar ese paso, que paralizaría el juicio contable.

En todo caso, si como parece así sucede finalmente, la decisión corresponde a una de los cuatro integrantes de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal, una resolución que puede recurrirse ante la propia Sala de Justicia del organismo contable (integrada por los otros tres consejeros que no han participado en la decisión inicial) y, posteriormente, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo mediante un recurso de revisión o de casación. Será, por tanto, el alto tribunal el que tenga la última palabra.

Además, añaden las fuentes consultadas, el Tribunal de Cuentas podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque los precedentes se pueden contar casi con los dedos de una mano (ese recurso solo está al alcance, por ley, de los órganos judiciales). Pero esa posibilidad, precisan, "no está ahora mismo sobre la mesa".

Polémico aval de la Generalitat

Además de los dos expresidentes de la Generalitat y del líder de ERC, entre los demandados figuran tres exconsellers condenados por malversación por el Tribunal Supremo –Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa–, así como Toni Comín y Lluís Puig, que también integraron el Ejecutivo de Puigdemont y que, como él, huyeron a Bruselas.

Todos ellos se enfrentan a una reclamación por alcance contable (por un supuesto uso fraudulento del erario público) de algo más de tres millones de euros por parte de la Fiscalía (que en su día llegó a situar ese montante en nueve millones y medio de euros), que la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva a cinco millones.

El aval de esa cantidad fue fruto de controversia en el tribunal, que inicialmente no aceptó que la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas, garantizase el dinero reclamado (4,1 millones de euros de los 5,4 que entonces se exigió afianzar a los encausados). Pero en febrero pasado, tras la renovación de la institución, el organismo contable -ya con mayoría progresista- cambió de opinión y avaló que la Generalitat pudiese afianzar ese montante a través del Fondo Complementario de Riesgos, evitando así que la treintena de ex altos cargos tuviesen que avalar personalmente esas cantidades, sorteando un posible embargo.

Y es que el Tribunal de Cuentas fijó inicialmente una fianza de 1,9 millones para Puigdemont y Junqueras; de 2,8 millones para Artur Mas y de 2,1 para el exconseller Raül Romeva.