Mas prepara certificados para justificar la falta al trabajo de los que voten en la consulta

Aunque la consulta soberanista en Cataluña «no se va a celebrar», según ha subrayado en varias ocasiones Mariano Rajoy, los preparativos virtuales del Gobierno de Artur Mas continúan. La consulta tiene fecha (9 de noviembre), tiene pregunta (¿Desea usted que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿independiente?) y también tiene certificados para justificar el absentismo laboral el día de la votación.

Aunque el PP ya denunció hace varios días que reclusos de Lérida trabajaban en este documento, la Consejería de Justicia, dirigida por Germà Gordó, lo negó en todo momento. Ayer, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, decidió exhibirlo en el pleno del Parlament para dejar en evidencia al Govern.

«Señor Mas, creo que ustedes han llegado demasiado lejos. Fíjese, éste es el certificado de voto de la consulta popular que los presos del CIRE de Lérida están utilizando parala consulta del 9 de noviembre. El Govern mintió, dijo que no estaba haciendo nada de cara a la consulta y aquí lo pone bien claro», denunció Sánchez-Camacho, blandiendo el documento en el hemiciclo.

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El certificado corrobora que un elector de Cataluña ha comparecido ante una mesa para emitir su voto en la consulta popular y sirve para validar tanto su participación efectiva como la imposibilidad de que haya podido hacerlo debido a varias razones (no figurar en el censo, no justificar la identidad, no constituirse la mesa). «Yo creo que esto, presidente, debe frenarse. Los catalanes se merecen otro Gobierno», subrayó la presidenta del PP catalán.

En su réplica, Mas ignoró las acusaciones relacionadas con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) de Lérida y se centró en acusar a Mariano Rajoy de «no solucionar ningún tema» en Cataluña. Anteriormente, Gordò aseguró no tener conocimiento de «ningún encargo» sobre la fabricación de papeletas por parte de ese CIRE, aunque precisó que estos centros están abiertos a cualquier petición, ya sea de administraciones o partidos.

Ese mismo día, fuentes sindicales del citado centro confirmaron a Efe que se estaban imprimiendo plantillas de prueba de las papeletas, y aunque matizaron que por el momento no había ningún encargo oficial al respecto, recordaron que en cualquier momento podrían asumir el encargo de la impresión de las papeletas. Cabe recordar que el CIRE de Lérida, que cuenta con una imprenta, imprime de forma habitual toda la documentación oficial de la Generalitat y, en especial, la del Departamento de Justicia.

Mientras el CIRE mantiene a punto su imprenta, el Govern sigue acelerando hacia la celebración de una consulta que dispone de un presupuesto específico de 5 millones de euros en las cuentas de este año. La vicepresidenta y consellera de Gobernación, Joana Ortega, que tutela buena parte del proceso a nivel logístico, aseguró que este presupuesto será «ampliable hasta donde haga falta para asegurar un buen funcionamiento».

De hecho, la Generalitat estimó en un principio que el coste de organizar la consulta sería de 15 millones –más o menos la mitad del gasto de unas elecciones autonómicas–, pero admitió que «podrá variar, en función del grado de colaboración del Estado y de su administración electoral».

Lo cierto es que el Gobierno no ha dejado lugar a dudas sobre la colaboración que va a ofrecer, es decir, ninguna.

Ajeno a ello, el Govern continúa con sus esfuerzos para consumar la consulta, sean presupuestarios, diplomáticos o propagandísticos. Recientemente, el diario «Financial Times» publicó un editorial donde advirtió de que la independencia de Cataluña es un «error» y también abogó por el diálogo Mas-Rajoy. Esto levantó las sospechas de PP y Ciutadans, que creen que el «lobby» Independent Diplomat –contratado por la Generalitat para lograr apoyos internacionales– está detrás de este editorial, pero Mas negó haber pagado «ni un euro» para obtener el artículo.