Limitar plazos a los jueces: una reforma del PP que Sánchez "derogó" y ahora recupera para la amnistía

Pedro Sánchez ha abierto la puerta este lunes a limitar el plazo temporal de las investigaciones judiciales e impedir las prórrogas. ¿Por qué? Porque el juez Manuel García-Castellón ha solicitado recientemente una prórroga de la instrucción de la causa de Tsunami, vinculada al "procés" y que afecta a Carles Puigdemont, y eso está bloqueando la aprobación de la ley de amnistía porque Junts quiere saber cuál es el desenlace judicial antes de dar su último "sí" a la medida de gracia para blindar a todos los independentistas encausados. Sin embargo, este anuncio de Sánchez, hecho en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta, es una nueva contradicción con su posición en el pasado porque la limitación del plazo de las instrucciones judiciales es una reforma que introdujo el PP en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 324) en 2015 y el PSOE se opuso férreamente, hasta que en 2020 ha conseguido "derogarla" (al final ha quedado en una modificación).

De hecho, a los pocos meses, en 2016, el PSOE de Sánchez impulsó una proposición de ley para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que regula las prórrogas de las instrucciones judiciales. Los socialistas aducían que la reforma legal del PP para limitar los plazos de instrucción judicial a seis meses (a 18 meses para causas complejas) "genera una manifiesta inseguridad jurídica, y puede traer como consecuencia la impunidad de muchos delincuentes que busquen aprovechar los recovecos e incoherencias de la regulación que se propone". Sin embargo, la proposición de ley de 2016 del PSOE no prosperó porque los socialistas estaban en la oposición y no contaban con una mayoría suficiente.

Ya en el Gobierno, en 2020, el PSOE aprovechó para modificar el artículo 324 a través de una proposición de ley de Podemos. La propuesta legislativa de Podemos apostaba por la derogación porque consideraban que los límites de tiempo para instruir dejaban impunes los casos de corrupción. Sin embargo, los socialistas finalmente suavizaron su postura y enmendaron el texto de los morados: tanto es así que, en vez de derogar completamente la reforma del PP, hicieron modificaciones, aunque de alto calado porque se elevó el plazo máximo de investigación de seis a doce meses, pero prorrogable de forma ilimitada (cada seis meses o menos).

Además, con la reforma del PSOE y Podemos la potestad para solicitar las prórrogas en la fase de instrucción recae en los jueces ya que esa facultad, con la reforma de 2015 del PP, estaba en manos de la Fiscalía. En estos momentos, un juez, con un auto motivado, puede acordar la prórroga de la investigación de un caso: es decir, es lo que ha hecho recientemente el juez García-Castellón con Tsunami, una causa en la que se investiga por terrorismo a los independentistas y que puede afectar a Carles Puigdemont y Marta Rovira. Esta misma causa es la que está bloqueando la tramitación de la ley de amnistía porque Junts cree que Puigdemont no podrá beneficiarse de la medida de gracia porque considera que los jueces que están instruyendo causas relacionadas con el "procés" responderán en función de cómo se apruebe el texto final.

De esta manera, Sánchez vuelve a protagonizar un "cambio de opinión" para sobrevivir en la Moncloa: en esta ocasión, para tratar de salvar la amnistía y contentar a Junts.