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Los 108 vídeos de la Fiscalía frente al relato «pacifista» del «procés»

Los fiscales piden al tribunal que se exhiban 32 grabaciones de agresiones a agentes el 1-O documentadas por la Guardia Civil.

  • Varios agentes de Policía, rodeados por manifestantes durante el registro de la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. Foto: REUTERS
    Varios agentes de Policía, rodeados por manifestantes durante el registro de la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. Foto: REUTERS

Tiempo de lectura 4 min.

26 de mayo de 2019. 03:02h

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Ricardo Coarasa Madrid. 26/5/2019

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto al tribunal del juicio del «procés» la exhibición a partir de mañana, cuando se empieza a practicar la prueba documental, de más de un centenar de vídeos con los que intenta acreditar la existencia de violencia en el proceso soberanista, determinante para mantener la acusación por rebelión contra los líderes independentistas, y el papel que jugaron los Mossos. Más de la mitad, 65, fueron grabados por la Guardia Civil.

En un escrito remitido a la Sala el martes, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena piden el «examen, audición y visionado» de 108 vídeos –además de un número indeterminado de secuencias sobre los registros practicados el 19 y 20 de septiembre de 2017 en las consejerías de Economía y Exteriores y en la sede de Unipost en Sabadell (Barcelona)– y de un audio de una entrevista al ex conseller de Interior Joaquim Forn en Vilaweb.

Con esta batería de imágenes, el Ministerio Público pretende contrarrestar el arsenal de vídeos propuesto por las defensas de los acusados para intentar demostrar el carácter supuestamente pacífico del «procés» y desviar el objeto del proceso hacia la actuación policial en la jornada del 1-O. La relación de la Fiscalía se centra en los altercados en la Consejería de Economía el 20-S, que obligó a la comitiva judicial a abandonar de madrugada el edificio por la azotea de un teatro contiguo, y en el papel que jugaron los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis»; en las agresiones denunciadas por decenas de agentes que testificaron en la vista oral y en los vídeos grabados por las Fuerzas de Seguridad el 1-O.

En particular, solicita que se exhiban tres vídeos «sobre los incidentes acaecidos el 20-9-2017» incorporados a la pieza separada IV del procedimiento: dos sobre «los Jordis» y uno en relación a «Mireia Boya», la ex diputada de la CUP pendiente de juicio por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su actuación en el «procés».

La supuesta actuación de «colaboración» de Sánchez ese día ha quedado muy malparada en la fase testifical. El oficial de la Guardia Civil responsable del dispositivo durante los registros de la Consejería de Economía explicó al tribunal que Sánchez llevaba «la voz cantante de lo que pasaba fuera» y que «pese a que decía que su actitud era colaborativa, nunca cedió» y rechazó «en redondo» que los detenidos accedieran al edificio en vehículos policiales y custodiados por agentes uniformados. El responsable de la Brimo (los antidisturbios de los Mossos) tampoco dejó en buen lugar al ex presidente de la ANC. «Me exigió que quitara la Brimo, que nos largáramos», declaró en la vista oral. «No es lo que hemos acordado, salid de aquí», contó que le exigió Sánchez, que ante su insistencia en desplegar a sus hombres para garantizar la salida de la comitiva, le amenazó: «Voy a llamar al president y al conseller y te vas a largar».

Asimismo, los fiscales del Supremo también hacen referencia a dos DVD que el instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, ya admitió como documental en mayo del pasado año a propuesta precisamente de la Fiscalía, uno de ellos con 13 vídeos y el otro con 16; y a un tercero «con vídeos relacionados con los hechos acaecidos el 20 de septiembre», algunos recogidos de internet, durante los registros de las consellerias y de la sede de Unipost en Sabadell.

La Guardia Civil aporta el grueso de la prueba documental propuesta por la acusación pública. En total, 65 grabaciones, de las que 32 se refieren específicamente a «hechos de agresión» a agentes durante la actuación policial el 1-O. Además, la Fiscalía pide que se vean en la sala otras 33 grabaciones ya incorporadas como anexos documentales a las diligencias previas practicadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2017 antes de que la causa fuese asumida por el Supremo.

Decenas de guardias civiles y policías que han declarado como testigos en el juicio han cuestionado el carácter pacífico de esa «resistencia pasiva» que, según las defensas de los acusados, predominó en los centros de votación el 1-O. Los agentes denunciaron las agresiones, insultos y amenazas que recibieron al intentar cumplir con la orden judicial de impedir la votación. La ya recurrente imagen de los concentrados brazos en alto gritando «som gent de pau» (somos gente de paz) fue cuestionada por las Fuerzas de Seguridad. «Me chocó que la gente que iba con los brazos en alto te pegaba y decía que era gente de paz», aseguró un agente. En general, contaron que se enfrentaron a una actitud «absolutamente hostil», muy alejada de esa «cultura de la no violencia» en la que han insistido los testigos propuestos por las defensas, que han denunciado la desproporción de la actuación policial y las lesiones que sufrieron al intentar impedir la entrada de policías y guardias civiles en los colegios.

Del mismo modo, los fiscales quieren que el tribunal valore siete vídeos grabados por la Policía, otros dos sobre el registro de la sede de Unipost en Tarrasa (Barcelona) –varios guardias civiles criticaron en el juicio la actuación de los mossos por conducirles a la salida a una calle en obras que definieron como «una ratonera»– y dos más incluidos en la «pieza separada de malversación» de uno de los tomos de la causa.

Por último, el Ministerio Público solicita que se escuche un audio de una entrevista a Forn en Vilaweb que, según fuentes fiscales, acredita que el entonces conseller de Interior hizo lo posible para que la votación suspendida por el Constitucional se llevara a cabo y que la actuación de los Mossos respondía a un plan preconcebido desde la Generalitat para permitir el 1-O.

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