Magistrados iberoamericanos denuncian las presiones del Gobierno a los jueces que investigan al "entorno" de Sánchez

Magistrados iberoamericanos han dado la voz de alarma sobre la "dinámica preocupante" que aprecian en España por las reformas para "controlar la judicatura" y alterar las condiciones de acceso a la carrera y por la presión a los jueces desde el Gobierno, deriva en la que nuestro país "lamentablemente está empezando a destacarse".

El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), que desde 1953 aúna a asociaciones de jueces de distintos países en defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial, considera que bajo el paraguas de la "modernización", las reformas que impulsa el Ejecutivo de Pedro Sánchez buscan "debilitar la independencia judicial desde dentro" modificando el sistema de acceso a la carrera por fórmulas más "gestionables".

En un pronunciamiento público tras la asamblea anual celebrada en Quito (Ecuador) la semana pasada, la UIM pone de manifiesto su "preocupación ante el rumbo que está adoptando España" con la combinación de reformas legislativas y "presión directa" a los jueces, lo que según denuncian configura un escenario de "intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho".

La asociación internacional de jueces reclama la retirada o la "revisión sustancial" del proyecto de ley que modifica el modelo de acceso a la carrera "respetando los principios de acceso por mérito, igualdad y objetividad"

La salud democrática de España, en "riesgo"

Asimismo, rechaza "toda forma de presión política sobre jueces y tribunales, especialmente cuando proviene de miembros del Ejecutivo" y alerta de los "riesgos que esta reforma representa, tanto para la independencia judicial como para la salud democrática de España, constituyendo un peligroso precedente".

El comunicado, firmado por el magistrado brasileño Walter Barone, presidente del Grupo IBA-UIM, hace hincapié en que el Poder Judicial no es "un obstáculo a gestionar", ni una estructura a "ordenar", sino "una garantía". Y lo es, subraya, "para todos los ciudadanos".

La asociación con sede en Roma advierte de que la conocida como "ley Bolaños" "no fortalece, sino que modifica los equilibrios internos del Poder Judicial y altera las condiciones de acceso y promoción, con efectos profundos y duraderos"

Y se queja de que introduce criterios de selección "alternativos" al sistema de oposición, "reduciendo el filtro objetivo y abriendo la puerta a valoraciones más subjetivas o dependientes" y de que "aumenta la inseguridad funcional, consolidando figuras temporales o interinas que no disfrutan de las mismas garantías". Además, añade, "refuerza la capacidad del Ejecutivo en la configuración del sistema, tanto directa como indirectamente".

Retroceso democrático

Esa reforma, pone de relieve, se produce en "un contexto de presión política cada vez más evidente" en el que "miembros del Gobierno de España han realizado declaraciones públicas desacreditando a jueces que instruyen procedimientos sensibles, relacionados con el entorno del presidente del Gobierno". "Se han cuestionado sus méritos, su capacidad y su imparcialidad, en tono claramente despectivo, con el objetivo —implícito pero evidente— de socavar su autoridad y condicionar su actuación".

Este tipo de conductas, afirma, son "impropias de una democracia madura" y forman parte de "un patrón que hemos visto en otros países: primero se desacredita públicamente a los jueces; luego se reforman sus estructuras; finalmente, se transforma su naturaleza".

En otros países, recuerda la asociación judicial internacional, "se ha demostrado cómo el debilitamiento de la justicia no suele comenzar con grandes golpes institucionales, sino con reformas legales técnicamente justificadas y discursos que acusan a los jueces de elitismo, corporativismo o resistencia al cambio". Y la experiencia demuestra, subrayan, "que los retrocesos democráticos no siempre se anuncian: a menudo, se tramitan".

El Poder Judicial -hace hincapié- "es uno de los tres poderes del Estado" y su independencia "no es una concesión" del Gobierno ni una "excepción administrativa", sino que se trata de "una garantía constitucional para todos los ciudadanos". "Allí donde esta premisa empieza a discutirse o relativizarse", enfatiza, "la democracia se debilita".