Los bandazos de Sánchez rompen la mayoría de la moción

Las rectificaciones en materia migratoria, sobre la subida de impuestos o la defensa de Llarena tensionan las relaciones parlamentarias. El PDeCAT amaga con tumbar los Presupuestos pactados con Podemos.

La exigua mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez está complicando sobremanera la gobernabilidad. El Ejecutivo hace equilibrios para intentar mantener el encaje de todas las partes implicadas, pero cuando una pieza del «gobierno Frankenstein» se inhibe, el «monstruo» no acaba de funcionar. La debilidad del Ejecutivo en el Congreso ya quedó patente en votaciones frustradas como las de la renovación del Consejo de Administración de RTVE o el techo de gasto. Entonces falló la calculadora y la pericia negociadora, ahora a estas carencias se suman las múltiples rectificaciones de un Gobierno que corre el riesgo de dilapidar la frágil mayoría de la moción de censura que le llevó al poder. El último aviso ha venido por parte de los partidos independentistas. De la ardua negociación presupuestaria que está llevando a cabo el Ejecutivo con Unidos Podemos se ha excluido, en principio, al resto de partidos cuyos votos también son imprescindibles para sacar las cuentas públicas adelante. El hecho de mantener al margen a estas formaciones decisivas hace que cualquier desacuerdo de los nacionalistas con los escasos avances que se están registrando pueda dar al traste con toda la negociación.

Este escenario se explicitó ayer cuando el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, mostró su oposición a la subida del IRPF que ultiman Gobierno y Unidos Podemos para las rentas de más de 150.000 euros. Campuzano sostuvo que la fiscalidad debe servir para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo y calificó de «error» «cualquier impuesto que no tenga esta prioridad». Fuentes de la formación soberanista critican la falta de interlocución con el Gobierno y el portavoz de Presupuestos de los ex convergentes, Ferrán Bel, afeó «la lluvia de ideas dispersa e inconexa de estos meses». «No todo lo que hemos escuchado nos gusta, como el planteamiento contradictorio de que primero se dijo que no se modificaba el IRPF y ahora hay propuestas de modificarlo. También se dijo que el Impuesto sobre Sociedades no afectaría a las pymes y parece que a algunas sí podría afectar», le espetó Bel a la ministra María Jesús Montero durante la comparecencia de la titular de Hacienda en el Congreso. Los independentistas se van a cobrar muy caro su apoyo a las cuentas públicas que el Gobierno prevé aprobar en noviembre. En pleno «otoño caliente» van a hacer valer su voto decisivo para presionar al Ejecutivo en diversos frentes. El primero, el judicial. Ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ligó su apoyo a los Presupuestos a que la Fiscalía General del Estado retire los delitos de rebelión y sedición que pesan sobre los encausados del procés. «Si el Gobierno no da el paso de hacer que la Fiscalía se pronuncie sobre estas acusaciones, costará mucho aprobar los Presupuestos», advirtió.

Al vaivén de posicionamientos del Ejecutivo se mueven también sus socios de la moción. Las últimas decisiones que han puesto en riesgo la sintonía, especialmente con Unidos Podemos, se han producido en el ámbito de la política migratoria y de la Memoria Histórica. Los cambios de criterio del Ejecutivo sobre la acogida de inmigrantes del «Aquarius», a cuyo segundo barco se rechazó ofrecer España como puerto seguro «por no ser el más cercano» ni darse una situación de «excepcionalidad» tal como la de la primera tripulación a la que sí se acogió o la devolución en caliente del centenar de inmigrantes que cruzaron la frontera ceutí haciéndose valer de la violencia han provocado que sus otrora aliados de la izquierda se sumen a las críticas que vierte la derecha. La formación morada pidió la comparecencia del ministro de Interior Grande-Marlaska por considerar «escandalosa» esta práctica que –sostienen– «difícilmente garantiza los derechos humanos». Por su parte, desde el PP, Pablo Casado lamentó que «primero nos insultan por criticar su incompetencia y luego dan marcha atrás y hacen lo que reclamábamos. Inmigración, economía... y ahora Justicia». El presidente del PP se refiere a la decisión del Gobierno de rectificar y garantizar la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica, un extremo al que se había negado en un principio. También este cambio de actitud le costó el reproche de Unidos Podemos que criticaron que todos los españoles tengan que costear la defensa del juez del Tribunal Supremo. También desde ERC se aprovechó este cambio de criterio para acusar de cobarde a Pedro Sánchez.

Otro de los puntos de fricción entre los socios del Gobierno se produjo en el ámbito de la Memoria Histórica, en lo relativo a la renuncia a «resignificar» el Valle de los Caídos y limitarse a convertirlo en un cementerio civil, manteniendo la basílica. El secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, dejó claro que no comparte el «cambio de parecer» del Ejecutivo e IU criticó abiertamente la «improvisación».