Los independentistas piden de nuevo que el «procés» se juzgue en Cataluña

Los independentistas presos han vuelto a pedir ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La defensa expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, procesados por el delito de rebelión por el 'procés', han presentado ante la Sala del Supremo que juzgará este caso un escrito en el que piden que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que el alto tribunal no es competente para juzgar a sus clientes y a los otros 15 exmandatarios catalanes llamados al banquillo.

Se trata de la petición formal para que la Sala de Penal celebre, de forma previa a la celebración del juicio, el denominado artículo de previo pronunciamiento, una vista en la que se dirimirá esta petición y el resto de las que presenten en resto de defensas dirigidas a evitar el juicio en el Supremo o bien el archivo del procedimiento.

En un escrito de 32 páginas presentado este martes, la defensa de estos tres procesados, que lleva el despacho de Pau Molins, pide expresamente al Supremo que tenga por formulada declinatoria de jurisdicción y, previos los trámites legales y la correspondiente vista, "proceda a declarar su falta de competencia territorial para el conocimiento de los hechos enjuiciados y a inhibirse de tal conocimiento en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña"de acuerdo con el artículo 674 de la Ley de Enjuciamiento Criminal.

Considera esta parte que, la competencia corresponde de modo evidente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, "por haberse realizado la totalidad de los elementos típicos de los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados íntegramente en territorio catalán".

Añade que un juicio en el Supremo priva además a Sánchez, Rull y Turull del derecho a la doble instancia, impidiéndoles la interposición de cualquier recurso ordinario en caso de condena.

La asunción del caso por el Supremo, además, ocasiona una grave fragmentación del objeto del procedimiento existiendo numerosas causas distintas con un mismo objeto procesal, "con el evidente riesgo -que ya se ha materializado en pronunciamientos concretos- de resoluciones abiertamente contradictorias", según esta parte.

De este modo, y que hasta tanto no se dé respuesta al presente artículo de previo pronunciamiento piden que quede en suspenso el plazo de diez días que el tribunal dio este lunes para que las defensas presenten sus escritos de conclusiones provisionales.

Con independencia de lo anterior, en un segundo escrito esta defensa pide al Supremo que en vez de 10, sean 90 los días de plazo que se otorgue a las defensas para presentar sus conclusiones. Dan al tribunal la opción subsidiaria de que en vez de si ven excesivo el plazo de 3 meses el actual se amplíe al menos hasta los 30 días.

Señala esta defensa en sus escritos que en anteriores ocasiones ya ha planteado esta falta de jurisdicción -que le ha sido siempre rechazada-, así como "graves irregularidades procesales que, lamentablemente, se están cometiendo en el presente procedimiento, amén de la vulneración de los derechos políticos de los diputados recurrentes".

Entre estas irregularidades cita que el hecho cuatro magistrados que admitieron en su día la inicial querella, entre los que encuentra el magistrado que la presidirá, Manuel Marchena, se mostraron "ya entonces favorables a la relevancia penal de los hechos que posteriormente han sido objeto de acusación".

Añade esta parte la circunstancia, "absolutamente inaudita", de que las partes hayan tenido que instruirse sobre el contenido del sumario sin haber tenido un acceso completo a las actuaciones, así como el hecho de que sean actualmente ya ocho los recursos de amparo que esta defensa tiene admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional en relación con decisiones.

Europa press