El juez envía a Puigdemont a prisión por riesgo de fuga

El magistrado alemán cree que si el ex president, que se opuso a su entrega, quedase en libertad podría intentar regresar a Bélgica en busca del «incentivo notable» de un tratamiento más favorable.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont permanecerá en prisión preventiva en Alemania mientras la Justicia germana estudia la petición de extradición cursada por España. Así lo decidió ayer el juez del Tribunal de Primera Instancia de Neumünster, por riesgo de fuga, una vez finalizada la declaración del líder independentista.

«La decisión de hoy (por ayer) no significa que Puigdemont vaya a ser extraditado, sino que ahora empieza el proceso», manifestó el fiscal superior del distrito judicial, Georg Güntge, al término de la comparecencia. El titular del Juzgado de Primera Instancia de Neumünster aceptó la petición de la Fiscalía del estado de Schleswig Holstein, que pidió que Puigdemont continuase en prisión al advertir «riesgo de fuga». Según explicó en un comunicado, no se puede dar por hecho que el detenido vaya a permanecer en Alemania si queda en libertad. En la decisión ha pesado el hecho de que al ser detenido el pasado domingo viajaba hacia Bélgica, donde tiene su residencia actualmente, y donde no se puede presumir que el proceso de extradición siguiera el mismo camino, lo que podría ser para él un «incentivo notable» para tratar de llegar a ese país.

Puigdemont compareció durante tres horas acompañado de su abogado en lo que no fue más que un mero trámite por el cual el juez le identificó y, siguiendo el procedimiento de todas las euroórdenes, informó al ex presidente de los cargos de pesan contra él. Asimismo, le preguntó si aceptaba la entrega voluntaria. Al negarse, el caso pasará ahora a un tribunal superior. Comunicada la medida de privación de libertad, el ex mandatario catalán debe esperar ahora al pronunciamiento de la Fiscalía General del estado federado de Schleswig-Holstein, que analizará si se cumplen los requisitos para ejecutar una extradición del político a España, en un procedimiento que puede alargarse 60 días, prorrogables a 90.

A pesar de esta decisión, el propio fiscal subrayó que es «poco probable» que se tome una decisión sobre su posible extradición esta semana, según recogió la televisión pública alemana ARD. En la misma línea, una portavoz de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, añadió que la resolución sobre la posible entrega del ex president se prolongará probablemente más allá de esta semana. El delito de rebelión no está tipificado como tal en el Código Penal alemán pero puede haber delitos que sean equiparables, según informó la portavoz del Ministerio de Justicia, Stephanie Krüger, que declinó matizar si se refería al de alta traición que sí recogen las leyes de este país. A continuación, el organismo presentará el proceso de extradición ante el Tribunal Superior regional. En el caso de que la Fiscalía llegue a la conclusión de que no existen los requisitos para una extradición, ordenará entonces su libertad.

Aunque existe un límite máximo de 60 días para mantener en prisión a Carles Puigdemont hasta que la Justicia alemana decida sobre su entrega a España, una portavoz de la Fiscalía recordó que ha habido procesos de entrega que se han prolongado durante más tiempo.

El ex presidente de la Generalitat está procesado por el Tribunal Supremo por un delito de rebelión y otro de malversación. En Alemania existe el delito de alta traición, que tiene similitudes con el tipo penal del Código Penal español.

El artículo 81 del Código Penal alemán establece que quien actúe «con violencia o amenaza de violencia para dañar la existencia de Alemania o modificar el orden constitucional recogido en la Constitución de la República Federal de Alemania será penado con cadena perpetua o con penas de cárcel de no menos de diez años». Asimismo, el artículo 83 del Código Penal alemán establece que «quien prepare una acción de alta traición contra el Estado será penado con de un año a diez años de cárcel y en casos menos graves con penas de cárcel desde un año hasta los cinco años».