Los abogados de ETA defraudaron más de 1,3 millones y pagaban «en negro»

Hacían llegar a cada preso al mes 125 euros en España y 135 en Francia, además de las órdenes de la banda

-Jaque Mate. A la «operación Jaque», desarrollada por la Guardia Civil en enero de 2013 contra el entramado de control de los presos de ETA, siguió ayer la denominada «Mate», en la que fueron arrestados 12 miembros del llamado «colectivo de abogados» y cuatro individuos, que procedían de la ilegalizada Herrira, y a los que se imputan una serie de delitos de carácter económico. Según fuentes antiterroristas, consultadas por LA RAZÓN, no abonaban el IVA y a algunos trabajadores les pagaban en «negro», sin darles de alta en la Seguridad Social.

Los letrados arrestados habrían dejado de declarar a Hacienda 1.300.000 euros durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK). Estos gastos fueron sufragados por la citada Herrira.

Los abogados continuaban con la labor de los arrestados del año pasado, dedicada a mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda dentro del «frente de cárceles». Por ejemplo, se ocupaban de que a todos los reclusos del citado colectivo les llegara su asignación mensual, que es de 125 euros para los que están en España y 135 para los de Francia, más la suscripción a un periódico. Este dinero era también «negro», al proceder de recolectas y de otras vías, según las citadas fuentes.

Según el Ministerio del Interior, el «colectivo de abogados», integrado en el «frente de cárceles», es una estructura organizada, formada por letrados. Aprovechan la cobertura que les otorga su actividad profesional para, de acuerdo con las directrices marcadas por la banda terrorista, participar activamente en el mantenimiento del adoctrinamiento ideológico e informar permanentemente a la dirección de ETA de la situación personal, jurídica y del compromiso de los presos con los postulados de la organización criminal. Asimismo, transmitían a los reclusos las directrices e instrucciones de la propia organización criminal. Toda una labor encaminada a prevenir posibles disidencias internas.

Hasta llegar a las detenciones practicadas ayer, la Guardia Civil ha analizado la documentación intervenida en los registros efectuados en anteriores operaciones contra las diferentes estructuras del «frente de cárceles» y otras son consecuencia de investigaciones paralelas. «El resultado de este amplio trabajo ha sido la identificación de los integrantes del “colectivo de abogados” como presuntos autores de un delito de integración en organización terrorista».

En concreto, dicha documentación ha permitido determinar que las actividades para mantener a los presos bajo la disciplina de ETA se combinaban «con una acción en el exterior sobre sus familiares mediante un entramado de apoyo social a favor de los mismos, que se veía complementada con medidas económicas y asistenciales».

Los miembros del «colectivo de abogados» utilizaban las llamadas «rondas de control a los presos de ETA», en las que los letrados visitaban a los miembros de la banda en prisión y aprovechaban estos encuentros para «alimentarlos políticamente», trasladarles instrucciones, directrices y todo tipo de información.

De esta forma, los ahora detenidos llegaron a mantener anualmente contactos con la mayoría de los miembros de la banda en prisión. Realizaron visitas a más del 95% de los centros penitenciarios en los que hay internos de la banda. En unos casos, contactaron directamente con los presos y en otros lo hicieron a través de los denominados «responsables de cárceles», es decir, aquellos presos de ETA designados por la organización terrorista para ejercer el control y dirección de los reclusos en cada prisión.

Los detenidos como tesoreros de Herrira gestionaban los mismos recursos económicos que las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, además de utilizar las mismas técnicas, hasta el punto de asumir sus deudas pasadas y continuar su actividad. Entre sus funciones se encontraban la de efectuar los pagos a los letrados que formaban parte del «colectivo de abogados» por las actividades que realizaban.

En definitiva, el «colectivo de abogados», según Interior, es un elemento fundamental para la transmisión de información entre ETA y sus militantes en prisión. Por ello, constituye un baluarte para garantizar la cohesión y el mantenimiento de la disciplina interna del EPPK. En este sentido, cabe destacar que estas funciones están exclusivamente dirigidas a los presos de ETA y a los de las organizaciones de apoyo.

Los detenidos en la operación de ayer son los siguientes. Abogados: Alfonso Zenon Santos; Amaia Izko Aramendia; Arantza Aparicio Lopetegui; Ainhoa Baglietto Gabilondo; Onintza Ostolaza Arruabarrena; Jaione Carrera Ciriza; Atxarte Salvador Navarro; Haizea Ziloaga Larreategui; Eukeene Jaúregui Lejona; Kepa Mancisidor Chirapozu; Aierte Larrarte Aldasoro y Ane Ituiño Pérez. De la Tesorería de Herrira: Francisco Javier Balda Araña; Jon MIntegiaga Oyarbide; Javier Carballido Ezquerra y Nagore San Martín Monton.