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La fianza del procés: 2,1 millones a Puigdemont y su ex Govern

Con esa cantidad deben hacer frente al gasto de dinero público en el desafío independentista

  • El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Foto / Efe
    El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Foto / Efe
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

30 de junio de 2018. 04:58h

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Ricardo Coarasa / Rocío Esteban.  Madrid. 29/6/2018

Carles Puigdemont y los trece ex integrantes de su Govern tendrán que abonar el próximo miércoles 2,1 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a los costes del proceso independentista que, supuestamente, se pagaron con dinero público. El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa contra los líderes del «procés», dio ayer 48 horas de plazo (que empiezan a contar a partir del primer día hábil, el próximo lunes) al ex president y a los ex consellers procesados por un delito de malversación de caudales públicos –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluis Puig, Carles Mundo, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Serret y los fugados Clara Ponsatí y Antonio Comín– para que de forma solidaria aporten 2.135.948 euros en concepto de fianza de responsabilidad civil. Además, el magistrado les apercibe de que, si no satisfacen esa cantidad en el plazo señalado, se procederá al embargo de sus bienes hasta alcanzar ese montante.

En el auto de procesamiento de los responsables del desafío soberanista, Llarena cifró el pasado 23 de marzo en 2,1 millones el montante de la fianza civil (el coste del procés, 1,6 millones, más el tercio legal). Sin embargo, posteriormente un informe de la Guardia Civil elevó el pasado mayo a 3,2 millones la factura del referéndum ilegal del 1-O.

En ese informe, el Instituto Armado precisaba que la Generalitat ya había pagado casi 1,6 millones de ese montante y quedaba pendiente el abono de otros 1.664.848 euros.

El Departamento de Presidencia asumió los gastos por los anuncios y publicidad del referéndum ilegal del 1-O, la difusión del registro de catalanes en el exterior y la web de la consulta independentista.

La Consejería de Economía que dirigía Junqueras abonó 1,2 millones para habilitar un Call Center del 1-O y, a través de Diplocat (el organismo encargado de extender la red de «embajadas» catalanas por el extranjero) desembolsó otros 315.316 euros (y tiene pendientes otros 52.815 euros) por el coste de los observadores internacionales (vuelos y alojamientos, sobre todo).

El reparto de 56.000 cartas certificadas para el nombramiento de los miembros de las mesas y la distribución de 5,3 millones de tarjetas censales (más de un millón de euros en total), unido a la impresión de los carteles publicitarios (de los que se hizo cargo Òmnium Cultural tras recibir el encargo de Presidencia), los actos de presentación del referéndum y del inicio de campaña (costeados por el grupo parlamentario de Junts pel Si y la Asamblea Nacional Catalana) completan la relación de los principales gastos del 1-O investigados por la Guardia Civil que habrían sido abonados con fondos públicos.

Aunque ni siquiera fueron acusados de malversación, el también ex presidente de la Generalitat Artur Mas y sus antiguos consellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, así como el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana tuvieron que hacer frente, en noviembre del pasado año, a una fianza de 5,2 millones de euros que les impuso el Tribunal de Cuentas para responder del desembolso de dinero público en la consulta soberanista del 9-N, en el año 2014. En su caso, la abonaron consignando 2,9 millones en efectivo y el resto con el aval de varios inmuebles.

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