Manifiesto de jueces y fiscales por la huelga como "última defensa legítima" frente a las reformas de Bolaños

Jueces y fiscales están secundando un manifiesto de huelga que en poco más de una hora cuenta ya con más de 400 adhesiones, según ha podido constatar LA RAZÓN. El documento, distribuido a través de grupos de WhatsApp, alerta de que la reforma de la Fiscalía y del sistema de acceso a ambas carreras supone "un riesgo para la independencia de la Justicia".

Según ponen de relieve, esas modificaciones legales "constituyen un grave retroceso en los valores de independencia judicial y separación de poderes" y son contrarias "al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución". Su retirada, concluyen, "es la única manera de evitarlo, y la huelga, la última defensa legítima a nuestro alcance".

"Con las reformas que se pretenden", denuncias, ambas carreras, "ya controladas políticamente mediante nombramientos discrecionales, pasarán a estar politizadas en la base". Ante la "gravedad" de la situación, los autores del manifiesto -nueve magistrados y fiscales de distintas promociones- apremian a "todos los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que deseen secundar una huelga" a apoyar el documento "para preservar la independencia judicial y la separación de poderes, sin las cuales no existe el Estado de Derecho".

Rebaja los niveles de exigencia

Los firmantes defienden el actual sistema de acceso por el turno libre (mediante oposición) a las carreras judicial y fiscal, que califican como "democrático". "Garantiza que cualquier persona, al margen de su origen e ideología, pueda competir en igualdad de condiciones, y se basa única y exclusivamente en su esfuerzo individual, sin deber nada a nadie". "El 32% de los nuevos jueces -recuerdan- procede de familias cuyos dos progenitores carecen de estudios superiores" y el 70% son mujeres. Además, añaden, el avance en el sistema de becas "facilita el acceso a la preparación" (en la última promoción, el 19% accedió́ con beca, apuntan).

Según advierten, con la reforma el Gobierno, a través del Centro de Estudios Jurídicos, "controlará la preparación de la oposición, hasta ahora a cargo exclusivo de profesionales independientes".

Además, apuntan, en el acceso por el turno libre "se eliminará una prueba oral" de 144 temas, "rebajando con ello los niveles de exigencia y preparación, a diferencia del resto de profesiones jurídicas".

Se introducirá, además -continúa el manifiesto- "un dictamen escrito, que podrá admitir diversas respuestas válidas y será de evaluación subjetiva, con el peligro de filtraciones que lleva consigo, razones por las que se eliminó hace 20 años".

Del mismo modo, el documento hace hincapié en que el acceso por el cuarto turno (juristas de reconocida competencia) "se verá recompensado con cinco años de antigüedad, a los únicos efectos de optar a puestos de nombramiento discrecional".

"Devalúa" la formación de jueces y fiscales

Todo ello, se quejan los firmantes, irá en detrimento de los opositores, "personas decididas, sacrificadas y con un conocimiento amplísimo del Derecho", con lo que este sistema de acceso "queda herido de muerte, al igual que el esfuerzo, cimiento limpio e independiente de ambas carreras".

El manifiesto rechaza que mientras la reforma "se pretende implementar en cinco meses", el examen "se tarda en preparar unos cinco años", lo cual "afecta de manera muy injusta a los opositores".

Con estas modificaciones legales, denuncian, "se devalúa la formación de los jueces y fiscales y el poder político podrá influir en el perfil de quienes ingresen en la carrera judicial o fiscal, alterando progresivamente su composición, lo que perjudica seriamente la separación de poderes".

Los jueces y fiscales discrepantes también cuestionan la estabilización de jueces sustitutos. "Frente a la exigencia, rigor y objetividad para acceder a la función jurisdiccional, los requisitos exigidos para la estabilización de los jueces sustitutos y demás profesionales del Derecho son tener el Grado en Derecho, cinco años de ejercicio profesional y superar un dictamen sobre cualquier rama del Derecho".

Se "refuerza el poder" del fiscal general

"El concurso oposición -se quejan- se convocará a los dos meses de la entrada en vigor de la Ley, una rapidez inusitada e inexplicable para acometer una reforma de semejante calado que perjudica a los opositores". Por lo tanto, aseguran que "con el pretexto de la temporalidad", la reforma "abre una preocupante puerta de atrás a cualquier profesional del Derecho, haya ejercido o no como juez o fiscal sustituto, sin garantías objetivas de la capacitación técnica necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional ni de independencia en el proceso selectivo".

En cuanto a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consideran que "refuerza el poder" del fiscal general del Estado y "debilita" al Consejo Fiscal, "cuyas competencias reduce". Igualmente, añaden, "disminuye las garantías profesionales de los fiscales en aspectos clave como la asignación de asuntos, el régimen disciplinario o las discrepancias" con un superior jerárquico.

La reforma, afirman, "no garantiza la autonomía ni la independencia del Ministerio Fiscal, sin las cuales no puede cumplir sus funciones ni asumir la investigación criminal", que este cambio legal deja en manos de los fiscales. "Sin garantías de independencia para los fiscales, la separación de poderes está en peligro real", advierten.