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Los disidentes de ETA exigen que los abogados de la banda también vayan a la cárcel

Califican el acuerdo logrado con la Fiscalía para su libertad de “catastrófico”

  • Juicio a los 47 acusados de integrar el frente de cárceles de ETA/Foto: Efe
    Juicio a los 47 acusados de integrar el frente de cárceles de ETA/Foto: Efe

Tiempo de lectura 4 min.

17 de septiembre de 2019. 09:28h

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J.M.Zuloaga 16/9/2019

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Aministía eta Askatasuna (ATA), la facción disidente de ETA que, según algunos expertos tiene en su poder hasta 60 pistolas, considera que el acuerdo al que se ha llegado esta mañana para que los abogados de la banda eludieran la cárcel es “catastrófico”. Además, les recuerdan “que históricamente hemos entendido la cárcel como otro espacio de lucha; lo que ha hecho este acuerdo ha sido dar por buenas la criminalización y la persecución de esas organizaciones. Esto es más grave si tenemos en cuenta que muchos de los acusados tenían cargos liberados, lo que conlleva aceptar de antemano determinados riesgos”.

El ataque tiene como trasfondo la situación de los presos de la banda que todavía siguen en la cárcel y al que se les ha mandado el mensaje de que ellos se quedan entre rejas mientras sus abogados siguen en

libertad. Se trata de un paso más de la fractura que existe entre ETA y la izquierda abertzale que encabeza Arnaldo Otegui.

En la medida en que somos (y son) militantes políticos, sabemos bien que las decisiones que tomamos en calidad de militantes, además de las consecuencias personales, también acarrean consecuencias políticas”, subrayan.

“La militancia política es una decisión libre y consciente a la que se puede renunciar cuando alguien alcanza su propio límite, es una actitud obligada tan solo por el compromiso personal. A nadie se le amenaza para empujarle a la lucha. De haber una amenaza, esa es la que los Estados nos lanzan para que nos quedemos en casa. Cuando alguien se ha cansado siempre se le ha dado la posibilidad de irse a casa, aunque nunca se ha presentado esto como el modelo a seguir”, recuerdan a los letrados.

“El mencionado acuerdo acarrea consecuencias políticas graves para toda organización o militante que tenga intención de trabajar en torno a los represaliados políticos. Es obligación de cualquier organización política que mantenga una actividad pública, defender la legitimidad (que no legalidad) de dicha actividad”.

Con el acuerdo de hoy han aceptado que se castigue la defensa de los derechos de los represaliados políticos, la defensa jurídica, la asistencia médica, el derecho de los familiares a organizarse y, en general, cualquier gesto de solidaridad. A esto deberíamos sumarle que no ha sido un simple acuerdo jurídico, sino que es un acuerdo con contenido político.

El grupo ultraderechista AVT, que se personaba como acusación particular, ha considerado muy positivo el acuerdo ya que, según ha dicho, “ha sido un importante logro para la construcción del relato”.

Pero el mayor problema no es lo que a la AVT le guste o no, sino que la capacidad del lenguaje para desarrollar la ideología es tan grande que cada espacio perdido en la terminología se convierte en una nueva

batalla ganada para los que tratan de asimilar a nuestro pueblo.

Aparte de todo esto, el acuerdo da facilidades a la represión contra otros. Bajo la excusa de la libertad individual de cada uno, han permitido situar el listón de la represión en otro nivel, y el acoso contra las organizaciones que quieran continuar llevando a cabo un trabajo político ha encontrado nuevos resquicios para poder seguir aumentando la violencia estructural. Ya hemos dicho más veces que la amenaza represiva no nos va a hacer desviarnos de nuestro camino, pero es algo que queremos volver a reafirmar".

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