La Ley de Memoria Democrática ha «reparado» ya a 39 víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura

Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática (LMD) y hasta el 27 de febrero han sido expedidas 39 declaraciones de reconocimiento y reparación personal a las víctimas conforme al artículo 6 de la norma. Así consta en una respuesta del Gobierno al diputado de ERC Gabriel Rufián, que dirigió una pregunta por escrito, a través del Registro del Congreso de los Diputados, acerca del desarrollo de la LMD que entró en vigor el pasado octubre en sustitución de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, «se está desplegando desde su entrada en vigor», concreta el Ejecutivo. Así, «prácticamente en la primera semana, estaban suprimidos 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978»; asimismo «se publicó la Instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava» –que ha sido recurrida en los tribunales por su presunto carácter «irregular»–; se celebró «un acto de Estado por el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura» –el 31 de octubre–, y «días después, los restos mortales de uno de los principales dirigentes del golpe militar de 1936 fueron retirados del lugar preeminente que ocupaba en una conocida basílica sevillana, en aplicación de la Ley», en referencia a la exhumación en la hispalense Basílica de la Macarena de Gonzalo Queipo de Llano, el pasado 3 de noviembre.

Apunta el Gobierno que «el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática tendrá carácter público y accesible en la web del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, donde se publicarán anualmente las actualizaciones y actuaciones realizadas». A esta relación «se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas, que resulten del ámbito de cooperación, comunicación e información entre las administraciones públicas, así como aquellos elementos que se soliciten por las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas».

En cuanto a la «retirada o eliminación» de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática [artículo 37], «conforme al artículo 35.3 se establece que las administraciones públicas [...]adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos, y que por su parte, el artículo 14 dispone que las actuaciones que lleven a cabo las administraciones, en sus respectivos ámbitos competenciales, se regirán por el principio de colaboración y subsidiariedad».

Respecto a los estudios a que se refieren las disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta –que determinan los plazos para la elaboración y la designación de las comisiones técnicas que definan el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas, así como los supuestos de vulneración de derechos humanos–, se especifica que en su composición se contará «con personas expertas especializadas en la materia objeto del estudio», que «establecerán su calendario de sesiones y el método de trabajo» y «podrán convocar a las reuniones, con voz pero sin voto, a otras personas expertas e interlocutores sociales».

Sobre la reparación económica, Esquerra ha hecho siempre mucho énfasis y, de hecho, fue prácticamente esencial para que se abstuviera durante la votación de la ley. En cualquier caso, los republicanos son muy críticos con cómo está desplegando la norma el Ejecutivo y atribuyen la lentitud a su «falta de voluntad»: «El Gobierno aprobó la ley para ponerse una medalla», apuntan.

Acerca del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, el Ministerio de Justicia «ya trabaja en la adquisición del software adecuado para su funcionamiento». Además, está haciendo lo propio para elaborar «un manual técnico» para laboratorios que van a registrar los perfiles genéticos, así como un estudio «para la acreditación de los laboratorios por parte de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN».

En cuanto al «reconocimiento y reparación a las víctimas» que realizaron trabajos forzados, «se han realizado actuaciones como las investigaciones sobre la arqueología del Valle de los Caídos» –prospección y excavación en los espacios de vida de los trabajadores y familiares que vivieron en los aledaños de Cuelgamuros– o «sobre el destacamento penal franquista de Bustarviejo».

Por último, el Gobierno informa de que «se está trabajando tanto en la realización de la auditoría de los bienes expoliados» como en la «elaboración del Reglamento de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados».

Artículo 6: medidas de reconocimiento

La LMD reconoce y declara el «carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación jurídica para establecer esas condenas y sanciones». La norma reconoce el «derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal, compatible con los demás derechos y medidas reconocidas en el resto de normas del ordenamiento jurídico».