Meritxell Batet: el ama de llaves del Congreso

Erigida en ama de llaves del Congreso de los Diputados, su presidenta Meritxell Batet autorizó el registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, tras un recorrido judicial sin precedentes. Primero hubo una petición de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional rechazada por la Fiscalía al entender que las Cortes son inviolables. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal faculta a la presidenta de la Cámara Baja a dicha autorización, la cual ejecutó cuando le llegó la solicitud del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife que investiga la presunta trama de corrupción del llamado «caso Tito Berni». Su despacho permanecía clausurado desde el pasado 14 de febrero en que dejó su escaño, pero los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, han elevado una protesta a la Mesa del Congreso ante posibles sospechas de manipulación y limpieza de pruebas por parte del exdiputado canario. La jueza que instruye el sumario indica que utilizaba esa estancia para sus encuentros con empresarios y posteriores extorsiones, por lo que se buscan documentos e indicios relevantes sobre la trama corrupta. Sea como fuere, parece que en el citado despacho sólo había un ordenador y poco más.

A pesar de las declaraciones del portavoz del grupo socialista, Patxi López, asegurando que «ya no hay caso», lo cierto es que el tema sigue caliente en el Congreso. Ahora, el exdiputado reclama una pensión de nueve mil euros que, según el Reglamento de la Cámara, les corresponden como mensualidad anual a los diputados que cesen en sus funciones, algo que cumple Fuentes Curbelo al haber estado tres años como parlamentario. La presidenta Mertixell Batet ha solicitado ya un informe a los letrados del Congreso que llevará a la reunión de la Mesa y Junta de portavoces del próximo martes. No obstante, según fuentes parlamentarias, el tema está bastante claro a tenor del reglamento, por lo que Tito Berni, imputado por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad, grupo criminal y tráfico de influencias, podría cobrar esta pensión. Bajo la impresentable doble vara de medir de Unidas Podemos, que se niega a la Comisión de Investigación solicitada por el PP, el caso sigue coleando y es un nuevo escándalo durante el mandato de Batet. «Pone un circo y le crecen los enanos», ironizan muchos diputados sobre la legislatura de la actual presidenta, salpicada de polémicas desde su llegada al cargo.

El espectáculo del actual Congreso de los Diputados es bochornoso, impensable en cualquier país democrático y sin precedentes en nuestra historia parlamentaria. Las Cortes Generales, sede de la soberanía nacional, se han convertido en un campo de minas, dónde reinan el insulto, los malos modos y la agresividad sin fundamento. La última muestra ha sido el histriónico debate sobre la reforma de la ley «sólo sí es sí», con el Gobierno partido en dos, la coalición social-comunista hecha trizas, las dos ministras podemitas, Irene Montero e Ione Belarra, amarradas a su escaño en absoluta soledad, los exabruptos y salidas de tono inundando el hemiciclo, y las amenazas feroces de ambas ministras a su compañera Yolanda Díaz para que no osara votar con los socialistas. Un escenario denigrante, deleznable, mientras la presidenta Meritxell Batet se desgañita en llamar al orden e implorar silencio a sus señorías con escaso éxito. El actual Congreso vive la peor época de su historia, sin respeto ni el más mínimo nivel de cortesía parlamentaria. Como bien dicen algunos veteranos de la transición «Un circo de fieras incontrolables».

Ante tal espectáculo, la gestión de Meritxell Batet es muy criticada por la oposición, máxime cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al PP de promover «la cultura de la violación», en un auténtico esperpento que rompe las reglas del parlamentarismo sin que la presidenta haga nada por remediarlo. Su falta de ecuanimidad y tacto han quedado bien reflejadas, opinan en el grupo popular. En estas Cortes Generales cabe ya todo, en un escenario radical populista que refleja una gran indignidad, una degradación lamentable. Su presidenta no sabe o no quiere poner orden en este hemiciclo embarrado, vulgar y grosero. Todos los días hay un nuevo incendio verbal: La supresión de la palabra a una diputada de Vox, entre cruzadas acusaciones de filoetarras o fascistas, la tibia advertencia a la ministra Montero, pero sin aplicar el Reglamento que podía sancionarla por el brutal ataque al principal partido de la oposición, o la desesperada utilización de una fotografía de Alberto Núñez Feijóo hace treinta años, revelan que Meritxell Batet está desbordada por la situación y le viene muy grande el cargo, nada más y nada menos que la tercera autoridad del Estado.

La libertad de expresión de los diputados, en la que Batet tanto se ampara, no puede traspasar las líneas rojas de la tradicional cortesía parlamentaria, con un lenguaje barriobajero plagado de insultos. La extrema izquierda populista, separatistas y bilduetarras han asaltado la sede de la soberanía nacional como una banda que hace del hemiciclo una especie de taberna sin decoro. Los partidos de la oposición coinciden en que Meritxell Batet actúa con el rasero del partido al que pertenece y la situación se le va de las manos. Desde la transición, el Congreso ha tenido varios presidentes socialistas: Gregorio Peces-Barba, Félix Pons, Manuel Marín y José Bono. Ninguno de ellos abanderó el sectarismo ni jamás habrían consentido un espectáculo tan indigno. Corresponde a Batet frenar, con el Reglamento en la mano, los burdos ataques y la zafiedad de unos extremistas sin respeto institucional. Ahora, ante el «caso Tito Berni», parece que desea limpiar algo el horizonte y ha actuado con celeridad autorizando el registro del despacho del exdiputado socialista imputado. Pero la polémica sigue y la próxima reunión de la Mesa se aventura movida.