Mazón dinamita el plan nacional del PP con Vox

Carlos Mazón, futuro presidente de la Generalitat valenciana, asestó ayer un duro golpe en la línea de flotación de la estrategia nacional del PP con respecto a Vox y las próximas elecciones generales. El acuerdo de coalición exprés con Vox, que presentó en sociedad el partido de Santiago Abascal, pilló por sorpresa a miembros del Comité de Dirección del PP, a las estructuras territoriales y también a dirigentes regionales y provinciales por ser frontalmente contradictorio con el mensaje nacional y también autonómico, el que había liderado Mazón en campaña respecto a su compromiso para intentar formar un gobierno en solitario.

El golpe de distracción, diseñado en Valencia, para blanquear ese acuerdo de coalición por la vía de vender que el PP se cobra la cabeza del líder de Vox en la Comunidad Autónoma, Carlos Flores Juberías, condenado por maltrato psicológico a su mujer, no justifica ante la organización popular la «pirueta estratégica» que supone para la imagen del PP, en su conjunto, «la urgencia de Mazón por asegurarse una investidura rápida» y en primera votación. Tampoco validan el argumento de que las prisas, y no forzar la negociación, buscan alejar la investidura de la campaña electoral, porque las fechas están tasadas y la votación se celebrará previsiblemente en la semana del 17 al 21 de julio, en vísperas de las elecciones generales del día 23.

El anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea, desplazó a Isabel Bonig, líder del PP valenciano, para colocar a su amigo, Carlos Mazón. Es uno de los candidatos del «casadismo» que el nuevo equipo recibió en herencia, y que, también es un hecho, en las últimas elecciones autonómicas consiguió ser la lista más votada con 40 escaños frente a los 13 que alcanzó Vox. Génova apela a la autonomía de Mazón para justificar una decisión que se puede interpretar como una «desautorización total» del líder, porque ésta no era la estrategia eje de los pactos postelectorales. «El mensaje que se lanza es que cada uno puede hacer lo que quiera y eso no es bueno. Y ahora veremos a Extremadura ir detrás», reflexionaban ayer en la organización andaluza.

En el PP nadie pone en duda que la Comunidad Valenciana era una «pieza» que se pudiera dejar perder, pero sí sostienen dirigentes nacionales que «las formas son fundamentales en política si se quiere resultar creíble y generar confianza en la ciudadanía»: y la «jugada de Mazón va justo en la dirección contraria y afecta a las siglas en su conjunto». El principio rector del discurso del PP, a nivel nacional, y trasladado también por los principales barones y referentes territoriales, era que había que resistir en las negociaciones postelectorales para no repetir el «error» de Castilla y León y trasladar a la ciudadanía el mensaje de que el PP aspira a una mayoría amplia a nivel nacional que le permita gobernar con estabilidad y en solitario, abierto a pactos, pero sin repetir el modelo autodestructivo de la coalición en Moncloa entre PSOE y Podemos. Las ineficiencias de la dependencia de Vox se están viendo en Castilla y León, pero también las ha experimentado Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde la falta de colaboración acabó dejando a su gobierno sin Presupuestos y con proyectos importantes paralizados.

Valencia, como principal referente del nuevo poder autonómico popular, es la punta de lanza del mensaje que el PP trabaja para construir a nivel nacional: un proyecto transversal, que necesita ampliarse a derecha y a izquierda. El PP esperaba que los negociadores tuvieran la habilidad suficiente como para hacer que Vox se retratara ante la opinión pública como un partido solo obsesionado por los sillones, que bloquea el cambio, y al que lo que menos le importa son los acuerdos programáticos. Esto exige tiempo, reuniones, y tensar la cuerda, modelo que se ha ignorado por parte del equipo negociador en el PP valenciano.

La izquierda ha visto en esta decisión tan simbólica la oportunidad de oro para rehabilitar la alerta antifascista, que, hasta ahora, se ha demostrado que no funciona electoralmente, pero que, en un momento agónico como el que atraviesan, sí les sirve para aspirar a coger oxígeno y desmotivar el voto más de centro que puede apoyar a Feijóo, pero que en ningún caso daría su voto a un gobierno de coalición PP-Vox. Además, esta negociación exprés en Valencia también traslada a nivel nacional el mensaje de que ya no hace falta agrupar el voto útil en el PP porque Vox queda legitimado como socio de gobierno para un futuro pacto en el Palacio de la Moncloa. Siempre negado por el equipo que hoy dirige el partido a nivel nacional. Las líneas programáticas pactadas son generalidades, que habrá que ver en qué se concretan en la acción de gobierno: libertad para elegir, desarrollo económico de sectores productivos, potenciación de la sanidad y servicios sociales, protección de las señas de identidad y apoyo a la familias «como núcleo fundamental de nuestra sociedad».

Varios satélites externos al PP han estado trabajando, precisamente, en la dirección ejecutada por Mazón, que contradice la estrategia con la que el partido trabajaba a nivel nacional y que seguía el modelo de Andalucía y estaba avalada, además, por los resultados en la Junta andaluza, donde Juan Manuel Moreno consiguió la mayoría absoluta en las últimas elecciones. Esa presión también ha influido en alguna decisión que afecta a la lista de Madrid, en una cesión que molesta internamente, incluso aunque se ha intentado compensar con la inclusión de Borja Semper en esa candidatura que acompañará a Feijóo, como equilibrio por el centro. En el PP lo leen como una renuncia para frenar «alguna campaña mediática» en contra del partido.