La ley obliga a Defensa a exigir un pago por los terrenos para las viviendas prometidas por Sánchez

Pedro Sánchez sigue con su goteo de anuncios en materia de vivienda en plena precampaña, pero la materialización del plan habitacional es mucho más lenta, complicada y costosa de lo que parece. En este sentido, entre la variedad de obstáculos para la construcción de esos pisos de alquiler social está que los últimos 20.000 anunciados por Sánchez se levantarán sobre terrenos del Ministerio de Defensa y su titular, Margarita Robles, ya ha advertido de que ese suelo no se puede ceder gratis, sino que, tal y como estipula la ley, debe haber una contraprestación.

De momento, esa contraprestación se desconoce, aunque previsiblemente será una operación de un alto volumen económico. Robles también ha explicado que son terrenos de Defensa que "no están en uso" y, de hecho, suponen un coste de mantenimiento que corre a carga del presupuesto del departamento, por lo que al Ministerio le saldría a cuenta esta operación. Con ese dinero que ingrese, la ministra ha indicado que existe la intención de dedicarlo a la modernización de las Fuerzas Armadas y a cumplir con los compromisos con la OTAN.

En total, en los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa se construirán 20.000 viviendas públicas nuevas, que se unen a las 93.000 anunciadas la semana pasada por Sánchez. Estas 20.000 viviendas serán construidas a través de SEPES (Sociedad Pública Empresarial de Suelo), organismo integrado en el Ministerio de Transportes. De esas otras 93.000, 50.000 serán aportadas por la SAREB, aunque la gran mayoría de ellas están habitadas o por construir.

En estos momentos, el Ministerio de Defensa y el SEPES se encuentran en conversaciones para el traspaso de los terrenos, aunque la compraventa requiere de una tasación porque debe fijarse precio de mercado. "No es algo electoral, llevamos muchos meses negociando", ha señalado Robles. En este sentido, ahí entra en juego un grupo de expertos que deberá tasar los terrenos para construir las viviendas, que estarán repartidas por todas las Comunidades Autónomas.