Manos Limpias y el resto de acusaciones piden a la juez que retire el pasaporte a David Sánchez

Las siete acusaciones que litigan en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez han solicitado a la juez Beatriz Biedma que le retire el pasaporte tras conocerse que planea trasladar su residencia a Japón. El escrito, que firma Manos Limpias por ser la que ostenta la representación letrada, advierte que se deberían acordar medidas cautelares para "asegurar su presencia en el juicio" que afronta por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El sindicato solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que requiera al hermano del presidente del Gobierno para que preside si, como desveló el diario ABC, es cierto que pretende dejar España para asentarse en Japón. En el caso de que fuera cierto reclaman que se le retire el pasaporte y se le prohíba abandonar el país o, en su defecto, que se le imponga una fianza que Manos Limpias fija en 70.000 euros "atendiendo a sus ingresos y patrimonio.

En su escrito, que firma el abogado José María Bueno y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, recuerdan que España no tiene convenio de extradición con Japón y deslizan que el músico podría sustraerse de la acción de la Justicia. Cabe recordar que Biedma le procesó junto con otros investigados en el procedimiento al considerar que la Diputación de Badajoz habría creado para él una plaza pública de coordinador de conservatorios pacenses.

Revés del TSJ extremeño

Tras este movimiento, el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, activó los mecanismos para aforarse en tiempo récord, tanto, que lo consiguió antes de que la magistrada abriera juicio oral. El objetivo era que el asunto no se juzgara en la Audiencia Provincial de Badajoz y que, incluso se evitara el banquillo, ya que este cambio podría incluso haber propiciado el archivo de las diligencias.

Sin embargo, el TSJ extremeño reaccionó desestimando la competencia para estudiar el caso. Es más, en un duro auto los magistrados alertaron que se trató de una maniobra "torticera" y que suponía un fraude de ley. Por ello, devolvió el asunto a la instructora Biedma, aunque la investigación ya está finalizada y solo queda que la Audiencia Provincial de Badajoz resuelva los recursos interpuestos por las defensas contra su procesamiento.