Los sindicatos tendrán que publicar sueldos, contratos y liberados

Madrid- Aunque la Ley de Transparencia tiene todavía por delante que superar el trámite parlamentario, hay cuestiones que están ya muy perfiladas. Es el caso de la letra pequeña sobre las obligaciones que impondrá la nueva norma a todas las organizaciones privadas nominativas que quedarán afectadas por ella. Así, por ejemplo, según confirmaron fuentes oficiales a este periódico, los sindicatos estarán obligados a hacer un ejercicio absoluto de transparencia que les exigirá publicar todos sus sueldos, sus contratos, la organización interna, su Ejecutiva y hasta sus liberados. Y esto será de aplicación a todos, los mayoritarios y los minoritarios, ya que no dependerá de ningún porcentaje de subvenciones públicas. Las mismas obligaciones, adaptadas a sus características particulares, tendrá la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Por cierto, los líderes sindicales comparecerán en el Congreso a principios de junio. Este nuevo marco de condiciones supone un giro de 180 grados en lo que hasta ahora ha venido siendo la pauta de comportamiento de unos y de otros. Casi una revolución, que servirá, por ejemplo, para reducir gastos en las cúpulas y satisfacer así denuncias que se han producido dentro de los sindicatos con el argumento de que las retribuciones de sus Ejecutivas son excesivas y que hace falta mejorar los recursos para atender a los afiliados.

Y es que la falta de transparencia con la que han actuado las centrales sindicales desde los inicios de la democracia ha favorecido, sin duda, que se produzcan situaciones irregulares. El caso más reciente es la trama de los ERE en Andalucía, que investiga la jueza Mercedes Alaya, y que ha destapado cobros cercanos a los seis millones de euros para UGT y CC OO a través de sociedades participadas.

Corrupción al margen, todo apunta a que las rentas, retribuciones y actividades sindicales dejarán de estar fuera del sistema de control, para estar sujetas a la fiscalización obligada por parte del Tribunal de Cuentas, que, en más de una ocasión, ha denunciado que la mayor parte de la subvenciones que reciben CC OO y UGT no están suficientemente justificadas.

No existe informe anual alguno que dé cuenta de todas las ayudas y subvenciones que reciben los sindicatos, lo que impide saber con exactitud la cantidad que manejan y por qué conceptos. Incluso, el Tribunal de Cuentas ha alertado de que algunas ayudas públicas se asignan «a dedo», por lo que seguir el rastro de ese dinero resulta, cuando menos, complicado.

Y no son precisamente cantidades pequeñas. Todo lo contrario. Entre enero de 2008 y marzo de 2013, las dos centrales mayoritarias han recibido la nada desdeñable cifra de 1.250 millones de euros en subvenciones, que las organizaciones lideradas por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez manejan a su antojo. O manejaban. Primero, porque la Ley de Transparencia se lo impedirá en el futuro. Y segundo, porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha rebajado sustancialmente la cantidad de fondos públicos que reciben del Estado. Así, en 2012 tan sólo recibieron 31,9 millones de euros, aunque aún quedan algunas partidas por hacerse públicas. Pero, la más «jugosa» con diferencia, la del Servicio de Empleo Público, no se otorgó. Y en lo que va de año, el panorama de su financiación tampoco ha mejorado, puesto que apenas han recibido 11,2 millones.

Nada que ver con la última legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2008, al inicio de la misma, las centrales de Toxo y Méndez percibieron 312.528.338 euros de las arcas públicas; en 2009, el montante total ascendió a 310.924.707 euros; la cifra se redujo ligeramente en 2010, hasta los 305.167.699 euros; mientras que en 2011, la crisis obligaba a apretar el cinturón, incluso el de los sindicatos, y recibieron 284.171.429 euros.