¿Malversación camuflada en las subvenciones?

19 entidades soberanistas deben acreditar si el 1-O se pagó con fondos públicos o no.

Fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que decía tener certeza de que para el referéndum ilegal en Cataluña no se había gastado ni un solo euro público. Más tarde el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le requirió que acreditara esas afirmaciones con datos objetivos puesto que la versión del titular del ministerio contradecía las pruebas acumuladas en la investigación por la Guardia Civil, que cifran la cantidad malversada en 1,9 millones de euros.

Ahora, 19 entidades soberanistas están bajo el punto de mira del Ministerio de Hacienda tras el referéndum del 1 de octubre. ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia o Súmate son algunas de las que han apoyado el «procés» y que ahora deberán aclarar si los gastos de la consulta ilegal se pagaron o no con fondos públicos.

Es el Ministerio de Hacienda el que, a través de una carta firmada por el secretario de Estado de Hacienda, pedía ayer formalmente a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, información para que aclare esta situación. El objetivo de estas diligencias corresponde a investigar el rastro de las ayudas públicas que recibieron estas entidades entre los años 2015 y 2017.

La Interventora de la Generalitat debe ahora acreditar un cuadro de información sobre las subvenciones, detallando el beneficiario, el órgano que concedió la ayuda, el importe, el procedimiento de concesión, la partida presupuestaria a que se cargaron, así como las comprobaciones posteriores de la misma y las normas por las que se ampararon, informa Efe. Además de las entidades soberanistas más conocidas en el proceso independentista también se solicita información sobre Procés Procés Constituent o Assemblea.cat o Ens de Comunicació Associativa y Reinicia Catalunya. Hacienda también pone el foco en El País que Volem, La Roda Fundació, Parlament Ciutadà, Sobirania i Justícia, y la Convención Constitucional Catalana.

De hecho, la Guardia Civil ha centrado también sus investigaciones en la Interventora de la Generalitat y señala que ha omitido información. El instituto armado entregó el martes en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un informe de 14 folios en el que relata las actuaciones que ha tenido la Interventora cuando la han solicitado información sobre algunas de las facturas del referéndum ilegal. El citado documento señala que omitió información, que participó en un acto de compromiso con el referéndum y que no denunció lo que puede ser un intento de «estafa».