Los partidos que boicotean la Ley de Transparencia acumulan más de 350 casos de corrupción

Boicot a la ley de transparencia. PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA y CHA) y el Grupo Mixto se levantaron ayer de la ponencia que debe elaborar el dictamen del texto legal. Y no volverán hasta que el presidente del Gobierno dé explicaciones por el «caso Bárcenas». Minutos después de que ellos abandonaran la reunión lo hicieron también los diputados de CiU y el PNV, no por el mismo motivo, sino porque sólo con PP y UPyD no creyeron que se dieran las condiciones necesarias para alcanzar el consenso que se persigue.

Fue al comienzo de la reunión –que se celebró a puerta cerrada– cuando el ponente socialista Enrique Serrano solicitó al presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Arturo García Tizón, un aplazamiento hasta que Rajoy compareciera. Una petición que fue denegada. Serrano arguyó que su grupo no «podía ignorar lo que está pasando fuera de estas paredes» y que no podía negociar sobre transparencia con un Gobierno que se niega a ser transparente en un asunto de corrupción.

«La ley de transparencia pretende que lo que decimos las organizaciones políticas y los representantes públicos, y lo que hacemos, se identifique la una con la otra y hoy no nos sentimos en condiciones de hacer una cosa que fuera del Congreso no se produce», afirmó. Más duro fue el ponente de la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet: «El PP está de corrupción hasta las cejas y lo que nos ofrece es un diálogo entre amigos para que miremos hacia otro lado». En similares términos se manifestó el diputado de Amaiur Rafael Larreina, para quien hay que «ser transparentes en todos los contextos y situaciones» y «es preciso dar claridad sobre todo lo que se mueve alrededor de toda la trama de corrupción que se vislumbra tras los papeles del señor Bárcenas».

La réplica del PP vino de la mano de Esteban González Pons, que acusó a los «boicoteadores» de haber «secuestrado» la ley para hacer «ruido político». Esto, además de mostrar su pesar porque PSOE e IU «hayan seguido la estrategia» de Amaiur en un «sainete político» y una «escena de parlamentarismo viejo» que, a su juicio, nada tiene que ver con la ley que se tramita. En su contraataque, el popular se preguntó también si los socialistas e IU no han tratado de retrasar la ley de transparencia porque «están agobiados» por los ERE de Andalucía.

Al final, la primera reunión de la ponencia, en la que se tendrán que negociar las más de 400 enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, duró apenas una hora. Tiempo suficiente para que PP y UPyD aprobaran el Capítulo I de la norma, que incluye en su ámbito de aplicación a la Casa del Rey, los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones empresariales, y las entidades privadas que reciben más de 100.000 euros de ayudas públicas, tal y como habían pactado hace semanas el PP y el PSOE.

«Es una pena que esto lo hayamos tenido que acordar sin el PSOE e IU porque se han ido corriendo detrás de Amaiur», insistió González Pons antes de advertir de que la ley se aprobará «con o sin» el apoyo de los socialistas.

730 investigaciones

El argumento de la corrupción y la negativa a que el presidente del Gobierno compareciese en el Congreso por las últimas informaciones sobre el «caso Bárcenas» originaron el plante a la Ley de Transparencia de todos los grupos de la oposición, a excepción de UPyD.

Pero lo cierto es que si de «sombras de sospecha» de corrupción se trata, la gran mayoría de los partidos tendrían que dar sus respectivas explicaciones. Porque es una evidencia que se ha convertido en una lacra difícil de erradicar, venga de donde venga y más allá de siglas y partidismos. Y es que según los últimos datos de la Fiscalía General del Estado sobre este asunto, que datan del año 2009, los partidos acumulaban la nada despreciable cifra de 730 investigaciones relacionadas con la corrupción, de las cuales 368 correspondían a formaciones que ayer decidieron boicotear la ponencia sobre la ley de transparencia. Por partidos políticos, el PSOE acumulaba ya entonces 264 procedimientos abiertos; Coalición Canaria (CC), otros 43; 30 contra miembros de Convergència i Unió (CiU): 20 contra Izquierda Unida (IU) ; 5 contra Esquerra Republicana de Cataluña (ERC); 3 contra militantes del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y otros 3 en contra de miembros del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En ese informe, que hacía referencia a datos de 2009, la Fiscalía ya avisaba de que la corrupción no «era un fenómeno generalizado, pero sí preocupante». Tanto es así, que ante el volumen de casos que iban surgiendo se vieron obligados a crear una Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada que sólo en 2010, recibió 249 denuncias y cursó 3.874 comunicaciones. Unos datos que dos años después han aumentado. En cuanto a procedimientos judiciales en trámite, a finales de 2012 la cifra se elevaba hasta los 266 y se tramitaron 4.288 comunicaciones. Si se tiene en cuenta la consabida lentitud de la Justicia, y que los casos de corrupción, lejos de reducirse, han ido en aumento, el número de causas abiertas difícilmente ha podido reducirse.

Desde el «caso de los ERE», que se comenzó a tramitar en 2011 y que acumula ya una treintena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía imputados, hasta el «caso Campeón», que tiene contra las cuerdas al ex ministro de Fomento, José Blanco, pasando por el «caso ITV», que investiga si Oriol Pujol, ex secretario general de CDC pudo cometer un delito de tráfico de influencias. Por no hablar del «caso Pokemon», que aglutina imputados de cinco formaciones distintas: dos, del PSOE, cuatro del PP, uno del BNG, uno de ERC y otro de CiU. En esta última formación milita Xavier Crespo, el ex alcalde de Lloret, imputado por su presunta vinculación con la mafia rusa.

Atrás quedaron ya las grandes tramas urbanísticas. Ahora, en alza están el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, la prevaricación o el fraude. Y sobre estos delitos, todavía hay muchas explicaciones que dar.