Los partidos se llevarán 80 millones en seis meses si se repiten las elecciones

El gasto estatal aumenta hasta los 340 millones, si tenemos en cuenta que también se duplica la partida de 130 millones para logística.

La repetición de las elecciones no sale barata. Más allá del coste en clave de estabilidad política y económica, hay otros efectos que inciden directamente en las arcas del Estado. Una repetición de los comicios supondrá que los partidos se gastarán en sólo seis meses un total de 80 millones de euros –40 millones por cada convocatoria electoral–, siempre que justifiquen un gasto máximo. Seis meses que han dedicado, por cierto, a acordar que no acuerdan nada.

A esta cifra hay que sumar el gasto en logística, que vuelve a duplicarse con respecto al que ya se realizó en diciembre. Según la información que el Ministerio del Interior ofreció con respecto a la jornada del pasado 20 de diciembre, el total del gasto administrativo ascendió a 130 millones de euros. Repartidos, para el correcto funcionamiento de las instituciones, según el siguiente desglose que realizó Interior: Logística (12,5 millones), Administraciones Públicas (55,1 millones), Correos (48 millones) y telecomunicaciones (12,8 millones), más un millón y medio de euros destinados a imprevistos. Estos 130.244.505 euros tendrán que volver a invertirse si se repiten los comicios en junio, ya que el coste incluye todo otra vez, papeletas, anuncios, informática.

En cuanto al gasto que iría directamente a sufragar la actividad de los partidos, el desembolso para las arcas del Estado supondría otros 40 millones de euros en subvenciones por escaño y voto, que se suman a la cantidad ya prevista para las formaciones que concurrieron a las urnas el 20-D. La Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) establece que los partidos cobran en función de su último resultado electoral. Y como la partida no está incluida en los Presupuestos de 2016, habrá que aprobar un crédito extraordinario. Si hay convocatoria, las formaciones recibirán un adelanto según los resultados de diciembre, que se ajustará luego en función de los votos reales recibidos.

La Loreg establece una subvención de 21.467,64 euros por cada escaño que los partidos obtengan en el Congreso y/o en el Senado, y de 0,81 euros y 0,32 euros, respectivamente, por cada voto a sus candidatos en ambas cámaras. Los 350 escaños del Congreso y los 208 senadores electos –58 lo son por designación autonómica– suponen un total de 11,8 millones de gasto público en subvenciones, a lo que hay que sumar 28,4 millones si tenemos en cuenta los votos. En total, algo más de 40 millones de euros. A estos hay que añadirles la subvención por «mailing» –propaganda por correo– que perciben sólo aquellos que poseen grupo parlamentario y que supone un 0,22 por cada elector en cada una de las circunscripciones en las que el partido haya presentado lista al Congreso o al Senado.

Para sufragarlos, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar un decreto ley con un crédito extraordinario en mayo. Ya después de las elecciones se hará el ajuste final con los resultados realmente obtenidos. La ley establece en su artículo 27 que en ningún caso la subvención correspondiente a cada grupo político podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados y justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora. Los 40 millones de euros es el tope máximo de gasto, siempre y cuando las formaciones justifiquen que han tenido que echar mano de todo lo que estaba a su alcance dentro de las previsiones legales.

Una vez que todos los partidos, incluido el PSOE, han asumido en el debate público la hipótesis de que la legislatura camina inexorablemente hacia un final anticipado y unas nuevas elecciones, los primeros mensajes de las formaciones fueron ayer dirigidos a hacer guiños a campañas más austeras. Si atendemos a los resultados obtenidos en diciembre, la formación de Mariano Rajoy es la principal beneficiada de las subvenciones, al tratarse del partido con mayor representación. El PP tendría derecho a una subvención de 17,4 millones, sin «mailing», aunque la ley sólo permite recibir hasta 12 millones. Según los datos que maneja Génova, sólo gastaron 12 en campaña. La formación de Pedro Sánchez tendría derecho a 11,8 millones, aunque si se cumplen sus pronósticos, sólo llegaría a ingresar nueve. La misma circunstancia se produce con el partido de Albert Rivera, cuya subvención podría superar los tres millones y medio de euros, pero sólo ingresarán lo que gastaron –según su presupuesto: cuatro millones–.

En peores circunstancias se encuentra IU-Unidad Popular, debido a que al no obtener grupo propio ha incurrido en importantes deudas. La subvención que percibiría no llega al millón de euros, mientras que la formación llegó a gastar más de dos. Su situación empeoraría notablemente si ahora se recortan las partidas de gastos.

Podemos, por su parte, asegura no depender de las subvenciones, ya que se financia a través de microcréditos. Si decide aceptar el dinero que le corresponde, podría cobrar hasta 8,2 millones, aunque sólo llegaría a ingresar los algo más de dos que reconoció haber gastado durante la campaña.