Los empresarios avisan: los impuestos alargarán la crisis

BARCELONA- El divorcio entre la Generalitat y buena parte del empresariado catalán va camino de consumarse. Si durante la pasada legislatura las principales patronales veían con buenos ojos el pacto fiscal que proponía el Gobierno de Artur Mas, no ha sucedido lo mismo con la deriva independentista y, especialmente, con los incrementos fiscales que ultiman de la mano de ERC.

Así las cosas, tanto Fomento del Trabajo como la Cámara de Comercio, Fepime y Cecot, han escenificado su «preocupación» por la situación actual, mientras que Pimec ha mostrado una cierta connivencia con la Generalitat siempre y cuando no afecte a las pequeñas y medianas empresas. No en vano, las patronales eran mayoritariamente más proclives a un acuerdo de gobierno con el PSC en lugar de con ERC.

El presidente de Fomento, Joaquim Gay de Montellà, explicó que la subida de tasas «no es el camino adecuado». A su juicio, la creación de nuevos impuestos puede propiciar la deslocalización de patrimonios a otras comunidades «con una fiscalidad inferior». Además, pidió al president de la Generalitat que actúe en sentido contrario y armonice la fiscalidad catalana «con la española y la europea». Gay de Montellà reivindicó la propuesta económica que la patronal hizo durante la campaña electoral. Es decir, un documento con 100 iniciativas que reclamaba eliminar los incrementos del IRPF de los últimos años del tripartito y reincorporar algunas deducciones, como las del 15 por ciento para gastos sanitarios o rehabilitación de viviendas, entre otros. Además, Fomento y Fepime quieren eliminar el impuesto de patrimonio en Cataluña, tal como han hecho otras autonomías. El presidente de la patronal catalana Cecot, Antoni Abad, por su parte subrayó que con las nuevas tasas «nos estamos haciendo daño en el solitario».

Esfuerzos vanos

El presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Valls, hasta ahora muy cercano a las tesis de CiU, pidió a la Generalitat que ahorre esfuerzos en la convocatoria de un referéndum y se centre en negociar con el Gobierno las inversiones en infraestructuras o un nuevo modelo de financiación para Cataluña.

Desde Pimec, el presidente de la institución, Josep González, apuntó que hay aspectos del programa de gobiernos «positivos», pero con un matiz importante: que ningún incremento de la fiscalidad que se plantee en los próximos meses «afecte más a las clases medias y a las pymes». No en vano, en el seno de esta patronal convive un gran número de opiniones, ya que buena parte de sus socios venden sólo en Cataluña. No obstante, González señaló que «me preocupa el aumento de la presión fiscal como una medida global como solución a los problemas de Cataluña».

Sobre la consulta soberanista, sin embargo, los empresarios son mucho más reacios a pronunciarse. Gay de Montellà aseguró que «únicamente debería realizarse dentro de la legislación vigente» y remarcó que esa legalidad es «la que marca la Constitución española». En su opinión, «cualquier otro planteamiento genera inseguridad jurídica». González también se refirió a la consulta en términos similares a los de Gay de Montellà y pidió que ésta se ajuste a la legalidad, es decir, que se realice con la «autorización de Madrid».

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, a su vez, respondió a las patronales catalanas que «todas las opiniones de todos los agentes sociales, sean patronales o sindicatos, son opiniones que siempre intentamos tener presentes, escuchar, y todas son legítimas e interesantes, pero, al final, las decisiones las tiene que ir asumiendo la Generalitat para preservar, independientemente de lo que nos digan unos u otros, lo que es la responsabilidad de todos». Homs insistió en que la economía catalana está supeditada a recortes que obligan a la Generalitat a asumir responsabilidades.