Manuel García Castellón: en la diana del separatismo

Ha demostrado ser un juez serio, riguroso, defensor a ultranza de la legalidad constitucional y firme ante las presiones de todo tipo. Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, es objeto de un ataque inaudito por su investigación contra el fugitivo Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra Republicana, también huida en Suiza, Marta Rovira, en quienes detecta delitos de terrorismo por su intervención en el llamado «Tsunami Democrátic» en los días violentos callejeros del «procés». El punto álgido lo puso la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al afirmar que el instructor de la causa tiene «cierta querencia» a pronunciarse de manera determinada en «momentos políticos sensibles». Una acusación inadmisible de presunta prevaricación contra García Castellón cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez negocia, rendido y sumiso, las exigencias del fugitivo de Waterloo y los independentistas que apoyaron su investidura.

Las declaraciones de Ribera, secundadas también por su compañera Yolanda Díaz, han provocado todo un terremoto político. El PP considera de una «gravedad extrema» las afirmaciones de las dos ministras, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avisa que las estudiará y fuentes de La Moncloa reculan al asegurar que siempre respetan las decisiones del Poder Judicial, aunque no las compartan.

En un auto bien documentado con rigor jurídico, García Castellón insiste en que los graves disturbios que promovió «Tsunami Democrátic» en otoño de 2019, entre ellos el asalto al aeropuerto de El Prat, la violencia en las calles de Barcelona y el asedio en los accesos a la Ciudad Condal, deben enmarcarse en «delitos de terrorismo», por lo que continuará con su investigación al prófugo Carles Puigdemont y Marta Rovira. Ello se produce en un momento muy delicado, cuando el negociador de Pedro Sánchez, el socialista navarro y número tres del partido, Santos Cerdán, mantuvo una reunión en el Congreso de los Diputados con los dos «halcones» del fugitivo, Jordi Turull y Míriam Nogueras, en medio de un gran hermetismo. Pero fuentes de JuntsxCat aseguran que exigieron acoger el terrorismo dentro de la ley de amnistía para así garantizar en toda regla la impunidad del expresidente fugado en Bélgica. Según estas fuentes y el entorno de Puigdemont, el PSOE estaría dispuesto a transigir con este dislate a través una enmienda transaccional a la normativa, encubriendo con otra nueva fórmula el delito terrorista. El escándalo está servido y desde el PP ya han anunciado que reprobará a las dos vicepresidentas en el Senado por sus acusaciones de «lawfare» contra la independencia de los jueces.

En medio de este litigo sin precedentes entre los poderes del Estado se erige la figura del juez Manuel García Castellón, instructor del «caso Tsunami», quien ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra su decisión de proponer al Tribunal Supremo la imputación de Carles Puigdemont, Marta Rovira y otros diez encausados en el «procés».

Ante las alegaciones del Ministerio Público, el titular del juzgado de la Audiencia Nacional defiende su auto y acusa a la Fiscalía de hacer «dejación de sus funciones» como garante del cumplimiento de la legalidad que le otorga el propio Estatuto del Ministerio Fiscal, y se afianza en su calificación de los hechos como encuadrados en delitos de terrorismo. Un asunto altamente sensible cuando el PSOE negocia con los independentistas la ley de la amnistía y cede a las exigencias del prófugo de Waterloo. Los ataques a García-Castellón se unen en tromba a los orquestados por los separatistas contra otros miembros del Poder Judicial instructores del «procés», como Manuel Marchena o Pablo Llarena. Un grave conflicto institucional que los populares denunciarán ante más altas las autoridades de la Unión Europea.

Manuel García Castellón y García-Lomas, nacido en Valladolid y titular del juzgado número seis de la Audiencia Nacional, es un reputado profesional de la Judicatura responsable de las investigaciones en causas relevantes y mediáticas como son los casos «Banesto», «Púnica», «Lezo», «Tándem» (sobre el excomisario Villarejo), «Kitchen» (cúpula del Ministerio del Interior), «BBVA», «Dina» (colaboradora de Pablo Iglesias) o «Tsunami Democrátic», este último contra los implicados en el «procés», lo que le convierte en la «bestia negra» de los independentistas.

Hijo de un funcionario del Ministerio de Agricultura en la capital castellanoleonesa, se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca, obtuvo un máster en Comunidades Europeas y se especializó en Derecho Administrativo. Ingresó en la carrera judicial en el año 1977 y llegó a la Audiencia Nacional como sustituto de Baltasar Garzón, donde ha desarrollado una gran actividad profesional. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, lo que le ha valido ataques furibundos de sectores de la izquierda, aunque su rigor e independencia no le hicieron temblar el pulso en casos que también afectan al PP, como la «Púnica» o, ahora, el «caso Kitchen» sobre la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Durante diecisiete años trabajó como juez de enlace. Primero en París, con el Gobierno de José María Aznar, y luego en Roma, con el de Mariano Rajoy, donde se dedicó a la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo.

Quienes bien le conocen opinan que es un juez «apegado a la realidad en busca de la verdad». Hombre culto, aficionado a la lectura y al senderismo, se define como un «alma máter» del Derecho. Ahora, su instrucción sobre Puigdemont le ha puesto en la diana de los independentistas y del PSOE, en un momento de alto voltaje político. Acostumbrado a todo tipo de ataques de uno y otro lado, Manuel García-Castellón es un jurista serio, rocoso y de prestigio, sin desviarse de su hoja de ruta.