Mas abraza a ERC y fija la consulta en 2014

Artur Mas hará finalmente el tradicional discurso de fin de año como presidente de la Generalitat de Cataluña. Como presidente de verdad y no en funciones, como ejercía hasta ahora, mientras CiU y ERC negociaban a contrarreloj un acuerdo de legislatura que permitiera a Mas gobernar con garantías de estabilidad. Después de que CiU aceptara el aumento de tasas que exigía ERC, inclusive la recuperación del impuesto de sucesiones, sólo quedaba un escollo para poder anunciar el esperado «habemus pacto», sobre el cuándo y el cómo se celebrará la consulta de autodeterminación.

Mas no se dejó intimidar por que Fomento, la gran patronal catalana expusiera su preocupación por el inminente pacto entre CiU o ERC. Tras un «sprint» final en el maratón de la negociación, que empezó hace veinte días con un encuentro entre el presidente en funciones y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, hubo fumata blanca. A las ocho de la tarde, Junqueras salía de una reunión con Mas en el Palau de la Generalitat con una sonrisa. «La reunión ha ido muy bien, hay un acuerdo en términos globales y hay un acuerdo en el ámbito de la consulta, que era donde había más dificultades», explicó. A falta de matizar, durante la mañana de hoy, «algún fleco de carácter menor», el presidente de ERC añadió que por la tarde rubricarán el acuerdo de estabilidad que dará pie a «un gobierno estable y un gobierno fuerte, que es lo que Cataluña necesita en estos momentos».

La fórmula que ha satisfecho las demandas de ERC –que exigía poner fecha a la consulta– y de CiU –que se oponía– ha sido la inclusión de una cláusula que permite prorrogar el referéndum si «el contexto socioeconómico y político lo requiriesen».

Aunque dentro de CiU había reticencias a poner negro sobre blanco el camino hacia la consulta, porque puede aún tensar más la relación con el Gobierno de Mariano Rajoy, el documento que firmarán Mas y Junqueras dibuja el proceso de la convocatoria.

El proceso de convocatoria

«CiU y ERC manifiestan su compromiso explícito y la determinación política de hacer una consulta al pueblo de Cataluña para que pueda decidir democrática y libremente su futuro colectivo», dice el texto. Para que en 2014 pueda celebrarse la consulta, en el primer pleno ordinario de la legislatura, el Parlament fijará su compromiso con el derecho a decidir a través de una declaración.

Una vez investido –el jueves empieza el pleno de investidura y el viernes Mas será proclamado presidente–, el nacionalista encarará las negociaciones con el Gobierno de Rajoy para que el derecho a decidir incluya la opción de convocar un referéndum, tal y como prevé la Ley 4/2010 del Parlament, de consultas populares por la vía del referéndum. El acuerdo prevé formalizar la petición en el primer semestre de 2013. Como CiU y ERC dan por hecho que la negociación con el Gobierno caerá en saco roto, paralelamente, antes del 31 de enero de 2013, el Parlament iniciará los trámites para aprobar la ley de consultas catalana, que dé cobertura a un referéndum sobre la independencia con carácter no vinculante al margen de la Constitución.

Para coordinar estos trabajos se creará el «Consell Català per a la Transició Nacional». El organismo estará integrado por «personalidades representativas vinculados a la preparación y celebración de la consulta». Los próximos meses serán una carrera contrarreloj para tener «todos los procedimientos formales, jurídicos e institucionales posibles antes del 31 de diciembre de 2013» para estar en condiciones en 2014 de «convocar la consulta de acuerdo con el marco legal con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga». Con esta cláusula, CiU se cubre las espaldas en caso de no poder convocar la consulta, alegando situaciones como un hipotético rescate a España que complique aún más la situación económica o que no haya una mayoría clara a favor de la independencia, pese a que en el documento, nacionalistas y republicanos se comprometen a consolidar una mayoría social para garantizar el éxito de la votación. El documento no concreta un alternativa, tal y como quería ERC, por si el Gobierno lleva la ley de consultas ante el Constitucional.

Mas no ha cedido a la hora de dar pistas sobre su «plan B», pero en cambio ha aceptado medidas económicas de ERC que imponen una subida de impuestos que permitirá reducir los recortes un 25 por ciento. CiU ha aceptado este giro fiscal a regañadientes para poder sacar adelante los presupuestos de 2013, que tendrán que recortar 3.000 millones de euros.