Miles de funcionarios de Justicia salen a la calle para reclamar mejoras salariales

Miles de funcionarios de la Administración de Justicia se han manifestado hoy por las calles de Madrid para reclamar mejoras salariales a solo 24 horas de reunirse mañana por primera vez con responsables del ministerio que dirige Pilar Llop en busca de una solución al conflicto laboral que comenzó el pasado lunes con paros parciales en juzgados de toda España.

La huelga de 24 horas convocada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia-, junto a STAJ, CC OO y UGT ha sido seguida, según los sindicatos convocantes, por cerca del 90 por ciento de los 45.000 funcionarios del sector, por lo que la califican de "completo éxito".

CSIF señala en un comunicado que alrededor de 700.000 procedimientos y actuaciones se han visto paralizadas y decenas de miles de juicios suspendidos, entre ellos el que se celebra en la Audiencia Nacional por la adjudicación a una empresa de la "trama Gürtel" de un contrato de Fitur 2009. La central sindical asegura que "de continuar esta situación, se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo causado de momento por esta huelga".

Y es que según la valoración de los sindicatos tribunales de toda España, registros civiles y el conjunto de los organismos dependientes de la Justicia "se han paralizado" hoy para exigir "una subida salarial digna" que "reconozca y retribuya las funciones que realmente ejercen los funcionarios de Justicia".

"Mantener la presión"

"Lamentamos los inconvenientes que está produciendo este conflicto a los ciudadanos, pero el último responsable es el Ministerio de Justicia, tras más de dos años y medio sin negociar estas cuestiones", mantiene CSIF, que insta a los funcionarios a "mantener la presión".

Mañana, ministerio y sindicatos tendrán una primera oportunidad para negociar, pero los convocantes avisan de que "hasta que no haya una propuesta concreta encima de la mesa" seguirán con las protestas -por ahora paros parciales de tres horas- "de manera indefinida".

La pelota, afirma CSIF, "está en el tejado del Ministerio, que mañana debe acudir a la reunión no solo con palabras, sino con una propuesta concreta sobre las reivindicaciones que le hemos trasladado".

Justicia: "Vamos a seguir dialogando"

Desde el Ministerio admiten su preocupación por los efectos de los paros, no solo en el territorio gestionado por Justicia, sino -recuerdan fuentes del departamento de Pilar Llop- en las doce comunidades autónomas con las competencias transferidas. Esas mismas fuentes recuerdan que tras el nombramiento de Llop al frente de la cartera ministerial "se alcanzó un importante acuerdo para equiparar el salario de los funcionarios de territorio Ministerio a la media nacional", con un desembolso de casi 40 millones de euros.

"Vamos a seguir dialogando, porque la mano tendida es nuestra seña de identidad. Apelamos a la responsabilidad de todas y todos. No olvidemos que aún notamos el impacto de la pandemia, de la guerra en Ucrania…", apuntan desde el ministerio, que recuerda a los funcionarios que "estamos al servicio de la ciudadanía y somos servidores públicos, por lo que tenemos que mirar por el buen servicio de la Justicia y por el ciudadano".

Asimismo, ponen en valor la reforma procesal y organizativa impulsada desde el departamento de Pilar Llop, que -aseguran- "va a redundar en el beneficio y en la conciliación de la vida de los profesionales de la Justicia". "Las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, que están ahora en trámite parlamentario, son leyes que se han trabajado muchísimo y que traerán la Justicia al siglo XXI haciéndola más eficiente", resaltan.

Tras la estela de los LAJ

Los funcionarios siguen la estela de los letrados de la Administración de Justicia, que tras dos meses de huelga que obligaron a suspender 400.000 juicios y vistas y a paralizar casi medio millón de demandas, arrancaron del Ministerio de Justicia una subida salarial de 430 euros brutos al mes.

En el horizonte asoma, por si fuera poco, una posible huelga de togas, también con reclamaciones de mejoras salariales encima de la mesa. El pasado 31 de marzo, las cuatro asociaciones judiciales trasladaran al ministerio su malestar por la reuniones previas a la próxima convocatoria de la Mesa de Retribuciones (en cuyo seno se pactan periódicamente las mejoras salariales para los jueces y magistrados).

Los asociados de la agrupación de jueces más representativa, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han avalado ya en votación-con una mayoría del 70,31%- la posible convocatoria de una huelga si Justicia no satisface sus reclamaciones salariales.

Los Juzgados de lo Social, los más afectados

Según los datos del Colegio de la Abogacía de Madrid, en los dos primeros días de paros el porcentaje medio de actos judiciales suspendidos alcanzó el 21 por ciento. Unos datos que se disparan en los Juzgados de lo Social, en los que el pasado lunes el 87,5% de las vistas señaladas se tuvieron que suspender (muy por encima del 30 por ciento del conjunto de los juzgados).

En la jornada de ayer, un 12% de los actos previstos no se pudieron celebrar por los paros parciales. Los órganos más afectados fueron las secciones penales de la Audiencia Provincial, donde apenas se celebraron el 3% de las vistas; los juzgados de Alcorcón, con todos los actos señalados suspendidos; y los de Colmenar Viejo y Getafe, donde el porcentaje de suspensiones se situó en el 71% y 68%, respectivamente.