Un agente encubierto pilló a los “hackers” que filtraron datos de Pedro Sánchez y varios ministros

La Audiencia Nacional deja en libertad provisional a los dos jóvenes detenidos por la filtración de datos personales y privados de Pedro Sánchez, varios de sus ministros y otros dirigentes políticos, tras pasar a disposición judicial este jueves, según confirman solventes fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

El magistrado Francisco de Jorge les ha impuesto como medidas la retirada del pasaporte para evitar que abandone el país y la obligación de comparecer periódicamente sede judicial.

Se trata de dos chicos, de 18 y 19 años, a los que la Policía Nacional arrestó este pasado martes en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria acusados de un delito de ciberterrorismo por haber difundido en un canal de Telegram los domicilios privados, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónicos.

Las pesquisas policiales le atribuyen a ambos ser las personas detrás del grupo de hackers Akkaspace, que habría atacado y robado datos de los servidores de la Dirección General de Tráfico (DGT), el Punto Neutro Judicial y la Agencia Tributaria.

Pese a que se daba por hecho que su destino sería la prisión provisional, finalmente los dos investigado han decidido declarar y han contestado a todas las preguntas que le han formulado el juez y el fiscal.

Uno de los presuntos hackers, el de más edad, al que representa el abogado Juango Ospina, ha reconocido que recibió un pago de un agente encubierto y, después, él abonó el precio para acceder a los datos de los políticos, cobrando por ello.

Sin embargo, ha negado que él y su compañero estuviesen detrás de los ataques informáticos a las páginas webs de los citados organismo estatales, apoyándose en que no tiene los suficientes conocimientos tecnológicos para haber sido capaz de llevarlo a cabo.

Además, apuntó a que la cuenta de Telegram desde la que se compartió esta información sensible estaba administrada también por terceras personas. Ahora, la investigación seguirá su curso bajo secreto de sumario y no se descarta que próximamente se produzcan más detenciones.

Durante las entradas y registros de los imputados, la Policía se ha incautado de sus móviles y ordenadores, cuyo contenido procederán a volcar.

Entre los afectados por la filtración figuran la vicepresidenta María Jesús Montero; los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz; también antiguas caras del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, o la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y hasta implicados en el "caso Koldo".