Mas vuelve a desafiar al Constitucional

Persiste en iniciar los trámites para crear una Hacienda catalana, pese a estar suspendida. El TC podrá adoptar medidas si le desobedece con la nueva Ley, que se aprobará a mediados de octubre.

La suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional del artículo clave de la ley que debe permitir el despliegue de la agencia tributaria catalana no ha intimidado a la Generalitat. Aunque la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, admitió ayer que la decisión del TC añade trabas a su calendario, seguirá adelante con sus planes para construir una Hacienda propia. Para empezar, presentará un recurso en los próximos días –existe un plazo de 15– para intentar que el TC levante la suspensión y, de esta manera, no se frene la incorporación de personal a la Agencia Tributaria de Cataluña.

Con circunloquios, driblajes y otros recursos, Munté no aclaró si la Generalitat desobedecerá al Constitucional y convocará las 60 plazas que tenía previsto crear en octubre. Lo más preciso que dijo sobre la cuestión es que el Govern trabajará para poder convocarlas. Para ampliar la agencia tributaria catalana con la intención de darle carácter de Hacienda propia, la Generalitat contemplaba fichar a gestores e inspectores que trabajan en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Hasta la fecha, 18 técnicos pidieron el cambio. La Ley debía darles la cobertura legal para pasar de un cuerpo a otro sin perder la plaza. Pero tras la intervención estatal, sólo seis funcionarios han dado un voto de confianza a los planes de Artur Mas y se han acogido a una excedencia.

Además, la Generalitat abrió antes de verano un proceso selectivo exclusivo de promoción interna para inspectores y otro proceso interno también de 40 plazas como funcionarios interinos para el cuerpo técnico de gestores tributarios. Tanto un proceso como otro tenía los resultados colgados en la página web interna de la Generalitat, pero ayer habían sido retirados con el argumento de que «los anuncios tienen un periodo de vigencia y una vez acabado se retira del tablero electrónico».

De persistir la Generalitat en iniciar los procesos para constituir una Hacienda propia e independiente, podría convertirse en el primer supuesto donde el Tribunal Constitucional pueda ordenar directamente que se ejecute su decisión si comprueba que la misma no se acata. Ello será posible porque la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) permite que el Alto Tribunal pueda ejecutar sus resoluciones de forma directa y ejecutiva; y, además, en caso de un reiterado incumplimiento, podrá adoptar algunas de las cuatro medidas que prevé la que será nueva Ley: multa económica «coercitiva», suspensión temporal de las autoridades o empleados públicos responsables públicos, requerir al Gobierno para que adopte las medidas necesarias «para asegurar el cumplimiento » y deducir testimonio para exigir la «responsabilidad penal que pudiera corresponder».

Esta reforma de la LOTC estará definitivamente aprobada a mediados de octubre, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN. Así, hoy mismo el Congreso aprobará la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el PP ya se abrirá un plazo de enmiendas, que, al tramitarse por vía de urgencia, será más corto del ordinario. Así, el Pleno del Congreso la aprobará en su sesión del 1 de octubre y se remitirá al Senado. Allí se debatirá en algunas de las sesiones fijadas para el 13, 14 y 15 de ese mes. Como no se prevé enmienda alguna, quedará aprobada, y, tras su publicación en el BOE, entrará en vigor. Desde ese momento, el TC tendrá fuerza para hacer cumplir a la Generalitat sus resoluciones de forma efectiva y, en caso contrario, acordar las medidas necesarias.