Mas planea despedir en 2013 a 20.000 interinos de la Generalitat

El Gobierno de Artur Mas centra todos sus esfuerzos en dar forma a la consulta soberanista de 2014. Todos los debates versan sobre el Estado propio y la secesión. Es la cortina de humo perfecta para ocultar la triste realidad, la bancarrota de Cataluña. 2012 ha sido un año duro, pero a tenor de los preparativos del nuevo ejecutivo catalán el año pasado puede pasar a la historia como el jardín de las delicias.

La vicepresidenta, Joana Ortega, no se anduvo por las ramas y tuvo malos presagios para 2013. Los trabajadores de la administración catalana pueden perder de nuevo una paga extraordinaria. Sin embargo, esto no es lo peor. El Govern está estudiando despedir a unos 20.000 funcionarios interinos de la Generalitat. Estos trabajadores tuvieron que soportar una reducción salarial del 15% en 2012. En 2013 pueden acabar en la calle.

La consejería de Economía está de los nervios. Con el crédito cerrado, está haciendo números para acudir de nuevo al Fondo de Liquidez Autonómico. Las cifras que se barajan se sitúan en los 18.000 millones, casi el 80% del total previsto para 2013 por el ministro Montoro. Además, la consejería dirigida por Andreu Mas-Colell prepara recortes, que llegarán a 4.000 millones si no se logran 1.000 con los nuevos impuestos pactados con ERC.

El presidente Mas, en su discurso de Fin de Año, hablaba de construir un nuevo estado ligando derechos nacionales y sociales, pero este objetivo tendrá que esperar porque en 2013 los derechos sociales y laborales quedarán en sólo un discurso de buenas palabras para muchos ciudadanos. El Gobierno catalán propondrá una reducción drástica de los gastos de personal. Y lo hará fijándose en el grupo más débil de los trabajadores públicos: los interinos y el personal laboral.

Mas-Colell propone el despido de 20.000 trabajadores interinos y laborales, lo que implicaría un sustancial ahorro a las arcas públicas, aunque el coste social sería indescriptible. Consciente de este coste, desde la vicepresidencia del Govern, la democristiana Ortega aboga por una negociación con los sindicatos. En función de los recortes salariales que pudieran asumir los trabajadores públicos, la cifra de despidos podría reducirse a la mitad y sólo 10.000 podrían verse abocados a las colas del paro. Además, desde la vicepresidencia se está trabajando en otras fórmulas que puedan no ser tan traumáticas. Un dirigente sindical apunta que «la reforma de la administración pública no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro».

Este planteamiento no concuerda con los preparativos de Mas-Colell, pero sí tiene puntos de encuentro con Ortega. En conversaciones no oficiales, sindicatos y administración están explorando iniciar un proceso de prejubilaciones para el personal de más de 60 años y con 38 años cotizados. Con esta medida, que podría incluirse en el tijeretazo general reduciendo los despidos más traumáticos, se iniciaría un recorte de personal que no sería traumático para los trabajadores.

Sin embargo, los recortes más virulentos no han sido comunicados a las organizaciones sindicales, que no dan crédito a estas medidas y anuncian movilizaciones. De hecho, tampoco se les ha planteado oficialmente la eliminación de la paga, ni la privatización del Servicio de Ocupación, que se paralizó por la convocatoria electoral, ni los expedientes de regulación que están previstos en diversas empresas públicas o incluso expedientes que podrían afectar al personal laboral de la administración. «No se puede llegar a plantear un referéndum sobre la independencia pasando por encima de los derechos sociales y laborales», afirma un alto dirigente sindical.

Entre los expedientes de regulación de empleo se encontraría la televisión pública. Sin embargo, algunas fuentes afirman que ante la más que previsible oposición de Esquerra, «lo de TV-3 apenas se quedaría sólo en un pellizco». En conversaciones informales, directivos de la televisión situaban la cifra de los recortes en un 25%. Esta cifra podría verse reducida sustancialmente por la oposición de los republicanos y por la fuerza de los trabajadores de los medios de comunicación públicos de Cataluña que no están dispuestos a pagar el pato de la situación.

Éstos son los recortes más destacados que tiene previstos el Govern para 2013, pero no son los únicos. Sanidad es otro de los objetivos del nuevo ejecutivo. Como avanzó LA RAZÓN en plena campaña electoral, los conciertos económicos con los hospitales se verán reducidos como mínimo un 5 por ciento en un sector que llueve sobre mojado. En estos últimos años, las tarifas han sufrido rebajas superiores al 10 por ciento. Para 2013, el montante resultante de la nueva tarificación sanitaria se situará en torno a los 200 millones.

A este nuevo recorte, se suma que los hospitales catalanes tienen que soportar retrasos en los pagos desde el mes de julio –que sigue pendiente de abono por parte de la Generalitat– sino que verán recortados de nuevo sus ingresos. Esta situación puede dejar a algunas instituciones a un paso del cierre o en su defecto abierta a despidos o a reducciones salariales a sus trabajadores. Este ajuste de plantillas tendrá un efecto nocivo sobre los servicios hospitalarios y, en consecuencia, en la atención a los pacientes.

La misma situación puede darse en la educación concertada y en las entidades que prestan sus servicios en el tercer sector. En ambos casos se barruntan nuevos recortes a los que hay que sumar también impagos de meses atrasados. En Cataluña, en definitiva, 2013 empieza con malas noticias aunque el Gobierno catalán sigue centrando sus debates en 2014. Es la cortina de humo perfecta que oculta los problemas cotidianos y los duros recortes que se preparan para este año, que pueden dejar a 20.000 trabajadores sin su puesto de trabajo.

Un recorte histórico

La cuarta oleada de recortes que está obligado a aplicar el gobierno de Artur Mas será la «más dolorosa», según el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. Si no consigue que el Gobierno flexibilice el objetivo de déficit –esto es que pase del 0,7 por ciento al 1,5 por ciento– los presupuestos de la Generalitat para 2013 tendrán que incluir unos ajustes de 4.000 millones de euros.

PELIGRA EL BIENESTAR Mas-Colell ha advertido ya que si el Gobierno no flexibiliza el déficit, obligará a la Generalitat a tocar el Estado de Bienestar.

Después de tres oleadas de recortes, el Gobierno catalán avisa de que tendrá que pasar las tijeras por Educación, Sanidad y servicios sociales, prestaciones básicas que ofrecen las comunidades autónomas.

MÁS IMPUESTOS Con la idea de recaudar mil millones de euros y dejar los recortes en 3.000 millones, el pacto de CiU con ERC incluye la implantación o modificación de algunos impuestos «con carácter temporal y flexible» y «ligados a la reducción del déficit público. CiU dio su brazo a torcer para que se recupere el impuesto de sucesiones para las rentas más altas y se modifique el impuesto sobre el patrimonio rebajando el mínimo exento a 500.000 euros. También se han acordado otras figuras impositivas, como un gravamen sobre refrescos con exceso de azúcar, un tributo para gravar la emisión de gases contaminantes o el impuesto sobre depósitos bancarios.