Política

Los fakes del "procés"según España Global

La Secretaría de Estado que dirige Irene Lozano recoge los costes del independentismo para Cataluña y desmiente las noticias con las que los soberanistas se han escudado desde la celebración del referéndum ilegal

La Secretaría de Estado que dirige Irene Lozano recoge los costes del independentismo para Cataluña y desmiente las noticias con las que los soberanistas se han escudado desde la celebración del referéndum ilegal.

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El proceso independentista ha tenido costes económicos “palpables” en Cataluña. Así lo recoge el informe de la secretaría de Estado España Global que dirige la socialista Irene Lozano a través de un informe sobre el “procés” y el juicio a los líderes independentistas difundido esta misma mañana en su página web www.thisistherealspain.com. El informe, difundido en tres idiomas, es “uno de los proyectos más importantes” de la Secretaría de Estado, según destaca Lozano y ha contado con la colaboración de diferentes asesores y gabinetes jurídicos del Estado durante su redacción.

En un documento de 89 páginas, la secretaría de Estado apunta a cuál es el precio que Cataluña paga por el “procés”. Según los datos publicados con fecha del 2 de noviembre de 2018 por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la economía catalana crecía por debajo de la media española en base al PIB de las CCAA para el tercer trimestre del 2018, situado en el 2,5% de media interanual. El banco BBVA confirmaba estas predicciones en un informe de octubre de 2018 calculando que para ese año la economía catalana crecería un 2,5% y para 2019, un 2,3%.

Ese mismo año, la Fundación Campalans publicó su último Informe Social de 2018, que concluía que el procés ha provocado “menos crecimiento económico, más pobreza y más exilio laboral de jóvenes en Cataluña”. El autor de este informe, el ex jefe de gabinete del consejero de Economía y Finanzas del Gobierno de la Generalitat entre 2007 Y 2010, explicaba que “sin la incertidumbre política provocada por el procés durante el otoño de 2017 el crecimiento de Cataluña y del resto de España habría sido superior en el conjunto del año”. En cuanto, al impacto del conflicto soberanista en el tejido financiero, el mismo informe concluye que “es evidente que su vinculación con el territorio ya no será la misma y, en cualquier caso, la pérdida de talento y la falta de un tejido financiero y asegurado con toma de decisión en Cataluña acabará teniendo consecuencias sobre la solidez de la base económica catalana en los próximos años”.

España Global recoge también las consecuencias sociales del conflicto independentista. Según afirma “la sociedad catalana ha sufrido una división interna”, explican refiriéndose a unas declaraciones del historiador Santos Juliá: “Todo lo conseguido por el `procés` ha consistido en romper en dos, no ya al pueblo catalán, un ente de razón, sino a la sociedad catalana”. Citan también la preocupación del cantautor Joan Manuel Serrat, que antes de que tuviera lugar el referéndum ilegal del 1-O, advertía de que a su modo de ver ese acto provocaría “una situación de una gran fractura social que, a mi modo de ver, va a costar muchísimo tiempo recuperar”.

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Los “fakes” del secesionismo

La secretaría de Estado España Global recoge también algunas de las falsedades difundidas sobre el proceso independentista y la situación de Cataluña, contrapuestas con los hechos objetivos que las rebaten.

“España nos roba”.

Contra ese argumentario independentista, el informe respalda que “Cataluña es la comunidad con el PIB más elevado de España, equivalente a 223.987 millones de euros, lo que equivale al 19,2% del PIB del país.

“El Estado expolia a Cataluña en términos fiscales y económicos”.

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A lo que el informe confirma que “la recaudación que obtiene el Estado de Cataluña es consecuencia del sistema proporcional de contribución fiscal de las comunidades autónomas al conjunto del Estado y al reparto entre los individuos más ricos y más pobres.

“España no deja votar a Cataluña”.

Mentira. “No es cierto que los catalanes no puedan ejercer su derecho de voto en las mismas condiciones que el resto de españoles, pues los catalanes han votado desde 1977 en 10 elecciones municipales, 12 elecciones regionales, 13 elecciones generales a las Cortes españolas, 7 elecciones europeas, 2 referéndums sobre su autonomía y 4 referéndums nacionales”.

“España no permite votar la autodeterminación”

No es cierto, sino que “la Constitución española no permite el derecho a la autodeterminación, al igual que el resto de las Constituciones de los países occidentales”.

“Los presos independentistas son presos políticos

Es falso. “En España, obviamente, no hay presos políticos. Ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas. Todos los días, líderes independentistas –como el propio presidente del gobierno catalán- se expresan libremente en los medios –algunos lo hacen incluso desde la prisión-”.

“Del referéndum del 1-O se deriva un mandato democrático en favor de la independencia de Cataluña”.

El referéndum -que fue anulado por el Tribunal Constitucional- contó, según datos proporcionados por sus organizadores con una participación del 38% -corregida en un alza de cinco puntos, hasta el 43% por la Generalitat, sin explicaciones-, y un porcentaje a favor del sí del 90,18%.

“Durante el 1-O la actuación de la policía provocó más de mil heridos” .

A lo que España Global responde; Esa cifra fue aportada por la Generalitat y miembros del movimiento secesionista. Lo cierto es que sólo tres personas fueron ingresadas en hospitales por algún tipo de lesión directamente derivada de cargas policiales.

“La ex-presidenta del parlamento autonómico, Carmen Forcadell fue imputada únicamente por haber organizado un debate en sede parlamentaria”

La Sra. Forcadell no es juzgada solo por haber permitido "debatir”, sino porque, de forma conexa e inseparable, participó activamente en la adopción de leyes el 6 y 7 de septiembre de 2017 que, sobre el papel, derogaban la Constitución en Cataluña, privaban de derechos a los catalanes e incumplían mandatos del Tribunal Constitucional. La acusación sitúa además a Carmen Forcadell como miembro de un plan que tenía como objeto conseguir de hecho la independencia de Cataluña mediante la declaración de la misma en el Parlamento y la utilización de la Generalitat, sus medios y funcionarios.

“La lengua catalana, un elemento identitario esencial de Cataluña, corre serio peligro y solo el independentismo puede asegurar su supervivencia”

“Cataluña tiene plenas competencias en materia educativa. Las autoridades regionales han aplicado desde 1984 una política de inmersión lingüística que hace del catalán la lengua vehicular en todas las escuelas y universidades públicas. La lengua catalana es además cooficial con el castellano en Cataluña a todos los efectos y es, además, la lengua preferentemente utilizada por la administración pública regional”.