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Los líderes independentistas, obligados a acatar la Constitución

Para ser diputados y senador Junqueras, Rull, Turull y Romeva deberán dar un «sí» cuando se les pregunte si juran o prometen la Carta Magna. Después podrán añadir cualquier referencia política o judicial.

  • Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y otros diputados y senadores mostrando su apoyo a Francesc Homs / Foto: Javier Fdez. Largo
    Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y otros diputados y senadores mostrando su apoyo a Francesc Homs / Foto: Javier Fdez. Largo

Tiempo de lectura 4 min.

20 de mayo de 2019. 02:45h

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Pablo Gómez 20/5/2019

La XIII Legislatura tendrá la sesión inaugural más atípica de nuestra historia democrática. Todos los focos estarán puestos en los cinco políticos catalanes presos que irán a las Cortes a tomar posesión de su escaño. Cuatro en el Congreso –Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull– y uno en el Senado –Raül Romeva–. El Supremo ha determinado que no podrán comparecer ante los medios de comunicación ni participar en las reuniones de su grupo. Sin embargo, sí tendrán su minuto de gloria. Será en el momento en el que la presidenta del Congreso –ya habrá sido elegida en ese instante Meritxell Batet para el puesto–, con la ayuda de los secretarios de la Mesa, llame a los diputados para el acto del juramento o promesa de la Constitución. Para adquirir la condición de diputados, los dirigentes catalanes presos, como los integrantes de todos los grupos parlamentarios, deberán obligatoriamente cumplir con este trámite.

«¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?», será la pregunta que, de forma genérica, lance Batet a los 350 diputados. Por orden alfabético, todos irán contestando. El Reglamento del Congreso, en su artículo 4, regula este momento. Es, sin embargo, una resolución de la Presidencia de la Cámara Baja de noviembre de 1989 la que delimita de un modo más claro cómo deben contestar los diputados electos. Recoge que la promesa o jura del acatamiento de la Constitución tendrá lugar «en la primera sesión a la que asistan», en este caso, la que abre la legislatura. «El acceso al ejercicio de los cargos y funciones públicas requiere en nuestro ordenamiento, de acuerdo con lo establecido por una larga tradición y por las normas vigentes, que el acto solemne de acatamiento a la Constitución se lleve a cabo con una fórmula ritual, simple e inequívoca», precisa la resolución del que fuera en ese momento presidente de la Cámara Baja, Félix Pons. La pregunta propuesta en este documento incluye, además del acatamiento de la Constitución, una referencia a la necesidad de que los diputados también prometiesen «lealtad al Rey» así como «guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». Pese a ello, se ha venido utilizando en las últimas legislaturas, incluida la última, cuyo acto de acatamiento estuvo dirigido por la presidenta Ana Pastor, la fórmula corta.

Fuentes parlamentarias consultadas insisten en que el único requisito que deberán cumplir los cinco políticos presos es responder a la pregunta sobre el acatamiento de la Carta Magna «con una simple afirmativa». A partir de ahí, podrán añadir todas las coletillas que consideren oportuno. En la sesión inaugural de las dos últimas legislaturas, celebradas en 2015 y 2016, así sucedió. Los diputados y senadores de Podemos y de los grupos independentistas catalanes optaron por fórmulas de acatamiento de fueron más allá de los tradicionales «sí, juro» o «sí, prometo». La que será elegida vicepresidenta primera del Congreso, la diputada de Podemos Gloria Elizo, optó en 2016 por hacer referencia a su deseo de cambiar la Carta Magna: «Prometo acatar la Constitución para cambiarla, devolver la dignidad y el compromiso a la política. Nunca más un país sin su gente y sus pueblos». Todos los diputados de Podemos optaron por un esquema de acatamiento similar.

Los diputados y senadores de los partidos independentistas catalanes, por su parte, optaron por prometer acatar la Constitución «por imperativo legal». Desde la Junta Electoral Central precisan a este diario que prometer acatar la Carta Magna «por imperativo legal» no anula el acto y, por lo tanto, es válido para adquirir la condición de diputado. «Lo único que es necesario», aclaran desde el órgano que vela por el cumplimiento de la normativa electoral, es «que la pregunta del acatamiento de la Constitución sea contestada de forma afirmativa». Y recuerdan que en 2014, la eurodiputada electa del PNV, Izaskun Bilbao, tuvo que repretir este trámite precisamente porque no contestó afirmativamente. «Acato por imperativo legal», se limitó a decir, sin incluir una respuesta afirmativa.

Respecto a la inclusión de comentarios adicionales, desde la Junta Electoral señalan que tanto su doctrina como la del tribunal Constitucional ampara estas «fórmulas especiales». Defienden este extremo con el argumento que incluyeron en una resolución de la JEC de 2014, en la que se afirma que «el acatamiento a la Constitución, como instrumento de integración política y defensa constitucional, exige una clara manifestación formal de voluntad, pero no entraña una prohibición de representar o perseguir ideales políticos diversos de los encarnados por la Constitución, siempre que se respeten las reglas del juego democrático y el orden jurídico existente, y no se intente su transformación por medios ilegales».

En las actuales circunstancias, a nadie se le escapa que los grupos parlamentarios de ERC y de JxCAT recurrirán a estas «fórmulas especiales» que incluyan referencias al contexto político en Cataluña, al juicio contra los líderes del «procés» abierto en el TS o la condición de presos y a la situación de los políticos que actualmente están en prisión y a la de aquellos otros que optaron, como Puigdemont, por huir de la Justicia.

Para evitar la disparidad de fórmulas de acatamiento, tanto el presidente del PP, Pablo Casado como Pedro Sánchez han lanzado en los últimos meses sendas propuestas para unificarla con el fin de evitar que un presidente de la Generalitat o diputados en las Cortes pudieran acceder a su cargo sin asumir la Ley Fundamental del Estado. En concreto, Casado apsotaba por una fórmula cerrada de acatamiento que dejase fuera la posibilidad de hacerlo «por imperativo legal».

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