Mas de mil agresiones al mes a policías y guardias civiles durante el año pasado

En 2022 se alcanzó la cifra más alta de agresiones a policías y guardias civiles de los últimos quince años. Treinta y cinco al día; más de mil al mes. Y la mayor parte de ellas, siete de cada diez, en demarcación de Policía Nacional. Así lo denuncia la Confederación Española de Policía (CEP), que ha lanzado la campaña “Tiene Delito” para dar a conocer esta realidad a la sociedad, reclamando además medidas urgentes para reforzar la protección física y jurídica de los agentes frente a ese preocupante fenómeno.

Para este sindicato, garantizar que un policía acabe su turno de servicio sano y salvo es una prioridad. “El principio de autoridad en este país se ha deteriorado hasta provocar que pegar a un policía salga gratis, porque quien lo hace sabe que el Código Penal es débil con los violentos y nadie pisa la cárcel”, subrayan.

Proponen, entre otras medidas, un endurecimiento de las penas por ese delito, porque, añaden, “la impunidad es el motor que está impulsando este aumento preocupante de la violencia en las calles y el cuestionamiento de la autoridad de los policías, comprometiendo así la seguridad de todos”.

El incremento de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, que la mayor parte de las veces termina con condenas testimoniales de unos pocos meses de prisión, ha generado tal preocupación que CEP ha lanzado dicha campaña como principal proyecto para las elecciones al Consejo de Policía, que se celebran el 28 de junio y en las que los agentes eligen a sus representantes en ese órgano de interlocución con el Ministerio del Interior. En palabras del secretario general de CEP, Víctor M. Vigil, “no puede haber nada más importante ni urgente que proteger a nuestros compañeros, porque detrás de cada uniforme hay personas y familias y porque ningún sueldo compensa el jugarse la vida en la calle sin suficientes medios de protección o respaldo jurídico”.

Para lograr sensibilizar a la sociedad y al propio colectivo policial, ha producido un documental que, bajo el título ‘¿Quién nos protege?’, recoge testimonios de policías nacionales, guardias civiles y policías locales a los que un ataque en su trabajo truncó su carrera y su vida, como así ocurrió con un miembro de la Benemérita que murió al ser arrollado por un vehículo cuando auxiliaba a otro. El proyecto, que se ha estrenado ya en redes sociales y que se podrá ver en su integridad en una plataforma de televisión esta semana, es el primero de estas características y pretende, en palabras del sindicato, “alertar de que detrás de muchas noticias sobre intervenciones policiales suele haber uno o varios policías lesionados y que eso está empezando a ocurrir con una frecuencia muy preocupante”.

Propone, entre otras medidas, el endurecimiento del Código Penal, la eliminación de la suspensión de penas en los delitos de atentado, la desaparición de la expulsión del Cuerpo en el caso de condena por inhabilitación derivada de una intervención policial, la modificación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana para evitar que su trabajo sea lo que ellos califican como un “gran hermano”, la activación del seguro de responsabilidad civil previsto en su normativa interna o la emisión de instrucciones claras a las Fiscalías para acusar en este tipo de delitos. También reclaman compras masivas de medios de protección, entre los que el chaleco antibalas y la pistola eléctrica ocupan un lugar destacado porque “salvar la vida de un policía no tiene precio y todo gasto en protección es una inversión en vida”.

“Creemos que es una prioridad, una urgencia que no podemos desatender ni un minuto más y por eso es nuestra apuesta sindical para el futuro”, agrega. Y hace un llamamiento: “los partidos políticos deben comprometerse con los policías de cara a las elecciones generales del 23 de julio, porque si quienes nos protegen no se sienten protegidos, ¿quién lo está, entonces?”.