Pactos

Mazón no negociará con Vox el reparto del gobierno

El PP tiene ya la experiencia del Gobierno de Castilla y León, la primera coalición autonómica, y no es un precedente que quieran reeditar en otras comunidades

El 26 de junio, casi un mes después de las elecciones autonómicas y municipales, se constituirá el nuevo Parlamento valenciano, y a partir de ahí se pondrá en marcha el proceso para la investidura del presidente de la Generalitat. La Comunitat Valenciana ha sido el marco de una de las principales batallas entre PP y PSOE en la confrontación electoral del 28M, y es el espejo en el que están puestas todas las miradas sobre por dónde van a ir los pactos postelectorales entre las fuerzas del bloque del centroderecha.

El popular Carlos Mazón, lista más votada en las elecciones, tendrá hoy su primera reunión con Vox para tantear el terreno de cara a su investidura. Oficialmente Génova ha dado plenos poderes a sus dirigentes territoriales para negociar con la formación de Santiago Abascal, pero la dirección nacional está encima del proceso, en contacto continuo con las organizaciones regionales, y marcando unas líneas rojas generales que deben guiar todos los procesos de diálogo abiertos, sobre todo en clave programática.

El PP tiene ya la experiencia del Gobierno de Castilla y León, la primera coalición autonómica, y no es un precedente que quieran reeditar en otras comunidades. Vox saca ventaja electoral de ese acuerdo, el 28M lo ha puesto en evidencia, y el ruido que impone la presencia de los de Abascal en el gobierno «dinamita» la imagen de partido conservador, europeo, moderado y centrado en la que quiere sostener Alberto Núñez Feijóo su programa.

Por tanto, Mazón tiene que buscar primero un acuerdo sobre el reparto del órgano de gobierno del Parlamento valenciano, y luego negociar una investidura. Según establece el reglamento parlamentario, una vez constituida la nueva legislatura, en una sesión en la que los 99 diputados toman posesión del escaño y eligen a la Mesa de la Cámara (la presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías) se abre un plazo de doce días para que los grupos presenten a la Mesa las propuestas de candidatos a presidir la Generalitat. Tras ese plazo, que finalizará el 8 de julio, la Junta de Sindics fijará la fecha de celebración del Pleno de investidura, entre los tres y los siete días siguientes, es decir, entre el 11 y el 14 de julio, proponiendo como candidato a quien en las consultas realizadas con los grupos haya obtenido un mayor apoyo.

La campaña de las elecciones generales tendrá lugar entre el 7 y el 21 de julio, por lo que los actos electorales coincidirán de lleno con el proceso por el que Carlos Mazón, ganador de las elecciones autonómicas, tiene que ser investido como presidente de la Generalitat. Necesita mayoría absoluta en primera votación, y en caso de no conseguirla se procederá a una nueva votación, 48 horas después, en la que le bastaría la mayoría simple del hemiciclo.

Génova y el PP valenciano mantienen un hermetismo total sobre la estrategia negociadora. Hay contactos informales también entre las direcciones nacionales de los dos partidos. Y, por parte del PP, el «hombre» que lleva el peso de este complejo proceso es el coordinador general, el «número tres», Elías Bendodo.

El PP tiene que jugar con los equilibrios porque su apuesta por una mayoría amplia le obliga a gestionar estas negociaciones sin molestar a los votantes más moderados y de izquierdas que miren a Feijóo como una salida frente al «sanchismo», pero tampoco puede confrontar directamente con votantes de Vox. Ni le conviene enfrentarse con bases mediáticas que han empezado ya a presionar a Feijóo para que revise la posición que ha mantenido hasta ahora y acepte gobiernos de coalición con Abascal, en contradicción con lo que ha defendido en política como presidente de la Xunta.

La estrategia de Mazón, y la del PP, es llevar los términos de la negociación a un escenario que sitúe a Vox ante la opinión pública como un obstáculo para el cambio sólo por la exigencia de «sillones» o por unos planteamientos programáticos «radicales».

Ni a nivel autonómico ni nacional el PP puede transigir en materia de violencia de género, de igualdad, de respeto al modelo autonómico y constitucional o respecto a la política de migración (ajustada a los estándares europeos). El «populismo» de Vox en estas materias «desnaturaliza» el modelo de gobierno que propugna el PP y la propuesta con la que Feijóo se presenta a las elecciones generales.

Toda la campaña del PP para estas generales está construida sobre el lema del «gobierno de mayorías», que sume a derecha y a izquierda, para conseguir no depender de muletas ni repetir experimentos de coalición que debiliten el programa del cambio. El PP tiene interiorizado que nuevas coaliciones de gobierno a nivel autonómico son «un lastre» para las siglas, aunque oficialmente sostengan que los pactos con Vox no son más reprochables que los del PSOE con ERC y con Bildu. Pero los populares han hecho causa contra estos acuerdos del PSOE, y también tienen muy en cuenta el daño que ha supuesto para el PSOE el gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. «Si repetimos ese modelo, tendremos los mismos problemas y el coste será también parecido», sentencian en el comité de dirección del principal partido de la oposición.