Mas choca con la Constitución

-El mismo día en que el nuevo Ejecutivo de Artur Mas tomó posesión, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell avisaba de que Cataluña no podría asumir el objetivo de déficit del 0,7 por ciento para 2013. «Si nos obligan al 0,7 por ciento, un objetivo que no tiene sentido, no sólo tocaremos hueso, sino que existe la posibilidad de romperlo», alertó. Mas-Colell negocia desde entonces con el Gobierno para que el objetivo de déficit de las autonomías pase del 0,7 por ciento previsto al 1,5 por ciento. Si en el escenario más optimista, el portavoz del Govern, Francesc Homs, admitió que «pintan bastos» para Cataluña, la suspensión cautelar, que ayer hizo efectiva el Tribunal Constitucional (TC), de las tasas judiciales y el impuesto de depósitos, además del euro por receta, sitúa a Cataluña al borde del precipicio. Artur Mas no escondió su enfado con el Gobierno, que es quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta, el impuesto a la banca y las tasas judiciales. Visiblemente molesto, el president de la Generalitat acusó al Gobierno de asfixiar a Cataluña al impedirle generar ingresos por la vía de estos tres impuestos. «Ellos no dan ninguna alternativa, ellos van a saco», reprochó a Mariano Rajoy y a los suyos, a quienes avisó de que «Cataluña no es una provincia del norte de África» y de que «si Cataluña no sale, España tampoco». El mismo ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, respondió que «si Cataluña no logra ajustar y controlar sus finanzas públicas, causaría un serio perjuicio al conjunto de la economía española». Pero en vez de lamentarse y dar rienda suelta a su discurso victimista, instó al president de la Generalitat a hincar el codo para superar la crisis y dejarse de aventuras soberanistas.

El impacto económico de la suspensión de estas tres tasas será de 820 millones de euros. Con el euro por receta, la Conselleria de Salud tenía previsto recaudar 310 millones de euros, 90 millones por cada receta dispensada y 220 millones por el ahorro gracias al efecto disuasorio de la medida. En defensa del recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta, el Gobierno alega que vulnera el principio constitucional de que todos los españoles «han de ser iguales en materias esenciales», pues con esta medida los catalanes tienen que pagar más por acceder a un medicamento.

Por otro lado, el pacto de legislatura que firmaron CiU y ERC contemplaba ingresar 1.000 millones de los 4.000 millones de ajuste previstos en los presupuestos de 2013 con una serie de tasas e impuestos, entre ellos, el impuesto sobre los depósitos bancarios y las tasas judiciales. Con el primero, que aplican ya Andalucía, Canarias y Extremadura, la Generalitat preveía ingresar 500 millones de euros, según la estimación que hizo el conseller de la Presidencia. La Generalitat desafió al Ejecutivo de Rajoy dando luz verde a la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios días antes de que el Gobierno aprobara una norma para fijar un impuesto a los depósitos bancarios. El Gobierno entiende que no tiene sentido que cada autonomía establezca un impuesto distinto. Mas quería blindar el espacio fiscal de la Generalitat y evitar que el Gobierno prohibiera a las comunidades autónomas grabar las cuentas bancarias. Ahora, tiene un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones oportunas. Gracias a las nuevas tasas judiciales, la Conselleria de Justicia prevé ingresar el próximo año «entre 11 y 12 millones de euros». La suspensión cautelar de cinco meses de estas tres tasas, una vez admitidos a trámite los recursos del Gobierno, complicarán aún más que la Generalitat cumpla con el objetivo de déficit del 0,7 por ciento que, de momento, le pide el Estado. Cataluña ya ha avanzado que tiene previsto volver a solicitar dinero al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Sólo en vencimientos de deuda, este año, la Generalitat tiene que pagar 7.584 millones de euros más préstamos bancarios.