Los ex presidentes inflaron los ERE en 124 millones

MADRID- No sólo no miraron para otro lado, sino que además aumentaron las partidas presupuestarias destinadas a sufragar el ya famoso «fondo de reptiles». Bajo el mandado de Manuel Chaves y José Antonio Griñán –el primero fue presidente de la Junta desde el 25 de julio de 1990 y hasta el 7 de abril de 2009, mientras que el segundo le sucedió en el cargo el 22 de abril de 2009 hasta el 5 de septiembre de 2013– como presidentes de la Junta de Andalucía se alimentaron los presupuestos destinados a alimentar las irregularidades en las ayudas a trabajadores andaluces afectados por procesos de reconversión o reestructuración de empresas. Así, el presupuesto inicial de 522 millones de euros se elevó hasta en 124 millones desde 2000 a 2010, después de aprobarse diversas modificaciones presupuestarias, bajo acuerdo del Consejo de Gobierno, con el único objetivo de inflar aún más las partidas iniciales hasta los casi 700 millones de euros.

Las mencionadas modificaciones presupuestarias, además del visto bueno del Consejo de Gobierno, contaron con la aprobación de los diferentes titulares de la Consejería de Hacienda, sin ajustarse siquiera a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta de Andalucía al no ajustarse a la naturaleza del gasto que se aprobaba. Incluso, como ministro de Trabajo y Seguridad Social, Griñán aprobó la Orden con fecha de 5 de abril de 1995 sobre ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. El ex presidente andaluz siempre ha manifestado desde que estalló el escándalo que desconocía por completo la trama de los ERE. Pero del dicho al hecho puede haber una distancia notable, puesto que la jueza instructora Mercedes Alaya ha acabado por imputarle, algo que hace unos meses parecía una auténtica quimera. Alaya quiere saber si, como han indicado varios imputados en sede judicial, era imposible que los dos máximos responsables de la Junta desconocieran el entramado. «Era absolutamente impensable que Griñán no supiera la existencia de un procedimiento inadecuado», aseguró Manuel Gómez ante Alaya el pasado 25 de julio. Pero, además, el ex interventor general de la Junta entre 2000 y 2010 fue incluso más allá. No dudó en implicar a todo el Consejo de Gobierno del año 2003, que entonces estaba presido por Manuel Chaves. De hecho, declaró la existencia de un acuerdo del Consejo de Gobierno fechado en 2003 en el que se pedía a la Intervención que analizara los expedientes de las transferencias de financiación con el objetivo de que se «observara lo que estaba pasando». Gómez, sin decirlo expresamente, suponía que Chaves y su Gobierno tenían conocimiento de «algo anómalo» en las transferencias de financiación que luego se remitían a dos empresas públicas andaluzas, el Instituto de Fomento (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), a través de las cuales se desviaba el dinero para nutrir los falsos ERE.

«Cebar sin descanso»

Ante Alaya, Gómez ratificó lo declarado ante la Guardia Civil meses atrás. Pero también, el contenido de una carta que mandó al Parlamento andaluz, en la que acusaba a Griñán de «cebar sin descanso» la partida presupuestaria de los ERE y también que el nido de corrupción se hubiera desmontando en 24 horas con una orden verbal. De hecho, a preguntas de la jueza sobre esa frase en concreto, Gómez contestó afirmativamente. En concreto, según los documentos de la Intervención general, bajo su mandato se inflaron los ERE en más de 18 millones de euros. Y más llamativa es la cifra en parte del periodo de Manuel Chaves como presidente: 106 millones de euros se aumentaron las partidas presupuestarias del fondo de reptiles de 2000 a 2009. Modificaciones en las cuentas que se hicieron a pesar de las reiteradas advertencias de la Intervención general de la Junta que alertaron de las irregularidades cometidas, entre ellas, «empleo inadecuado del expediente de gasto de transferencias de financiación», «tramitación de subvenciones vulnerando las normas de ejecución de gasto público» o «concesión de subvenciones prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».