Restringido

Madrid reclama al Gobierno que equipare los sueldos

PP, PSOE y Cs se unen para pedir «una estrategia clara» para igualar los salarios de policías y guardias civiles con las policías autonómicas

Madrid reclama al Gobierno que equipare los sueldos
Madrid reclama al Gobierno que equipare los sueldoslarazon

PP, PSOE y Cs se unen para pedir «una estrategia clara» para igualar los salarios de policías y guardias civiles con las policías autonómicas

Con el desafío secesionista catalán como telón de fondo, la Asamblea de Madrid quiso lanzar ayer un mensaje de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo hizo a través de una Proposión No de Ley (PNL) que presentó el PP, que obtuvo el respaldo de Ciudadanos y del PSOE y el voto en contra de Podemos. Todo ello en un debate sin fisuras para defender la labor de los agentes desplazados en Cataluña y, sin embargo, se enfrentaron a la hora de definir el texto para pedir al Gobierno de la Nación que equipare las retribuciones de los policías nacionales y guardias civiles que, tal y como viene denunciando LA RAZÓN en las últimas semanas, cobran de media 600 euros menos al mes que otros cuerpos como el de los Mossos d’Esquadra.

Aunque fue Ciudadanos –el grupo que lidera Ignacio Aguado– el único que de inicio propuso introducir una enmienda a la PNL del PP para incluir esta histórica reclamación al Ministerio del Interior, finalmente no fue su texto el que se aprobó, sino una enmienda transaccional acordada durante el día de ayer por PP y PSOE. El matiz que diferenciaba un texto del otro hacía referencia a los tiempos. Así, mientras que el de Cs reclamaba que la equiparación salarial se hiciera «con carácter inaplazable»; el pactado por PP y PSOE –y que finalmente salió adelante– pedía «una estrategia clara para la equiparación» salarial de todos los cuerpos.

Desde la formación naranja se acusó ayer a PP y PSOE de haber «suavizado» su propuesta. No obstante, el grupo decidió finalmente aprobarlo porque según Francisco Lara, el diputado encargado de defender la postura de los de Aguado, «no es justo que en España haya policías de primera y de segunda. No es justo que todos desarrollen un excelente trabajo con magníficos resultados y que luego, en materia de retribuciones, se mantenga a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la segunda división», afirmó.

Desde el PP, la diputada María Eugenia Carballedo, fue la encargada de llamar al resto de grupos a sumarse a su proposición en la que se pidió «mostrar el apoyo total y respaldo incondicional de la Comunidad de Madrid a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles». Carballedo criticó a Ciudadanos porque a su juicio, la formación naranja ha buscado «protagonismos infantiles» en el debate sobre la petición de la equiparación de sueldos, y defendió que antes de que Cs se creara en Madrid, Cifuentes, como delegada del Gobierno, ya alzaba la voz para denunciar esta reclamación policial. Por su pare, Cs no perdió la oportunidad de ironizar al señalar la «falta de respuesta» que ha tenido en este tiempo las reclamaciones de entonces delegada y actual presidenta de la Comunidad y del PP en su partido.

Pese al encontronazo, a la hora de la votación, los tres partidos votaron juntos la PNL, que salió adelante sin las dos enmiendas presentadas por Cs ni las dos que quiso introducir Podemos, grupo que se quedó solo con su voto negativo a un texto que, además de apoyar a la Policía y la Guardia Civil, instar a las instituciones a utilizar «con determinación y firmeza y desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes». Asimismo, la propuesta aprobada pide al Gobierno de Mariano Rajoy que actúe «con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España».