La ley de Familias de Belarra vuelve a comprometer la "solvencia legislativa" del Gobierno

Otra «ley estrella» de Unidas Podemos, otro proyecto legislativo en el punto de mira. El Consejo de Ministros aprobó ayer, en segunda lectura, la ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra. Una norma que reconoce la diversidad de situaciones familiares y aborda la «emergencia de conciliación» con nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes. Cuestiones de primer orden que acaban relegadas a un segundo plano, ante el cuestionamiento de la «solvencia jurídica» de la norma.

No es la primera vez que un texto que emana del ala morada lleva aparejada la polémica. Especialmente tortuosa ha sido la experiencia de la ley del «solo sí es sí», cuya reforma sigue en trámite parlamentario y que provocó un profundo choque entre los socios de coalición a cuenta de la necesidad de ampliar la horquilla penológica. Finalmente, la norma se modificará sin el concurso del ministerio proponente, el de Igualdad. Tampoco la ley trans, marca Podemos, estuvo exenta de controversia, porque el PSOE pugnó sin éxito por dotar de mayor seguridad jurídica la inscripción registral de los menores trans.

El patrón se repite. Leyes que salen con deficiencias –incluso reconocidas por la parte socialista– del Consejo de Ministros por el enconamiento de los morados en sus posiciones y que se remiten al Congreso, como quien apela a una segunda instancia, para que sea ya con el concurso de otros partidos de la oposición donde el PSOE pueda doblar el brazo a sus socios en el Gobierno para resolver los flecos pendientes. No siempre se consigue.

La ley de Familias amenaza con ser un nuevo mazazo a la solvencia legislativa del Gobierno. El Ejecutivo apenas ha retocado el texto original con las recomendaciones del Consejo de Estado, que «no cambian elementos sustanciales, manteniendo las claves y los avances de la ley», señalan desde el Gobierno. Sin embargo, entre los cambios que sí se han atendido está, precisamente, uno simbólico: la renuncia a prohibir el conocido como «pin parental» que abandera Vox. El anteproyecto, al hablar de los derechos de los menores, prohibía que padres o tutores impidieran el acceso a contenidos sobre diversidad familiar a través del conocido como «pin parental» en los centros educativos.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la norma sin atender al dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que advierte de que la ley puede solapar dos o más categorías de familias, crea confusión, rebasa el marco constitucional y genera inseguridad jurídica y desigualdad entre los destinatarios de las medidas de protección. Entiende el órgano de gobierno de los jueces que es «inconveniente y desde luego desaconsejable» que una ley ordinaria incorpore previsiones propias de una ley orgánica y asegura que existen «dudas» de la competencia del Estado en materia de la regulación de la protección social a las familias. Hay que recordar que el CGPJ ya advirtió al Gobierno, en su día, de la necesidad de elevar las horquillas de penas en la ley del «solo sí es sí» para evitar revisiones a la baja.

En este sentido, fuentes gubernamentalesse emplazan al trámite parlamentario –como ya ocurriera en el pasado– para corregir las deficiencias que sea necesario subsanar a fin de dotar de la suficiente seguridad jurídica a la norma. En la parte socialista son conscientes de que estas leyes deben tener la solvencia suficiente para que, superado el horizonte de su aprobación en el Congreso, puedan sobrevivir más allá de los recursos que la derecha presentará ante el Tribunal Constitucional y el afán derogador del si llega al poder tras las generales.

En medio de las dudas por el contenido de su ley, Ione Belarra volvió ayer a la escenificación de la discrepancia, subiendo un vídeo –en paralelo a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros– en el que explicaba el contenido de la norma. Los morados se quejan de que pidieron a Moncloa comparecer para tener foco y vender la norma y que se les negó la oportunidad. Una negativa que contrasta, en su opinión, con la «alfombra roja» que le pusieron a Yolanda Díaz durante la moción de censura. Creen que Moncloa está interfiriendo en la interna de Podemos, restándoles visibilidad, pese a que les necesitarán después de las elecciones, informa R. Esteban.

Fuentes gubernamentales responden que Belarra ya presentó la norma cuando se aprobó en primera lectura y que dado que ahora no tenía «cambios sustantivos» en su contenido, se optó por priorizar en la comparecencia las «cuestiones económicas» –la prórroga de la excepción ibérica y las pensiones– que tanto preocupan a los ciudadanos.