La Fundación Francisco Franco avisa al Gobierno de «consecuencias criminales»

La funeraria ha sido advertida vía burofax de las acciones penales si realizaran ya el traslado.

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) advierte al Gobierno de las «gravísimas consecuencias criminales» que tendría exhumar al antiguo jefe de Estado del Valle de los Caídos «sin que, previamente, el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre su procedencia, incluida la tutela cautelar».

En un comunicado, la entidad que preside el general Juan Chicharro expresa sus temores ante las noticias sobre la existencia de un supuesto equipo en la funeraria que administra el tanatorio de San Lorenzo de El Escorial «listo para proceder a la exhumación en menos de cuatro horas conforme a planes desarrollados por Patrimonio Nacional en una operación relámpago de entrada y salida de la Basílica».

La Fundación espera –«no puede ni imaginarse», dice textualmente– que «nadie del Gobierno o de Patrimonio Nacional ni ningún directivo, empleado o trabajador contratado directa o indirectamente por ninguna funeraria o empresa de albañilería vaya a incumplir y desobedecer lo dicho por el Alto Tribunal».

El auto judicial del pasado 17 de diciembre, recuerda la FNFF, estipula que no puede «ejecutarse» la exhumación «sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrir y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar», lo que implicaría «mostrar una voluntad rebelde de gravísimas repercusiones criminales».

La funeraria Nuestra Señora de la Jarosa, que administra el tanatorio de San Lorenzo de El Escorial, ha sido advertida, vía burofax, por la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC). El texto conmina a los responsables del tanatorio a atenerse a lo dispuesto por el Supremo en el mismo auto citado por la Fundación Franco –al tanto del aviso, como manifestó Juan Chicharro ayer a este diario–, apelando al momento en que la sala «se haya pronunciado». En caso contrario, la asociación «plantearía de modo inmediato todas las medidas legales que fueran necesarias, contra todas aquellas personas y/o entidades que pudieran incurrir en acciones contrarias a la ley en este asunto, haciéndoles responsables en su caso».

El Gobierno aprobó el viernes la resolución que pone fecha a la exhumación de Franco. El Ejecutivo socialista se concedió mediante «acuerdo motivado» la potestad de decidir «unilateralmente» en un plazo de 15 días la ubicación elegida para reinhumar los restos, ante el rechazo frontal de la familia a ofrecer un sepulcro alternativo a la madrileña catedral de La Almudena.

Así las cosas, habrá que esperar a un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros, vencido el plazo, para la ejecución de la exhumación. En ese momento, el letrado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, presentará el correspondiente recurso y pedirá la suspensión cautelar ante el Supremo. También recurrirán la FNFF, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La resolución última del Alto Tribunal podría demorarse hasta final de año.