Los políticos deberán auditar su patrimonio al dejar el cargo

El Ejecutivo llevará en septiembre al Congreso el plan anticorrupción que anunció Rajoy en el Debate del Estado de la Nación. Se obligará a los partidos a aprobar sus cuentas durante los primeros tres meses del año para agilizar la fiscalización

Están ya en el Palacio de la Moncloa los informes sobre las reformas en materia de regeneración democrática que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el último Debate del Estado de la Nación. En tres meses, el grupo de trabajo que ha dirigido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado listo el paquete normativo que afectará a seis leyes e incluirá además «nuevas medidas preventivas, de transparencia, control y represivas para reforzar la lucha contra la corrupción». Las propuestas fueron tan solo esbozadas en el Parlamento por el presidente porque el Gobierno las perfiló a toda prisa a principios de año, en buena parte para utilizarlas como fuente de oxígeno en un momento político y económico complicado. Pero las palabras se han concretado ya en hechos.

En esta recta final del periodo de sesiones hay cambios en la urgencia de los tiempos. El Gobierno ha decidido acelerar todo lo posible esta amplia reforma para echarla a andar en el Parlamento justo después del verano. Rajoy ya la utilizó el pasado mes de febrero el Debate del Estado de la Nación para poner sordina al ruido por el «caso Bárcenas», después de que se conociese por la comisión rogatoria suiza que el ex tesorero del PP tenía dinero en Suiza. Y este ambicioso paquete normativo sigue siendo la gran bandera con la que el Ejecutivo quiere neutralizar al menos una parte del coste en imagen pública que le está provocando la gestión de este escándalo.

En julio, Moncloa prevé incluso comenzar el tanteo de la oposición, especialmente del PSOE, para que en septiembre empiecen a entrar en el Congreso las primeras reformas legislativas. Ya a finales de febrero, Rajoy apeló en la Cámara Baja a la necesidad de un acuerdo lo más amplio posible «para impulsar un programa eficaz de medidas de regeneración democrática». Y como primer paso el pacto se materializó en una propuesta de resolución aprobada por la mayoría de la Cámara, salvo el PSOE e Izquierda Plural, en la que se enunciaba un amplio abanico de medidas políticas y jurídicas para imponer un mayor control, nuevos límites y más transparencia en la actividad pública.

El paquete normativo que los distintos ministerios afectados han trasladado a Moncloa tiene una importante complejidad jurídica porque afecta a normas tan delicadas como el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Financiación de los Partidos o la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Nuevas medidas

Los «papeles» que ha recibido Moncloa detallan, por ejemplo, el nuevo Estatuto del Cargo Público, en el que, entre otras medidas, se establece por ley una escala común de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado; la publicación de sus declaraciones tributarias, de bienes y de actividades; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato; la determinación y límites de sus sistemas de protección social; la limitación de la compensación tras el cese; y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses. En suma, un modelo de fiscalización común para todos los cargos públicos, especialmente de la Administración General del Estado, y que, de aplicarse, terminará con la excusa de unos y de otros para no hacer efectivo su compromiso verbal con la transparencia. Esta excusa de que no hay un patrón homologado ha servido para que ni la plana mayor de los dirigentes del PP, salvo Rajoy, ni tampoco el secretario general del PSOE ni su dirección hayan presentado sus declaraciones de la renta después de todo el ruido que alimentaron al respecto a principios de año.

Moncloa también tiene el esqueleto de la nueva Ley Orgánica de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos. Esta norma incluirá la obligación de establecer un procedimiento de aprobación de las cuentas que debe estar recogido en los estatutos de los partidos. Para agilizar la fiscalización con respecto a la situación actual, la contabilidad deberá ser aprobada y remitida al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran. Además, los partidos tendrán la obligación de dejarla en un registro público y se regulará la figura del responsable de la gestión económica-financiera de las formaciones, es decir, del tesorero. El Gobierno plantea que éste tenga que comparecer anualmente ante la comisión mixta del Tribunal de Cuentas y que tenga un «deber formal» de colaborar con este órgano fiscalizador. También propone establecer un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos.

Esto lo ligan con una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en la que apuestan por el fortalecimiento del régimen de prohibiciones de contratación para todas las personas físicas y jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción. En la reforma del Código Penal se establecerá como delito la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos. Habrá más penas para estos delitos relacionados con la corrupción, más agilidad en los procedimientos y se ampliará el tiempo para que los casos prescriban. Rajoy anunció en el Congreso que este paquete se completará con una reforma para regular los lobbies, clarificando sus actividades y sus límites en un registro público.

Acuerdos

El Gobierno dice que quiere contar con el máximo acuerdo para sacar adelante estas propuestas normativas con el objetivo de que tengan permanencia en el tiempo por encima de los cambios políticos. Pero desde Moncloa también anticipan que si no hay acuerdo, «Rajoy seguirá adelante con la regeneración». Que va a haber dificultades para el pacto es más que probable porque el paquete legislativo afecta al poder de los partidos y blinda el margen de los políticos para enriquecerse, al menos mientras estén en activo en el cargo público que desempeñen. Otro obstáculo para ese consenso serán las reticencias de los partidos nacionalistas a que se intervenga en sus organizaciones políticas. Un alto cargo del Gobierno lo resume de manera muy gráfica: «¿Alguien se imagina al tesorero del PNV o de CiU rindiendo cuentas ante las Cortes Generales?».

Nuevas medidas contra el fraude

- Escala común de retribuciones

de los altos cargos de la Administración General del Estado, así como publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades.

- Auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos de la Administración al final de su mandato y determinación y límites de sistemas de protección social y compensación tras el cese.

- Refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

- Nueva Ley Orgánica de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que obligará a establecer un procedimiento de la aprobación de las cuentas anuales y recogido en los estatutos de las formaciones. Además, deberá ser remitida al Tribunal de Cuentas en los tres primeros meses del ejercicio.